Por Ricardo Huerta
La seguridad en México ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda binacional, ahora bajo una nueva serie de presiones por parte de la administración estadounidense. Las recientes acciones del gobierno del presidente Donald Trump, como la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, la imposición de restricciones de visa a actores políticos mexicanos, y la insinuación de posibles intervenciones militares, reflejan no sólo una postura más agresiva de Washington, sino también una oportunidad —y una advertencia— para México.
No se trata de rechazar la cooperación. Es evidente que la violencia y el crimen organizado en México tienen dimensiones transnacionales que exigen respuestas coordinadas. Estados Unidos y México comparten una frontera, una responsabilidad común frente a desafíos como el tráfico de armas, el lavado de dinero y el narcotráfico. Sería ingenuo pensar que México puede enfrentar estos retos en aislamiento, pero también sería un grave error permitir que esta colaboración se transforme en intromisión.
El verdadero problema no está únicamente en la presión externa, sino en la debilidad interna. Mientras las agencias mexicanas continúen actuando con fragmentación, sin capacidades técnicas suficientes ni voluntad política sostenida, el vacío institucional será ocupado —literal o simbólicamente— por actores extranjeros. Por eso, el camino correcto para enfrentar esta coyuntura no es cerrarse al diálogo internacional, sino empezar por casa: reconstruir el Estado mexicano desde sus cimientos institucionales.
Necesitamos cuerpos policiales y fiscales con autonomía real, profesionalización continua y recursos suficientes. Requiere también que el combate a la corrupción deje de ser un eslogan sexenal y se traduzca en consecuencias tangibles para quienes, desde el poder, han pactado con intereses criminales. Fortalecer el sistema de justicia, recuperar territorios tomados por el crimen, y garantizar la seguridad en las comunidades rurales y urbanas, debe ser el compromiso ineludible del gobierno federal.
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La respuesta a las medidas estadounidenses no debe ser de confrontación ni de sumisión. Debe ser de madurez institucional. Sí a la cooperación estratégica en materia de inteligencia, vigilancia financiera y control de armas. No a una narrativa que normalice la intervención directa o la presión unilateral. La soberanía no es un obstáculo para la colaboración, pero sí debe ser un límite claro para cualquier intento de extralimitación.
La coyuntura actual exige de México una respuesta estratégica sustentada en la solidez institucional, no en reacciones coyunturales ni discursos defensivos. La designación de cárteles como organizaciones terroristas, la extradición de 29 narcotraficantes en febrero pasado, y la reciente cancelación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, constituyen señales claras de que Estados Unidos ha optado por una política de presión directa como mecanismo de contención. A ello se suman declaraciones de funcionarios estadounidenses Marco Rubio, quien ha planteado abiertamente el uso de la fuerza militar si México no actúa de manera contundente, y la respuesta de legisladores mexicanos que han calificado tales propuestas como inaceptables, aunque sin ofrecer soluciones estructurales a la altura del problema.
Frente a este escenario, el fortalecimiento del Estado mexicano no puede postergarse más. Se requiere una reforma profunda y articulada del aparato de seguridad y justicia: depurar y consolidar capacidades técnicas en la Fiscalía General de la República y en los cuerpos policiacos locales, robustecer los sistemas de inteligencia financiera para cortar el flujo económico de los grupos criminales, e impulsar mecanismos de rendición de cuentas que reduzcan la impunidad política. Al mismo tiempo, deben establecerse canales institucionales de colaboración binacional que se rijan por principios de reciprocidad, proporcionalidad y respeto mutuo.
La seguridad nacional no puede depender de decisiones externas ni de la voluntad política de actores foráneos. Solo un México con instituciones fuertes, con visión de Estado y con una política de seguridad pública basada en evidencia podrá colocarse como socio estratégico, no como socio subordinado. La cooperación internacional es necesaria, pero solo será eficaz si encuentra un Estado mexicano con la capacidad de asumir la responsabilidad que le corresponde.
