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La clase trabajadora ante el colapso de la industria manufacturera

Fábrica en operación, reflejando el impacto de la crisis fiscal en la industria maquiladora mexicana
Las maquiladoras enfrentan un reto fiscal que podría cambiar la economía de México

La industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX) ha sido, durante décadas, uno de los pilares económicos más importantes de México. Contribuyendo con el 12% del PIB nacional, generando el 60% de las exportaciones manufactureras y ofreciendo empleo directo a 3.3 millones de mexicanos, esta industria no solo es vital para la economía, sino también para millones de familias que dependen de ella para subsistir. Sin embargo, una serie de decisiones legales y fiscales por parte del gobierno federal podría poner en jaque su existencia, dejando a miles de trabajadores sin empleo y generando una crisis económica sin precedentes.

El conflicto gira en torno al doble cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre operaciones virtuales realizadas a través de los pedimentos V5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de decidir si las maquiladoras deberán pagar retroactivamente 44,640 millones de pesos en impuestos que el SAT considera no retenidos entre 2019 y 2023. Si el fallo es adverso para la industria, muchas empresas no podrán absorber este golpe financiero, lo que resultará en cierres masivos de plantas, pérdida de competitividad y un impacto devastador en el empleo.

El costo para la clase trabajadora

En México, donde la maquila es el motor económico en múltiples estados, la desaparición de este sector implicaría una tragedia para la clase trabajadora. Más allá de los 3.3 millones de empleos directos que desaparecerían, los efectos se extenderían a los 9 millones de empleos indirectos vinculados a la cadena de suministro. Familias enteras verían cómo sus principales fuentes de ingreso desaparecen, desatando una ola de pobreza y marginación.

Para un país en el que el 25% del empleo industrial depende de la manufactura, una decisión que afecte su viabilidad significaría socavar uno de los pocos sectores que ha garantizado empleo formal y estabilidad económica para millones de mexicanos. En un contexto donde las oportunidades laborales ya son escasas, esta situación pondría en riesgo la calidad de vida de millones de trabajadores y sus familias.

El afán de recaudar: ¿a qué costo?

El gobierno federal, en su afán por incrementar la recaudación para financiar programas sociales, está sacrificando la estabilidad económica del país. Si bien es innegable la importancia de contar con recursos para atender las necesidades de los más vulnerables, hacerlo a costa de uno de los sectores más productivos y generadores de empleo del país es, en términos económicos, un error estratégico.

La industria maquiladora no solo genera ingresos significativos para el país, sino que también atrae inversión extranjera y fomenta la competitividad en los mercados internacionales. Matar a esta “gallina de los huevos de oro” enviaría un mensaje de inestabilidad fiscal a los inversionistas nacionales y extranjeros, desincentivando proyectos a largo plazo en México y poniendo en riesgo el futuro del modelo económico nacional.

Amenazas externas: el golpe final

La situación se complica aún más con las políticas proteccionistas de Donald Trump, quien amenaza con imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas. Esto obligaría a muchas empresas a reconsiderar sus cadenas de suministro, debilitando aún más la posición de México como destino de manufactura. En este escenario, el país quedaría atrapado entre un entorno fiscal desfavorable y un contexto comercial adverso, erosionando sus ventajas competitivas frente a otros países.

El llamado a la sensatez

La decisión que tome la SCJN debe considerar no solo el impacto fiscal, sino también las graves repercusiones sociales y económicas que un fallo adverso tendría sobre millones de mexicanos. El gobierno debe replantear su estrategia y buscar un equilibrio entre la necesidad de recaudar más recursos y la importancia de mantener un sector manufacturero sólido y competitivo.

De continuar en esta ruta, México corre el riesgo de fracturar su modelo económico, afectando principalmente a la clase trabajadora que depende de la maquila para subsistir. No se trata solo de números o impuestos, sino de la vida y el futuro de millones de familias que hoy están en peligro de quedarse sin sustento.

Es momento de recordar que la estabilidad económica y el bienestar social van de la mano. Proteger a la industria manufacturera no es solo proteger a las empresas, es proteger a los trabajadores, a sus familias y al futuro de México.

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