Por Martín Zermeño
381 CUERPOS EN UN CREMATORIO DE CIUDAD JUÁREZ, EVIDENCIAN DELITOS GRAVES
Recuerdo el gran esfuerzo institucional de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado apoyado por la sociedad civil organizada, instituciones de educación y todo el sector empresarial, para que Ciudad Juárez dejará de ser la ciudad más peligrosa del mundo, fue en los años entre 2009 y 2011, debido a una alta tasa de homicidios.
Durante ese período, la ciudad experimentó una ola de violencia extrema, con una tasa de homicidios que llegó a 271 por cada 100,000 habitantes y en ese esfuerzo unido, se fortalecieron todas las policías, se unificaron estrategias federal, estatal y municipal y por primera vez la sociedad civil propuso y se instalaron las mesas de seguridad, exitosas hasta la fecha.
Juárez tiene una gran riqueza en su sociedad civil, cientos de organizaciones trabajan calladamente en muchas colonias y escuelas de aquella frontera, muchas de las buenas prácticas de FICOSEC y FECHAC fueron adoptadas de aquellas latitudes, pero cualquier descuido vuelve a ponerla en el ojo del huracán.
¿A quién culpar de los hechos confirmados el fin de semana?, cuando un señor llamado José Luis Arellano Cuarón, desde varias funerarias y un crematorio cobró servicios por incinerar más de 381 cadáveres, pero terminó arrojando los cadáveres en un predio conocido como Granjas Polo Gamboa.
En los últimos dos años en Ciudad Juárez, Chihuahua, decenas de familias despidieron a seres queridos en funerales y a través de diversas agencias funerarias los deudos recibieron las urnas con cenizas, sin embargo, las investigaciones señalan que en muchos casos se trató de un fraude y las urnas eran apócrifas.
Los 381 cuerpos estaban identificados y contaban con acta de defunción, lo que indica que el proceso administrativo previo se había realizado correctamente.
Sin embargo, la acumulación de cuerpos y la falta de cremación efectiva han puesto en entredicho la responsabilidad y la ética profesional de la empresa.
Varias vertientes sin duda en el tema, primero las autoridades de salud en un descuido inusitado, COESPRIS que no cuenta con personal suficiente para la enorme responsabilidad que tiene, luego las autoridades de seguridad y justicia, “que no vieron nada” y la rapacidad de algunos dueños de funerarias que se prestan a este tipo de deshumanizadas prácticas y que decir del tráfico de órganos.
Ojalá las autoridades lleguen hasta el fondo de este hecho y sancionen a todos los involucrados.
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS DE MAZATLAN FINANCIADAS POR EL CARTEL DE SINALOA
Desde hace años los que vivimos en Chihuahua Capital adoptamos las playas de Mazatlán, como un destino vacacional muy apreciado, estamos a 45 minutos por avión y a 8 horas por tierra, el boom de los tiempos compartidos y hasta la adquisición de vivienda en algunos fraccionamientos se pusieron de moda, cientos de chihuahuenses acudimos cada año a disfrutar del mar y de la gastronomía regional; pero la alerta roja la encendió de nuevo el gobierno norteamericano la semana pasada, al poner al descubierto una red de lavado de dinero del cartel de Sinaloa en empresas inmobiliarias, de belleza y de experiencias vacacionales.
El Departamento del Tesoro señaló al matrimonio de José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vásquez, “prósperos empresarios” ligados al cartel de Sinaloa.
Operando con una fachada de prósperos empresarios, esta empezó a derrumbarse cuando el Departamento del Tesoro estadounidense detectó que Núñez amasaba su fortuna a una sospechosa velocidad. Este abogado de 44 años, nacido en Rosario, Sinaloa, fundó su primera empresa a finales de 2019, antes de la pandemia. Se trataba de la Inmobiliaria Grupo 247, dedicada a la construcción y compraventa de inmuebles. En redes sociales promocionaba las oportunidades de invertir en bienes raíces cerca de la costa y las playas de Mazatlán. “Imagina la Casa de tus sueños frente al mar, escuchando las olas, viendo el amanecer. Todo esto es posible al invertir en Casas del Fraccionamiento Playa Brujas. Comunícate con nosotros, haremos que tus sueños se cumplan”, se leía en sus primeras publicaciones.
Su esposa, Sheila Paola Urías Vásquez, de 31 años, es una figura reconocida en Mazatlán por su trabajo como maquilladora en redes sociales. Urías comenzó con un canal de YouTube en 2017 donde mostraba sus habilidades maquillando sus grandes ojos verdes en tutoriales. En menos de un año, abrió un salón de belleza y spa donde ofrecía masajes y tratamientos estéticos.
El matrimonio de Núñez y Urías consiguió adquirir o fundar hasta una docena de empresas para su entramado en tan solo seis años. La mayoría de ellas estaban relacionadas con el desarrollo inmobiliario, pero también con el mundo de la moda y belleza o con la hostelería. Diez de estas empresas han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vinculación con el Cartel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses aseguran que Núñez financia las operaciones de Víctor Manuel Barraza Pablos, el jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán. También le acusan de ser un “socio cercano” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos fugitivos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Las empresas de Núñez y Urías ocupan un rol específico en cada parte de la cadena del desarrollo inmobiliario, desde la adquisición de lotes, la obtención de materiales para la construcción, la venta o renta a través de inmobiliarias o incluso una agencia de marketing para promocionarlas.
En 2020, Núñez adquirió la constructora Proyecta Interna, creada el año anterior. Esta empresa tenía permisos para urbanizar, vender o arrendar bienes inmuebles, al igual que Grupo 247 o Beach and Marina.
Dentro de las empresas de Núñez y Urías había también negocios dedicados a la hostelería, especialmente clubs de playa. En estos locales es más fácil simular las operaciones legítimas inflando la cantidad de ventas o aumentando las facturas. Uno de ellos era él Sea Wa Beach Club, creado en 2024 y con permiso no solo de bar, restaurante y pesca como actividad turística, sino también para arrendar cabañas, bungalows y departamentos turísticos. Núñez también era apoderado legal en la empresa Club Playa Real, creada en el año 2000 y en la que él comenzó a participar más tarde. Al igual que con Beach and Marina o la Comercializadora Copado (una empresa de importación y exportación), estas empresas fueron registradas varios años antes de que entraran Núñez y Urías como apoderados.
Además de los clubs de playa, Urías tenía por su cuenta una tienda de vestidos de fiesta, disponibles para comprar o rentar para ocasiones especiales. El local está en la esquina de las oficinas de Inmobiliaria Grupo 247, donde era frecuente ver coches de lujo estacionados. Urías solo se mostraba públicamente en esta tienda y en el spa, en las demás empresas aparece como administradora o accionista de manera temporal.
Tanto Pérez de Acha como Díaz de León coinciden en que el cambio de política de Estados Unidos respecto a los carteles de droga mexicanos, considerados ahora una organización terrorista, ha encendido la cacería de facilitadores financieros para los criminales. Sin embargo, el Cartel de Sinaloa cuenta con incontables recursos para tejer redes de lavado complejas con asesoría de abogados y contadores de alto perfil, tanto dentro como fuera de México. Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es el turno de las entidades financieras mexicanas de dar el aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de estas empresas para que se pongan bajo la lupa de las autoridades. De momento, sus activos y propiedades en Estados Unidos están bloqueados.
Y sigue la mata dando, seguirán apareciendo en México los financieros del fentanilo.
LAS REFORMAS CON RUTA A LA DICTADURA DE ESTADO
En este año 2025, quedará sellada la estrategia para llevar a México a una dictadura populista que acabará con las libertades y que perpetuará a Morena en el poder por varias décadas y que quizá, solo con una revolución, se recupere el sistema democrático que hemos disfrutado en los últimos 30 años.
Manteniendo una mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y de Senadores, el actual régimen ha podido realizar las reformas a su conveniencia, con el argumento de “que el pueblo sabio las ordeno”, la desaparición de los organismos autónomos, las reformas en materia de seguridad, la militarización, la reforma al poder judicial, las reforma a telecomunicaciones y radiodifusión y la ya anunciada reforma electoral dejarán noqueada a la oposición y sumidos a los mexicanos en un vórtice que los mantiene hipnotizados.
El impulso a las reformas de leyes que permiten la censura, el acceso a los datos personales y privados de todos los ciudadanos, la geolocalización en tiempo real, aunado a que se negarán servicios a quienes no presenten la Clave Única del Registro de Población, CURP, con datos biométricos, tiene en alerta a la sociedad mexicana.
Analistas han señalado sobre los impactos que tendrá la existencia de la CURP con datos biométricos y la serie de medidas catalogadas como un “Estado policíaco” y que en algunos casos aplicarán sin contar con la orden de un juez, todas esas reglas están preparadas para afianzar un gobierno vigilante, espía y controlador de la población.
En el manual de ruta trazada por la 4T, sigue la reforma electoral en el mes de septiembre; y el inicio de “nacionalizaciones” de empresas privadas de empresarios críticos al régimen y la encarcelación de periodistas. Al tiempo.
