Por Martín Zermeño
LA CUESTIÓN ES CUÁNTO AFECTA EL CASO JÁUREGUI AL PLAN BONILLA
Los desencuentros de las últimas semanas entre los grupos panistas de la capital han dejado al descubierto cuán vulnerables son cuando se trata de construir consensos para articular candidaturas.
Meses atrás, Marco Bonilla tuvo que lidiar con zancadillas y complots que venían directamente de Palacio de Gobierno, hasta que los complotistas se dieron cuenta de que era el mejor perfil: ni cuchareando encuestas pudieron “bajar” al alcalde capitalino.
Pero el origen de la crisis actual hay que buscarlo en el motín y la fuga del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, el 1 de enero de 2023, cuando un comando armado en vehículos blindados atacó el penal para rescatar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”, líder de Los Mexicles. Hubo 17 muertos, varios heridos y 30 reos fugados. Dentro aparecieron celdas VIP con televisiones, dinero y drogas, incluido fentanilo. Quedaron exhibidas la corrupción y la ineficacia de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. “El Neto” fue abatido el 5 de enero.
El fiscal de entonces, Roberto Fierro, fue removido y reubicado en la Secretaría de la Función Pública. El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, presto a ayudar a su amiga, aceptó asumir la Fiscalía, se reformaron las leyes orgánicas para acomodar los cambios y Santiago de la Peña ocupó la Secretaría General de Gobierno. Era el 16 de enero de 2023 cuando se anunciaron los enroques.
Y empezó la carrera por las posiciones. Cada uno sumó perfiles políticos a su equipo; Jáuregui y De la Peña hicieron esfuerzos y mediciones para encabezar la candidatura a la gubernatura, aprovechando el distanciamiento entre Bonilla y Palacio. Al ver imposible esa opción llegó el plan B: la joya de la corona, Chihuahua capital. En la cúspide del poder sexenal, todos buscaban el cobijo de la titular del Ejecutivo.
Hasta que llegó el “CIAgate”. Entre el 17 y el 18 de abril de 2026 se desmanteló en El Pinal, municipio de Morelos, en plena sierra, uno de los narcolaboratorios de drogas sintéticas más grandes del país. Al regreso, un vehículo de la Agencia Estatal de Investigación cayó a un barranco: murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI; Manuel Genaro Méndez Montes, integrante de su escolta, y dos estadounidenses presentados como “instructores” de la Embajada que resultaron vinculados a la CIA. La versión oficial —una capacitación en el manejo de drones— no resistió ni una semana.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al Gobierno del Estado de permitir que agentes extranjeros operaran en territorio nacional sin cumplir los protocolos, en violación de la soberanía. Desde entonces, Palacio Nacional y Palacio de Gobierno viven un enfrentamiento permanente que este mes desembocó en lo que parecía impensable: la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, la mañana del sábado 17 de octubre, y una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y exdirector de la AEI, hoy prófugo y buscado por las autoridades estatales y por la FGR. Ambos figuran en la causa penal 3055/2026.
Lo que pasó en la sala
La audiencia inicial arrancó la noche del sábado en Ciudad Judicial, ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega, mientras decenas de simpatizantes del exfiscal hacían guardia afuera. Su defensor, Héctor Villasana Ramírez, consiguió un receso: el Ministerio Público le entregó, hacia las seis de la tarde, cerca de 12 tomos, ocho memorias digitales y varios discos. “Es imposible materialmente analizar en este momento”, alegó. Esa misma noche, durante el receso, a Jáuregui le notificaron que también lo esperaba una orden de aprehensión federal por traición a la patria.
El domingo, el MP estatal le imputó ejercicio ilegal del servicio público y coalición (artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado): haber ordenado la incorporación de cuatro extranjeros al operativo sin autorización federal, haberse concertado con Zuany para mantenerlos ahí evadiendo los controles federales y haber sostenido en conferencia la versión de los drones cuando ya sabía que era falsa. La falsedad ante autoridades con penalidad agravada se le atribuye a Zuany.
El juez le concedió a la defensa puntos nada menores: excluyó como dato de prueba la declaración que Zuany rindió como testigo y sin abogado —hoy es coimputado— y negó que la audiencia fuera a puerta cerrada, porque no encontró riesgo alguno para la seguridad nacional. Pero rechazó enviar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, y el MP sumó el dicho de un testigo protegido. Jáuregui apenas dijo: “No veo elementos para que me acusen”. Tras más de diez horas de audiencia, cerca de las diez de la noche del domingo, el juez negó la prisión preventiva que pedía el MP —alegó solvencia económica y vínculos con dependencias estadounidenses, sin acreditarlos— y le impuso medidas cautelares: entregar su pasaporte y su visa estadounidense, no salir de Chihuahua ni del país, firmar cada mes y no acercarse a los testigos. A petición de la defensa duplicó el plazo constitucional: la vinculación a proceso se resolverá el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.
La libertad le duró menos de una hora. Antes de que pudiera abandonar Ciudad Judicial, agentes de la FGR cumplimentaron la orden que un juez federal libró por traición a la patria en materia de seguridad nacional —delito que el artículo 123 del Código Penal Federal castiga hasta con 40 años de prisión— y cerca de la medianoche se lo llevaron rumbo al penal del Altiplano, en el Estado de México. La fiscal general Ernestina Godoy sostiene que permitir la intervención de extranjeros “atenta contra la soberanía y la integridad de la nación”. La audiencia inicial federal podría celebrarse este martes, y la estatal del jueves sería por videoconferencia. “Va bien, va fuerte, va entero”, dijo su abogado.
La escena retrata el caso completo: un juez local que no encontró motivos para encarcelarlo y una Federación que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Jáuregui es hoy un hombre libre en Chihuahua y un preso en el Altiplano. Su expediente dejó de ser un asunto de procuración de justicia para convertirse en una pieza del tablero entre Palacio Nacional y Palacio de Gobierno.
Hay un detalle que nadie en el PAN debería pasar por alto: la orden la ejecutó una Fiscalía que desde el 9 de octubre encabeza, como encargado del despacho, Gilberto Loya, uno de los aspirantes que se quedaron en el camino de la sucesión. Ocho días después, su antecesor estaba detenido. En política no hay coincidencias.
En agenda paralela, la carrera siguió su ruta. Marco Bonilla alcanzó la virtual candidatura a la gubernatura por ser el más competitivo —el 10 de octubre, en Juárez, Jorge Romero le entregó la coordinación estatal de las estructuras panistas— y en el camino quedaron Daniela Álvarez, Gilberto Loya y Jesús Valenciano.
Nuevamente tenemos un cierre escandaloso de sexenio, ya el tercero consecutivo: el de César Duarte, el de Javier Corral y el actual, que termina en 2027. Se refuerza la mala fama de la clase política chihuahuense. Y la joya de la corona sigue sin definirse formalmente; el cisma en Acción Nacional es evidente. Un candidato que necesita unidad hereda un partido que hoy se acusa a sí mismo.
EN 15 DÍAS, ABANDERADOS DEL PAN Y MORENA EN CHIHUAHUA, JUÁREZ, PARRAL, CUAUHTÉMOC Y DELICIAS
Parece que ahora sí el CEN del PAN tiene claros el método, los requisitos y las fechas para ungir a sus candidatos en las principales ciudades del estado. El fin de semana pasado, Santiago Taboada Cortina, secretario de Acción Política, se reunió prácticamente con todos los aspirantes y les explicó a detalle las reglas. La mayoría mostró confianza en el método y en Marco Bonilla, quien ha insistido en que habrá piso parejo para todos.
Para la ciudadanía solo ha trascendido la lucha por la capital, pero los jaloneos están igual de candentes en Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias, y cualquier desliz puede provocar una división profunda. Esto es lo esencial del documento “Fases y métodos de selección” que presentó Taboada:
El CEN definió una primera etapa con las coordinaciones que suman más del 70 por ciento de la lista nominal: concluida la estatal, siguen Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Cuauhtémoc. La ruta crítica arranca con el registro —cerrado desde julio—, sigue con la validación de elegibilidad, una jornada de capacitación y una etapa de firmas, y desemboca en una etapa final única de mediciones cuantitativas y cualitativas: nivel de conocimiento, positivos y negativos, un careo interno entre aspirantes y un careo externo con “voto potenciado”, antes del anuncio del ganador o la ganadora.
La etapa de firmas es el primer filtro real: cada aspirante debe reunir apoyos en al menos el 30 por ciento de las secciones de su municipio, con metas mínimas de 3,880 firmas en Juárez (388 de 1,292 secciones), 2,190 en la capital (219 de 729), 360 en Delicias, 350 en Cuauhtémoc y 270 en Parral. A ello se suman diez lineamientos de integridad: sin nexos criminales ni corrupción, sin violencia familiar, sexual o política de género, sin deudas alimentarias; declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; dinero limpio; respeto al resultado y renuncia a buscar la postulación por otro partido. Cualquier falsedad u omisión implica la exclusión inmediata.
El papel aguanta todo. El documento no dice quién levanta las encuestas, cómo se pondera el “voto potenciado” ni quién audita los resultados. El problema del PAN en Chihuahua nunca ha sido la falta de reglas, sino la tentación de cucharear el resultado.
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