En medio de las tensiones políticas entre México y Estados Unidos, una nueva pieza entra en juego: la “Marco List”. Este mecanismo, impulsado por el actual Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, incluye a más de 40 figuras públicas mexicanas —desde gobernadores hasta exfuncionarios y mandos militares— señaladas por agencias estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
¿De qué se trata esta lista?
La “Marco List” no forma parte de ningún tratado bilateral, pero opera con base en leyes internas estadounidenses de seguridad nacional. Las personas incluidas pueden enfrentar cancelación de visas, bloqueo de cuentas bancarias y restricciones para hacer negocios con instituciones de EE.UU. o sus aliados. Todo esto sin necesidad de notificación o proceso legal en México.
Este movimiento ha sido interpretado como parte de una política más agresiva del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y redes criminales transnacionales.
¿Y qué tiene que ver Trump?
La tensión subió de tono cuando Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, reconoció que había recibido “peticiones inaceptables” del presidente Donald Trump. Diversas fuentes sugieren que entre esas exigencias estarían acciones como frenar reformas polémicas (como la llamada #NarcoElecciónJudicial), permitir colaboración militar en el combate al narco, e incluso la entrega de personajes cercanos al expresidente López Obrador para ser investigados en EE.UU.
El trasfondo es claro: si México no muestra señales contundentes de combatir el crimen organizado desde dentro del aparato político, podría haber consecuencias diplomáticas y comerciales.
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El TMEC, en riesgo
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) es clave para nuestra economía: más del 75% de las exportaciones mexicanas van a EE.UU. Pero con el tratado programado para revisión en 2026, la relación política se vuelve crítica. Cualquier señal de inestabilidad jurídica o complicidad estatal con el crimen podría afectar la continuidad del acuerdo o generar condiciones comerciales menos favorables.
Estados Unidos ha dejado claro que espera que México garantice un sistema de justicia funcional y una lucha real contra el narcotráfico para seguir colaborando en igualdad de condiciones.
¿Qué sigue?
El país enfrenta una presión internacional sin precedentes en un contexto electoral delicado. La sociedad civil ya empieza a reaccionar, y se habla de un paro nacional convocado para el 25 de mayo, mientras la tensión política crece día con día.
Más allá de los nombres y las listas, el mensaje es claro: México necesita fortalecer su institucionalidad, recuperar la confianza internacional y garantizar que la justicia no esté subordinada a intereses políticos. Porque en este nuevo tablero geopolítico, no solo está en juego una relación diplomática, sino el futuro económico de millones.
