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Por Jorge Cruz Camberos
La discusión sobre la permanencia de los estados en el Pacto Fiscal se ha intensificado en los últimos años. Jalisco recientemente anunció su intención de separarse, abriendo el debate sobre las implicaciones económicas, políticas y sociales de esta decisión. ¿Es esto una opción viable para Chihuahua?
El Pacto Fiscal: una breve explicación
El Pacto Fiscal es un acuerdo federal que define cómo se distribuyen los recursos que los estados aportan a la Federación. En este esquema, estados más industrializados y productivos suelen contribuir más, pero reciben menos recursos en proporción a lo aportado, lo que genera desigualdad y descontento en entidades como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas o Coahuila.
El caso de Chihuahua
Chihuahua, al ser un estado fronterizo con una economía diversificada en sectores como manufactura, agroindustria y comercio, tiene una aportación significativa al erario federal. Sin embargo, históricamente ha recibido un retorno limitado de estos recursos.
En términos de desarrollo económico, Chihuahua ha mostrado un crecimiento notable en indicadores clave como atracción de inversiones, generación de empleos y exportaciones. Sin embargo, este avance contrasta con el deterioro en otros indicadores fundamentales para el bienestar de la población, como educación, salud, seguridad e infraestructura. La mayoría de estos sectores dependen directamente de los recursos y políticas federales, lo que genera una brecha entre el crecimiento económico y el desarrollo social del estado.
Un bloque liderado por Nuevo León
Chihuahua no puede enfrentar esta problemática en solitario. Una posible salida del Pacto Fiscal sería viable únicamente si se construye un bloque sólido de estados que busquen renegociar los términos de la distribución fiscal. Estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que comparten la misma situación, son aliados estratégicos para fortalecer esta postura.
Nuevo León, con su economía altamente industrializada y su capacidad de influencia, podría liderar este movimiento. Juntos, estos estados representan una fuerza económica considerable, pero la clave está en presentar una propuesta sólida y viable que permita rediseñar un modelo de redistribución fiscal más justo.
Riesgos y beneficios
La separación del Pacto Fiscal podría significar para Chihuahua un mayor control sobre sus recursos y la oportunidad de invertir en sus necesidades prioritarias. Sin embargo, también conlleva riesgos, como el aislamiento político y la falta de respaldo federal en momentos de crisis. Además, la transición hacia un esquema propio de administración fiscal requeriría una planeación meticulosa para evitar afectar los servicios básicos de la población.
Chihuahua enfrenta un dilema: mantener el statu quo con las limitaciones actuales o unirse a otros estados para renegociar un esquema fiscal más equitativo. Más que una separación unilateral, la solución parece estar en el fortalecimiento de alianzas y en el planteamiento de un nuevo modelo que permita mejorar los indicadores sociales, que hoy dependen en gran medida de la Federación.
Para que el crecimiento económico de Chihuahua se traduzca en un verdadero desarrollo para su gente, es indispensable buscar un equilibrio fiscal que refleje la aportación del estado y garantice los recursos necesarios para cubrir las demandas sociales más urgentes. Este es un reto que requiere visión, liderazgo y una estrategia unificada con los estados del norte. ¿Estamos listos para actuar?