Por Ricardo Huerta
La exclusión de México del foro “Escudo de las Américas” no debe interpretarse como un simple desaire protocolario. Es una señal preocupante sobre el rumbo que está tomando la cooperación en seguridad en el continente. Lo que en principio se perfilaba como una coalición interestatal para desarticular las rutas del crimen organizado ha terminado configurándose como un espacio de afinidades políticas que deja fuera a actores clave como México, Brasil y Colombia. Bajo la administración de Donald Trump, la diplomacia de seguridad parece haber cedido lugar a una lógica de securitización selectiva, donde la cercanía política pesa más que la eficacia de la cooperación.
El momento en que ocurre esta exclusión resulta especialmente delicado. El narcotráfico en el continente atraviesa una transición tan compleja como violenta. La producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos —con una oferta global estimada en más de 3,700 toneladas, que incluso invade áreas naturales protegidas en Perú y Bolivia— mientras el mercado de las drogas sintéticas continúa expandiéndose con rapidez.
Aunque en Estados Unidos las muertes por fentanilo mostraron una relativa estabilización a inicios de 2025, la aparición de miles de laboratorios clandestinos dentro del propio territorio estadounidense y el hecho de que la sobredosis siga siendo la principal causa de muerte entre jóvenes revelan que la crisis dista mucho de estar resuelta. Este fenómeno no puede explicarse desde una sola frontera ni desde una sola responsabilidad nacional. Se trata de un ecosistema criminal transnacional, y enfrentar ese ecosistema exige necesariamente la participación de México.
Excluir a México de una estrategia continental contra el crimen organizado no fortalece la seguridad regional; por el contrario, la debilita. México no es un actor periférico en este problema. Por su ubicación geográfica, su peso económico y su capacidad operativa en materia de seguridad, es un país central en cualquier intento serio por contener las redes criminales que atraviesan el continente.
Cuando una potencia decide prescindir de los mecanismos multilaterales con su vecino estratégico, la historia de las relaciones internacionales muestra que suelen abrirse escenarios de unilateralismo. La exclusión de México del “Escudo de las Américas” envía una señal inquietante: en lugar de reforzar la corresponsabilidad hemisférica, Washington parece inclinarse por una estrategia que privilegia la acción unilateral bajo la narrativa de la seguridad nacional.
La contradicción es evidente. Mientras las autoridades mexicanas continúan realizando decomisos significativos y capturas de alto impacto contra organizaciones criminales, el país queda al margen de los espacios donde se diseñan las decisiones estratégicas sobre el combate al narcotráfico. Tratar a México como un actor secundario en esta discusión no sólo resulta injustificado; también revela una visión limitada de la complejidad del problema.
México no es únicamente un territorio de tránsito en las dinámicas del crimen transnacional. Es, en muchos sentidos, el epicentro geopolítico de cualquier solución viable para la seguridad en el continente. Ignorar ese hecho no debilita a los cárteles. Debilita la cooperación regional, erosiona la confianza entre los Estados y termina favoreciendo las condiciones en las que prosperan las redes criminales.
Si el “Escudo de las Américas” aspira a convertirse en algo más que una iniciativa coyuntural o un instrumento de retórica política, deberá reconocer una realidad elemental: no puede existir seguridad duradera en el norte del continente sin estabilidad, cooperación y reconocimiento en el sur.
Porque en la lucha contra el crimen transnacional hay una verdad incómoda que ningún diseño estratégico puede ignorar: sin México no hay estrategia continental, sólo la ilusión de una.
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