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Por Martín Zermeño
La reforma al Poder Judicial altero la normalidad democrática en el país y todos sus miembros están en la zozobra, no hay ruta de salida segura; una gran parte ha decidido pensionarse o jubilarse, otros seguir la ruta de inconformidad jurídica y otros, participar en las elecciones de junio del 2025, con las nuevas reglas del juego.
En Chihuahua he platicado con algunos distinguidos miembros del PJ y han logrado convencer a las líderes titulares de los poderes ejecutivo y judicial para proponer la elección en Chihuahua para que se realice en el 2025; lograron convencer a legisladores del PAN y MORENA y todo parece estar listo para que se apruebe la reforma en alguna de las sesiones del H. Congreso del Estado, programadas para este mes de diciembre.
Un diputado de Morena me hizo comentarios con relación a las fechas que se están negociando en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para homologar y calendarizar la reforma judicial. La iniciativa presentada, tiene un calendario, sujeto a la aprobación del pleno, en los Artículos Transitorios de la reforma en la Constitución Local, a saber: Primero, a más tardar el lunes 06 de enero de 2025, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado remitirá al Congreso del Estado el listado de cargos que se someten a elección; Segundo, a más tardar el viernes 10 de enero de 2025, el Congreso del Estado publicará la Convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones; Tercero, del lunes 13 al viernes 24 de enero de 2025, correrá el plazo para que las personas interesadas se inscriban ante los Comités de Evaluación. El plazo concluirá a las 23:59 horas del 24 de enero de 2025. Cuarto, el viernes 28 de febrero de 2025 es la fecha máxima para que el Congreso del Estado remita a la autoridad electoral competente las postulaciones de los aspirantes; Quinto, del lunes 31 de marzo al jueves 29 de mayo de 2025, correrá el periodo de campaña de los y las candidatos a magistraturas y juzgados; Sexto, la elección se llevará a cabo el domingo 01 de junio de 2025, y Séptimo, el lunes 01 de septiembre de 2025, será la toma de Protesta de las y los magistrados; las y los jueces de primera instancia e inician funciones el Órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Seguramente las jugosas compensaciones a la que aspiran los integrantes del Poder Judicial para jubilarse o pensionarse serán “rasuradas”, pero seguirán estando en el rango de decorosas.
INFONAVIT, AHORA VAN POR LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES
La experiencia que se ha vivido en los diferentes ámbitos del gobierno federal con la desaparición de fideicomisos para utilizar esos fondos para financiar diversos programas sociales tiene nerviosos de decenas de sindicatos del país y a lideres de organismos empresariales que ven como un peligro la reciente reforma hecha al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en donde los ahorros de los trabajadores llegan a los 2.4 billones de pesos.
Según la información oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la iniciativa, que se alinea a la reforma ya aprobada de la fracción XII del artículo 123 constitucional propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contiene cambios profundos dentro del INFONAVIT, creado en 1972 como respuesta a la necesidad de vivienda de los trabajadores.
Dentro de los principales cambios destacan los siguientes: se amplía el mandato del INFONAVIT con el fin de crear un sistema de orientación social, sustentado en: crédito barato y suficiente, construcción de vivienda y arrendamiento social con opción a compra.
El INFONAVIT podrá actuar como constructor de vivienda por medio de la constitución de una empresa filial, controlada mayoritariamente por el mismo organismo y no será considerada una entidad paraestatal y que ayude al cumplimiento de los objetivos y políticas de orden público e interés social del Instituto.
El gasto de administración de la empresa filial será parte del presupuesto de operación aprobado cada año para el organismo, el cual no deberá exceder 0.55% de los activos totales que se administre.
El gasto que realice la empresa filial para la construcción y adquisición de terrenos para construir no entra dentro de su presupuesto de administración y las erogaciones que se realicen deberán generar valor económico y rentabilidad para el INFONAVIT.
La reforma deja fuera al INFONAVIT de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda emitirá reglas prudenciales para el manejo del balance del organismo y podrá solicitar información o aclaración sobre contabilidad de estados financieros. El 30 de mayo de cada año, el INFONAVIT deberá rendir un informe al Congreso.
El director general del INFONAVIT será nombrado por la presidenta de la república, cuando actualmente dicho nombramiento es avalado por la Asamblea General del organismo a propuesta del mandatario actual.
El director general tendrá la facultad de derecho de veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia del INFONAVIT.
La Asamblea General del INFONAVIT, que es el máximo órgano de gobierno dentro del organismo, se redujo de 45 a 30 integrantes, de los cuales 10 serán representantes del sector gubernamental, 10 del sector laboral y 10 del sector empresarial.
El Consejo de Administración del INFONAVIT se reduciría de 15 a 12 integrantes, cuatro de cada sector.
La Comisión de Vigilancia mantendría sus nueve integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, serían cinco por parte del sector gobierno, dos del laboral y otros dos del empresarial.
El Comité de Auditoría pasaría de tres a cinco integrantes, con tres representantes del gobierno federal, uno del empresarial y otro del laboral.
Control absoluto de la parte gubernamental, vamos a ver si fracasa la política de vivienda del sexenio o se puede operar con este nuevo esquema.
SE PASA DE LANZA LA SADER CON LOS CAMPESINOS DE CHIHUAHUA
Es la primera vez que un “gobierno de los pobres” afecta directamente a los más vulnerables del país; resulta que ya van 12 meses de que el Gobierno Federal debió pagar 384 millones de pesos que se les adeudan a los productores del campo en Chihuahua.
Ya en instancias legales, los campesinos recibieron de la jueza Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua la suspensión provisional a la demanda de amparo promovida porque no recibieron los apoyos del programa “Producción para el Bienestar”.
La Federación debe dar explicaciones técnicas y jurídicas sobre el destino de los recursos que estaba etiquetados para el programa Producción para el Bienestar.
“Como no hay una explicación jurídica o técnica para estar discriminando a los campesinos de Chihuahua, esperamos que muy pronto llegue el pago”, ha señalado el doctor Carlos Manjarrez Domínguez, líder de los afectados.
Ya desde hace varias semanas, las y los agricultores de 8 organizaciones en el estado se mantienen en las instalaciones de las oficinas de Bienestar en Chihuahua, en espera de una respuesta favorable por parte del delegado de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Benjamín Carrera.
Verdaderamente se pasaron de lanza en el Gobierno Federal, concretamente en la SADER.