Por Martín Zermeño
Ha llegado poco tarde la autorización de la Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que inicien operaciones los llamados chalecos azules, una versión que hará contrapeso a los famosos siervos de la Nación o “chalecos guindas” que utiliza la Cuarta Transformación para potenciar su trabajo de tierra durante las campañas electorales y que fueron implementados por AMLO desde 2018 de manera exitosa.
El PRI en los años 80s fundó su programa Solidaridad y los panistas Fox y Calderón implementaron el Progresa, estrategias que llegaron a las sociales más desprotegidas del país con la finalidad de tener una alta rentabilidad electoral.
Los “chalecos guindas” son la estructura encargada de llevar los programas del bienestar a todos los rincones del país y son la maquinaria que garantiza a Morena seguir ganando elecciones.
Datos oficiales señalan que en este 2023, esos funcionarios -promotores de a pie de la llamada “Cuarta Transformación”- fueron los encargados de dispersar 600 mil millones de pesos de los Programas del Bienestar entre 25 millones de beneficiarios directos.
Para los líderes de la 4T, los servidores de la nación son los funcionarios más importantes de la “Cuarta Transformación” -mucho más que los que están detrás de un escritorio-, pues son quienes están en contacto directo con el pueblo, recorriendo las comunidades, llegando a todos los rincones de la patria.
Recuerdo que los “chalecos guindas” surgieron en la campaña presidencial de 2018 y comenzaron a materializarse como aparato de gobierno en la etapa de transición, entre julio y noviembre de ese año. En ese periodo, los servidores recibieron un sueldo para hacer un primer recorrido por todo el país y levantar el Censo del Bienestar, que resultó clave para el diseño de los programas sociales de la 4T y de un primer padrón de beneficiarios.
Esta estrategia de movilización fue ideada por y operada por Gabriel García Hernández, un operador financiero de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, en la asociación Honestidad Valiente, en Morena y posteriormente en la Presidencia de la República, en donde de 2018 a 2021, fue el coordinador de los Programas del Bienestar y jefe de los 32 subdelegados que, a su vez, son los encargados de bajar los programas sociales en sus estados y coordinar a los servidores de la nación.
Según los registros del portal Nómina Transparente del gobierno federal, actualmente existen 19 mil 394 Servidores de la Nación, en su mayoría con sueldos mensuales de 11 mil 294 pesos brutos.
Según trascendidos, el Gobierno del Estado pondrá en marcha esta estrategia con la finalidad de mantener presencia en todo el territorio estatal a partir del mes próximo mes de marzo, en cuanto la Gobernadora rinda su informe de Gobierno y los responsables de ejecutar “chalecos azules”, serán los titulares de las Secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, de Salud y de Educación y Deporte, en donde se encuentran los programas insignia de apoyo social de esta administración estatal.
Entonces, también en política, la lucha por los territorios será “cuerpo a cuerpo” para tratar de obtener la victoria electoral del cercano 2027.
EN LA LISTA COMO FTO LOS CÁRTELES DE JUÁREZ Y SINALOA
El gobierno de Estados Unidos clasificará como Organización Terrorista Extranjeras -FTO- a los cárteles mexicanos por su participación en el tráfico de drogas y trata de migrantes, ha trascendido que la designación de terrorista se aplicará al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Juárez, Cártel del Noreste, al Cártel de Jalisco Nueva Generación, a la Familia Michoacana y a Cárteles Unidos.
La lista del Departamento de Estado norteamericano, incluye a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los más grandes de México y han monopolizado gran parte del mercado de fentanilo para Estados Unidos.
En tanto, el Cártel de Juárez, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos son más parecidos a organizaciones criminales organizadas.
Las ganancias netas de las operaciones internacionales de los cárteles de México podrían alcanzar hasta 20 mil millones de dólares anuales, casi el 2 por ciento del PIB nacional.
Pero, según las leyes norteamericanas, estas son las similitudes entre grupos terroristas y crimen organizado:
1 Ambos representan amenazas no convencionales/trasnacionales e Inter domésticas que afectan los diferentes niveles de seguridad del Estado y la seguridad internacional.
2 Utilizan las ventajas de la globalización para expandirse y operar aprovechando las comunicaciones, redes de operación, mercados financieros globales y la colaboración con actores clave.
3 Rápida adaptación con nuevas formas de organización y desarrollo de redes trasnacionales. Pueden operar como jerarquías tradicionales o redes descentralizadas, dependiendo del modelo que les sea más eficiente.
4 Generan un clima de inseguridad que afecta la percepción pública del gobierno.
5 Uso de la violencia como herramienta de control.
6 En regiones o zonas en donde el Estado es débil o ausente, ambos grupos operan para llenar el vacío de gobierno.
7 Ambos generan tensiones entre países, especialmente cuando operan en fronteras compartidas o afectan intereses extranjeros.
De acuerdo con la solicitud realizada en 2023 por 21 fiscales de los Estados Unidos, que es la estructura en la que se basa la designación propuesta por Donald Trump de catalogar a los cárteles como OTE, se consideran 9 cárteles que deberían estar en la lista las cuales son: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Los Zetas, Cártel de Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán Leyva y Familia Michoacana.
El Cártel de Juárez ha sido responsable del tráfico de miles de toneladas de narcóticos desde México a Estados Unidos, y la intensa rivalidad del grupo con el Cártel de Sinaloa contribuyó a convertir a Juárez en uno de los lugares más violentos del mundo.
La fundación del Cártel de Juárez data de la década de 1980, cuando Ciudad Juárez estaba bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo. Este trabajaba muy de cerca con el Cártel de Guadalajara, y luego de la captura de su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo, recibió el control de Juárez. En circunstancias misteriosas, Aguilar Guajardo resultó asesinado en Cancún en 1993. Su lugarteniente Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, no demoró en asumir el control.
La organización creció exponencialmente bajo el mando de Carrillo Fuentes. Más inclinado a la negociación que a la guerra, Carrillo Fuentes reconstruyó y amplió la antigua red de Félix Gallardo. Con el tiempo llegó a controlar al menos la mitad de todo el tráfico mexicano e incluso extendió sus operaciones a Centro y Suramérica, incluidos Chile y Argentina. El alias de Carrillo, “El Señor de los Cielos”, describe acertadamente su método: mediante el uso del tráfico comercial y de mensajería, el Cártel de Juárez movió miles de toneladas de cocaína de Colombia a México por vía aérea. Desde México, la droga era transportada a Estados Unidos por tierra. Carrillo Fuentes amplió su alcance mediante la creación de sus propias redes de distribución en Estados Unidos. Murió repentinamente en 1997 mientras se realizaba una cirugía plástica, pero dejó un cártel bien estructurado, y un vacío al frente.
Los hermanos de Amado, Vicente y Rodolfo, se hicieron cargo del cártel, pero rápidamente surgió una guerra por el poder. Después de algunas disputas internas, los dos hermanos y su sobrino, Vicente Carrillo Leyva, establecieron una línea de mando firme. En 2002, se aliaron con Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, un exmiembro de la policía federal judicial mexicana; Ismael Zambada, alias “El Mayo”; los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
El Cártel de Juárez tiene operaciones bien establecidas de transporte, almacenamiento y seguridad en todo el país. Está además en capacidad de cooptar a las autoridades locales y estatales, en especial a la policía ministerial y a las fuerzas municipales. Durante mucho tiempo ha cobrado un impuesto por dejar que otros grupos usen sus “plazas” o corredores para el tráfico de drogas, depende de alianzas para operar a lo largo y ancho del país.
Pero el nuevo modus operandi en el país, que usa ejércitos más sofisticados para controlar grandes porciones de territorio, ha dificultado la competencia de este grupo. Aunque sus dos agrupaciones principales, La Línea y Los Aztecas son formidables, les ha resultado difícil seguirles el paso a sus competidores que trabajan para el Cártel de Sinaloa.
En la cima de su poder, el cártel operaba en casi 21 estados de México, y sus principales zonas de influencia incluían Sinaloa, Durango, Jalisco, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos y Ciudad de México.
El cártel mantiene un control indisputado en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, que sigue siendo el corredor clave para el transporte de drogas hacia Estados Unidos. Todavía tiene algún control sobre la policía local y estatal, y sobre algunos políticos. Ha cooptado a las bandas delincuenciales locales para convertirlos en su brazo armado, lo que cambió la dinámica de la zona y aumentó la confrontación violenta con sus rivales.
El tráfico de drogas se realiza mediante el establecimiento de dos frentes importantes en ambos lados de la frontera. La Línea y Los Linces controlan el transporte hasta la frontera de México con Estados Unidos, y la otra pandilla, Los Aztecas, maneja la operación del lado de Estados Unidos, con operaciones en El Paso, Dallas y Austin.
El otro grupo criminal que opera en nuestro estado, es el llamado Cártel de Sinaloa, que ejerce un amplio control sobre el tráfico de drogas a lo largo de la costa del Pacífico y se distingue como la organización criminal con mayor expansión internacional. Se calcula que su red está compuesta por aproximadamente 26,000 personas distribuidas a nivel global. Tiene exportación y distribución hacia Estados Unidos de fentanilo, metanfetamina, heroína, y cocaína.
Básicamente, utiliza los pasos fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas para el trasiego de drogas.
Información de inteligencia, señala que tiene presencia en 19 de los 32 estados de México, lo que es equivalente al 59% del territorio nacional.
De las sanciones que ya tienen “temblando” a algunas exitosas empresas mexicanas por su vinculación a crimen organizado; es que el Gobierno norteamericano podrá sancionar a una sociedad mercantil y pueda ser sujeta al congelamiento de sus cuentas bancarias tanto en México como en Estados Unidos de América si esta se ve involucrada prestando, adquiriendo y/o arrendando productos o servicios de proveedores que sean parte o tengan vínculos con organizaciones extranjeras designadas como terroristas por los Estados Unidos de América.
Las empresas vinculadas podría ser objeto de investigaciones tanto nacionales como internacionales por presunta participación en el financiamiento indirecto a alguna FTO, lo que dañaría su reputación y podría derivar en sanciones legales o financieras. Por tanto, el congelamiento de cuentas y activos podría paralizar la capacidad operativa de la empresa, afectando tanto la producción como la distribución de bienes o servicios y generando un impacto negativo en su cadena de suministro.
Ya en años anteriores, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “congeló” cuentas bancarias a artistas y deportistas mexicanos debido a sus presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado, en particular con el cártel de Sinaloa. Este tipo de medidas no solo afectaron su capacidad para realizar transacciones financieras, sino que también tuvieron un impacto significativo en su carrera y en sus relaciones comerciales. Estos casos reflejan cómo la vinculación, aunque indirecta, con actividades ilícitas puede desencadenar consecuencias económicas y reputacionales devastadoras. En el contexto de una empresa, este tipo de sanciones podría llevar a una pérdida de clientes, proveedores y socios comerciales, afectar su reputación, además de generar incertidumbre jurídica y económica, afectando la estabilidad a largo plazo de la operación.
A ver que sorpresas nos llevamos en los próximos cuatro años de la administración Trump con los políticos y delincuentes de cuello blanco que operan en México, sobre todo con la información que ya han entregado los capos Joaquín “chapo” Guzmán e Ismael “mayo” Zambada a las autoridades judiciales norteamericanas.