Por Martín Zermeño
MARU Y ROCHA MOYA A DECLARAR ANTE LA FGR
Se cumplió un mes del fatal accidente del 19 de abril, cuando dos agentes de la CIA y dos de la Fiscalía de Chihuahua perdieron la vida al despeñarse su vehículo en un barranco de la Sierra Tarahumara. La tragedia rápidamente pasó a segundo plano ante lo que reveló: agentes de inteligencia estadounidenses operaban junto a elementos estatales en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, sin que la Administración federal tuviera conocimiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió desde la mañanera contra el gobierno opositor de Chihuahua; la Fiscalía del Estado no pudo explicar qué hacían allí los estadounidenses; el fiscal renunció y se anunció la apertura de investigaciones y un juicio político contra la gobernadora Maru Campos. Desde Washington llegaron primero críticas a la “falta de compasión” de Sheinbaum, y luego el anuncio de cargos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por nexos con el narcotráfico. Este sábado ambos gobernadores fueron citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República.
La versión de Campos sigue llena de huecos: dice no haber sabido nada hasta después del accidente, que quien autorizó el operativo fue el director de la Agencia de Investigación Estatal —uno de los fallecidos— y que los agentes de la CIA no participaron directamente, aunque sí están presentes en otros operativos estatales. Solo reconoce que el entonces fiscal Jáuregui la llamó a las tres de la mañana del 19 de abril y le reportó el accidente y la identidad de los cuatro agentes. A un mes de distancia, no existe aún una reconstrucción detallada y verificada de los hechos. Los resultados de las comparecencias de mañana marcarán el siguiente capítulo de esta crisis.
LA POLARIZACIÓN Y EL JUEGO DE PERDER–PERDER
Todo lo que se mueve alrededor del caso tiene un trasfondo electoral evidente: las intermedias de 2027. El desgaste de los gobiernos de la Cuarta Transformación ha sido brutal; sin resultados tangibles más allá de los programas sociales, su estrategia clientelar ya hace agua. Los 17 estados que votarán el próximo año están claramente divididos y mayo ha sido un mes negro para Morena y sus aliados.
El gobierno federal intentó capitalizar el accidente en clave de política interna, pero terminó por alimentar la desconfianza con las agencias estadounidenses. En su afán de ganar aplausos y golpear a opositores, hizo uso político de la muerte de dos personas, línea que la CIA no toleró. La intervención del gobierno de Donald Trump en las investigaciones de grupos clasificados como terroristas mantiene en vilo a la clase política y empresarial mexicana, ante el nivel de colusión detectado.
LAS RUTAS DE LA DEFENSA: JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL Y COMUNICACIONAL
A un mes del accidente, las cuatro rutas de la crisis están definidas. En lo jurídico, la contratación del despacho de Roberto Gil Zuarth —a caso el mejor de México en la materia— le da a Maru Campos una garantía sólida, aunque cara. En lo político, la oposición lleva ventaja en este primer round, aunque las dirigencias de los partidos han sido tibias. En lo social, los operadores panistas apenas planean movilizaciones, con la clase media notoriamente ausente. En lo mediático, tras errores iniciales, el equipo de Max Cortázar parece haber encontrado el paso y hoy sí le disputa el terreno al poderoso aparato comunicacional de la Presidencia.
Sobre el frente jurídico, el análisis del doctor Ernesto Villanueva aporta la hoja de ruta más rigurosa. Su argumento central descansa en tres pilares.
Primero, la presunción de inocencia. Consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, y reafirmada por la Suprema Corte en la jurisprudencia P./J. 43/2014, aplica no solo a procesos penales sino a cualquier procedimiento sancionatorio, incluido el juicio político. La regla es antigua y clara: quien acusa, prueba. Contra la gobernadora no existe un solo oficio, ni una instrucción documentada, ni un testimonio reforzado. Lo que existe es discurso parlamentario y juicios de valor políticos; ninguno constituye prueba en sentido jurídico. La gravedad del bien jurídico invocado —la soberanía nacional— no relaja el estándar probatorio: lo eleva.
Segundo, la gobernadora carece de las competencias federales que se le pretende imputar. La política exterior, el control migratorio, la cooperación con agencias extranjeras y la conducción de la seguridad nacional son materia federal exclusiva. Campos no regula ingresos al país, no otorga visas, no autoriza vuelos, no controla aduanas, no tiene injerencia sobre carreteras federales, no celebra acuerdos con agencias extranjeras ni coordina al Ejército. Si los agentes ingresaron al país, fue por el INM y la Cancillería; si circularon, fue bajo control de la Guardia Nacional; si participaron en un operativo con el Ejército, fue con conocimiento de la Defensa Nacional. La cadena migratoria, aérea, diplomática, vial y de seguridad es federal en cada eslabón. Lo que el caso revela es un déficit de coordinación entre dependencias federales, no un acto imputable a la titular del Ejecutivo estatal.
Tercero, la responsabilidad jurídica es estrictamente personal. El cargo de traición a la patria exige conductas tipificadas con precisión en los artículos 123 a 125 del Código Penal Federal; un operativo antinarcóticos no encuadra en ninguna de sus catorce hipótesis. El juicio político —artículos 109 y 110 constitucionales— requiere conducta personal del servidor, vulneración grave de la Constitución y nexo causal demostrado; sin ello, el procedimiento es improcedente desde el inicio. Y aun si prosperara, el Senado solo puede emitir una resolución declarativa que se comunica a la legislatura local: no puede destituir directamente a una gobernadora. Las faltas administrativas graves del régimen de responsabilidades —cohecho, peculado, abuso de funciones— tampoco se configuran con la mera presencia física de extranjeros en territorio estatal.
La conclusión de Villanueva es contundente: sin acto, no hay tipo; sin tipo, no hay reproche; sin prueba, no hay condena. La batalla jurídica, hoy por hoy, la tiene ganada Maru Campos. La política, en cambio, es otro terreno —más volátil y menos predecible—, y ese partido apenas comienza.
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