Por Jorge Cruz Camberos
Cuando un ciudadano entra a un hospital del IMSS no piensa en política. Piensa en su salud, en su familia y en la esperanza de salir adelante.
Del otro lado hay médicas, médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo y de limpieza haciendo su trabajo con profesionalismo, muchas veces en condiciones que distan de ser las ideales. Ellos no son el problema. Son, en muchos casos, quienes mantienen de pie al sistema.
Por eso entiendo el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que rechazó los espectaculares con la frase “IMSS y nada, es lo mismo”. Tienen razón al señalar que no es justo responsabilizar al personal operativo por decisiones que nunca estuvieron en sus manos.
Esa aclaración no sólo es justa. También es necesaria. Pero hacer justicia con los trabajadores no significa dejar de exigir cuentas a quienes sí toman las decisiones. Porque los datos son contundentes.
En 2026, el presupuesto de inversión del IMSS para Chihuahua se redujo casi 55 %, al pasar de 1,384 millones a apenas 646 millones de pesos. Mientras tanto, entre 2018 y 2025 el Instituto destinó más de 50 mil millones de pesos para nuevos hospitales en distintas entidades del país. Chihuahua capital sigue esperando. El Hospital Morelos continúa operando después de más de cuatro décadas. Lo paradójico es que Chihuahua no es un estado que aporte poco al sistema. Al contrario.
Cada año los trabajadores y las empresas de Chihuahua contribuyen con alrededor de 26,500 millones de pesos al IMSS. Somos una de las diez entidades que más recursos generan para el Instituto y una de las que registra mayor disciplina fiscal y eficiencia recaudatoria del país. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Por qué una entidad que tanto aporta recibe tan poca inversión en infraestructura hospitalaria? La respuesta parece estar menos en criterios técnicos y más en decisiones políticas.
Diversos legisladores federales han señalado públicamente que la construcción de nueva infraestructura hospitalaria está vinculada a la incorporación de los estados al modelo IMSS-Bienestar. Chihuahua decidió no adherirse. Podrá debatirse si esa decisión fue correcta o incorrecta. Lo que no debería aceptarse es que el derecho a una mejor atención médica dependa de una negociación política. La salud no puede convertirse en moneda de cambio.
No es razonable que un trabajador que cotiza toda su vida tenga que esperar más tiempo por una cirugía porque dos niveles de gobierno no lograron ponerse de acuerdo. Tampoco es razonable enfrentar a la ciudadanía con quienes trabajan dentro del Instituto. Ese camino sólo genera enojo, división y desconfianza.
Mucho más útil sería abrir una conversación seria sobre cómo garantizar que la inversión hospitalaria responda a criterios objetivos: población derechohabiente, crecimiento económico, aportaciones realizadas y necesidades reales de infraestructura.
Imagino un tablero público donde cualquier ciudadano pueda consultar cuántas camas existen por cada mil derechohabientes, cuánto tiempo tarda una consulta de especialidad, cuántas cirugías permanecen pendientes y cómo se compara Chihuahua con estados similares como Coahuila, Sonora o Querétaro.
Imagino también una mesa permanente donde participen el IMSS, el sindicato, el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los municipios, el sector empresarial y la sociedad civil para construir una agenda común de infraestructura médica. Porque cuando todos se sientan en la misma mesa, el paciente deja de ser un argumento político y vuelve a ser la prioridad. Hoy la discusión no debería centrarse en un espectacular.
Debería centrarse en cómo garantizar que el esfuerzo de cientos de miles de trabajadores chihuahuenses regrese en mejores hospitales, más consultorios, más especialistas y mejores condiciones para quienes todos los días sostienen el sistema de salud. Defender al personal del IMSS y exigir una distribución más justa del presupuesto no son posturas opuestas. Son exactamente la misma causa.
Los trabajadores merecen mejores herramientas para hacer su labor. Los derechohabientes merecen mejores hospitales para recibir atención. Y Chihuahua merece que la inversión en salud corresponda al esfuerzo, la productividad y la aportación que durante años ha demostrado. Esa discusión no pertenece a un partido político. Pertenece a todos los que algún día, inevitablemente, necesitaremos que el sistema de salud responda cuando más lo necesitemos.
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