La reciente directriz de la Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, que busca la “eliminación total” de los cárteles del narcotráfico, podría traer efectos significativos para la economía de Chihuahua. Como estado fronterizo con una fuerte interdependencia comercial con Estados Unidos, cualquier cambio en la política de seguridad y combate al crimen organizado afecta directamente su entorno económico y social.
El memorando oficial de Bondi, basado en una orden de Donald Trump del 20 de enero de 2025, instruye a los fiscales federales a perseguir con cargos de terrorismo y crimen organizado a los líderes de los cárteles, aplicar la pena de muerte en casos graves y redirigir recursos de la lucha anticorrupción hacia la eliminación de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCOs) .
Posibles Beneficios Económicos
1. Mayor seguridad y atracción de inversiones
Si esta estrategia logra debilitar a los cárteles y reducir la violencia en Chihuahua, podría generar un entorno más seguro para las empresas y ciudadanos. La inversión extranjera y el crecimiento de sectores clave, como la manufactura y la industria automotriz, dependen en gran medida de la estabilidad y la confianza en el estado de derecho.
2. Comercio fronterizo más dinámico
La cooperación con EE.UU. en seguridad puede traducirse en un flujo más eficiente de mercancías a través de la frontera, fortaleciendo el comercio binacional. Empresas chihuahuenses que dependen de la exportación podrían beneficiarse si se reducen riesgos asociados al narcotráfico, como extorsiones o bloqueos en las carreteras.
3. Turismo y desarrollo económico local
Un clima de menor violencia podría impulsar el turismo, uno de los sectores más afectados por la percepción de inseguridad. Ciudades como Chihuahua y Juárez podrían atraer más visitantes y generar nuevas oportunidades para el sector de servicios y entretenimiento.
Riesgos y Posibles Afectaciones
1. Reacciones violentas y desestabilización
La historia ha demostrado que cuando los cárteles son atacados con fuerza, pueden responder con un incremento de la violencia. Chihuahua, con una fuerte presencia de estos grupos, podría experimentar enfrentamientos y represalias que afecten la vida cotidiana y las operaciones empresariales.
2. Interrupciones en el comercio y la industria
Si las operaciones militares y judiciales generan conflictos en zonas estratégicas, el comercio y la producción podrían verse afectados. Bloqueos en carreteras, ataques a infraestructura o incluso la militarización de ciertas áreas podrían ralentizar el crecimiento económico y disuadir nuevas inversiones.
3. Migración forzada y crisis humanitaria
Un aumento en la violencia podría llevar a desplazamientos internos y a un incremento en la migración de chihuahuenses hacia EE.UU. La inestabilidad social y la crisis humanitaria pueden representar una carga adicional para la economía del estado y los gobiernos municipales.
4. Mayor presión sobre el sector financiero
El nuevo plan de EE.UU. también incluye un enfoque agresivo en la persecución del lavado de dinero y la confiscación de activos vinculados a los cárteles . Esto podría afectar a ciertos sectores financieros y empresas en Chihuahua si se intensifican las restricciones sobre transacciones internacionales o se aplican sanciones a empresas sospechosas de vínculos con estas organizaciones.
La política de EE.UU. contra los cárteles es un arma de doble filo para Chihuahua. Si se implementa de manera coordinada y con apoyo a las instituciones mexicanas, puede ser un catalizador para mejorar la seguridad y atraer inversiones. Sin embargo, si provoca un aumento en la violencia sin estrategias de contención local, podría generar inestabilidad económica y social.
El reto para Chihuahua será adaptarse a este nuevo escenario y fortalecer su estructura económica y de seguridad para minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir de este cambio en la estrategia estadounidense.
