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En el círculo íntimo de Donald Trump, el expresidente y actual aspirante a regresar a la Casa Blanca, ha resurgido un tema que preocupa a la región: la posibilidad de utilizar fuerzas militares estadounidenses para combatir a los poderosos cárteles de la droga en México. Lo que alguna vez habría parecido un escenario improbable, incluso durante su primera administración, ahora se discute con seriedad entre sus asesores y aliados políticos.
La retórica de Trump no es nueva. Durante años ha culpado a México por la crisis de opioides, especialmente el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, el tono ha escalado: en reuniones privadas y declaraciones públicas, Trump y sus aliados plantean medidas que van desde ataques con drones sobre laboratorios de drogas hasta incursiones de fuerzas especiales para eliminar líderes de cárteles.
¿Por qué ahora?
La retórica anti-carteles se alinea con un discurso político que Trump ha sabido explotar: la percepción de que el gobierno mexicano no puede o no quiere detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La crisis de opioides, que cobra miles de vidas al año, se ha convertido en un tema central en el debate político estadounidense. Sin embargo, usar la fuerza militar contra un país vecino plantea serios riesgos geopolíticos, legales y humanitarios.
La postura de su equipo
Trump ha rodeado su propuesta de figuras que respaldan acciones contundentes. Marco Rubio, su posible secretario de Estado, y Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, han promovido legislación para clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que facilitaría operaciones militares transnacionales. Por otro lado, Pete Hegseth, potencial secretario de Defensa, y Tom Homan, futuro “zar de la frontera”, han respaldado abiertamente el uso de fuerzas especiales y ataques dirigidos en territorio mexicano.
Aunque algunos sugieren un enfoque “suave”, como operaciones encubiertas y ataques selectivos, otros abogan por acciones más amplias que podrían equivaler a una invasión militar. La pregunta que se hacen algunos de los colaboradores cercanos de Trump es, literalmente, “¿hasta dónde debería llegar la intervención en México?”.
Riesgos y consecuencias
Cualquier acción militar en México tendría profundas implicaciones. Legalmente, una operación sin el consentimiento del gobierno mexicano violaría la soberanía del país, generando una crisis diplomática sin precedentes entre los vecinos. Políticamente, México no solo es un socio estratégico de Estados Unidos, sino también su principal aliado comercial en la región bajo el marco del T-MEC.
En términos de seguridad, una intervención podría exacerbar la violencia en México y las represalias contra civiles tanto en territorio mexicano como en comunidades fronterizas de Estados Unidos. Además, esta medida podría fortalecer el discurso de los cárteles, quienes se posicionarían como defensores de la soberanía nacional frente a una agresión extranjera.
Por otro lado, las acciones propuestas también tienen eco en la política interna estadounidense. La militarización del combate contra los cárteles podría ser una herramienta electoral para Trump, movilizando a una base de votantes preocupada por la seguridad fronteriza y la crisis de opioides.
El camino hacia la cooperación o el conflicto
Si bien la retórica militarista de Trump y su equipo es alarmante, cabe preguntarse si esta postura es un punto de negociación más que una intención real. Históricamente, México y Estados Unidos han colaborado en temas de seguridad bajo acuerdos como la Iniciativa Mérida, aunque con resultados mixtos.
El futuro de esta relación dependerá de cómo ambos países manejen esta amenaza compartida. El enfoque unilateral y militarizado que proponen algunos sectores en Estados Unidos podría ser reemplazado por estrategias más integrales que fortalezcan la cooperación bilateral, incluyan medidas preventivas contra el consumo de drogas en Estados Unidos y mejoren las capacidades de México para combatir a los cárteles.
La propuesta de una intervención militar estadounidense en México no solo es peligrosa, sino también miope. En lugar de resolver el problema, podría agravar una crisis humanitaria y diplomática en la región. En un mundo globalizado, los problemas compartidos exigen soluciones compartidas, no tácticas que dividan.
Es hora de que ambos países refuercen el diálogo y trabajen juntos para enfrentar los desafíos comunes. Si bien la retórica bélica puede servir a intereses políticos inmediatos, las consecuencias a largo plazo de una intervención podrían ser devastadoras para las relaciones entre dos naciones que, más allá de las tensiones, comparten una historia de cooperación y vecindad.
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