Por Martín Zermeño
El verano caliente del 86: la epopeya de hace 40 años
El tenso momento de polarización y confrontación política que hoy vive Chihuahua me hizo recordar —guardadas sus proporciones, sus causas y sus protagonistas— el verano caliente de 1986, que el próximo mes de julio cumplirá su 40 aniversario. Aquella fecha marca un hito en la historia política del norte de México: desde acá se construyeron los cimientos de la alternancia, el despertar de la participación ciudadana y las bases del régimen democrático que vivió su esplendor en el año 2000.
Los divorcios familiares, las escisiones empresariales, las discusiones en las calles, en las escuelas, en los barrios y en las oficinas, así como la toma de espacios públicos, no fueron en vano. Los chihuahuenses dieron un paso histórico y, con una nueva cultura política, aprendieron a resolver sus diferencias. La madurez y la visión de Luis H. Álvarez y de Francisco Barrio Terrazas, líderes e interlocutores de aquel movimiento frente al poderoso sistema priista, sentaron las bases de un profundo andamiaje institucional: combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, gobierno eficiente y creación de organismos para fortalecer la democracia.
También vale recordar las similitudes con el presente. Hace cuatro décadas, México era sede del Mundial de Fútbol “México 86”, y hoy nos preparamos para el FIFA 2026. Por cierto, el propio Pancho Barrio me relató que, de manera discreta, enviados del movimiento chihuahuense viajaron a la Ciudad de México durante el Mundial y distribuyeron información sobre el proceso electoral a periodistas de todo el mundo que cubrían el torneo, logrando así darle visibilidad internacional al “verano caliente”.
Y qué decir de la otra coincidencia terrible: el narcotráfico. En los años ochenta, los barones de la droga vivían su auge, dueños del mercado de la mariguana y ya descubriendo las nuevas rutas hacia Estados Unidos para el llamado oro blanco. La cocaína proveniente de Colombia, Perú y Ecuador estaba “fabricando” millonarios express que se infiltraban en los ámbitos empresarial, deportivo, político y mediático, adquiriendo una influencia que llegaría hasta la familia presidencial. El escándalo quedó al descubierto con el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Ya entonces, los cárteles de Sinaloa, Guadalajara y Juárez dominaban el trasiego de drogas hacia el norte. Hoy, cuatro décadas después, el Cártel de Sinaloa y su relación con la clase política y empresarial tiene sumido en el escándalo a México entero.
Los bárbaros del norte
Cuando el viejo zorro de la política Fidel Velázquez, líder eterno de la CTM, bautizó a los neopanistas como “los bárbaros del norte”, refiriéndose al movimiento social y político que se gestaba en Chihuahua, la clase política tomó nota y comenzó a ejecutar medidas drásticas. Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación y línea dura del viejo PRI, activó la operación para contener el avance del PAN en el estado. Esto, después de que el blanquiazul había conquistado en 1983 las alcaldías de Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, ciudades que tenían verdaderos ejércitos de militantes listos para la batalla electoral de 1986.
Óscar Ornelas, gobernador para el periodo 1980–1986, “pidió licencia” en el quinto año de su mandato, curiosamente el mismo día del terremoto en la Ciudad de México: el 19 de septiembre de 1985, cuando también tembló políticamente en Chihuahua. A su relevo llegó Saúl González Herrera, político de viejo cuño que operó junto con Bartlett aquel “fraude patriótico” con el que el PRI proclamó ganador a Fernando Baeza sobre Francisco Barrio en la elección del 6 de julio de 1986.
La estrategia de resistencia civil que inició Luis H. Álvarez con su huelga de hambre en el Parque Lerdo, el 1 de julio de 1986, exigiendo elecciones limpias, retumbó en los medios internacionales y obligó al sistema político mexicano a buscar vías de conciliación. El ayuno, que se prolongó por 41 días, fue uno de los gestos de mayor impacto moral en la historia política contemporánea del país. Finalmente, fue el líder de izquierda Heberto Castillo quien, en agosto de aquel año, convenció a Álvarez de continuar la lucha por la democracia desde un frente de largo aliento. Vino después la elección presidencial de 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, y la historia se escribió de manera definitiva en el año 2000: una ruta larga, sembrada desde Chihuahua.
Claro que hoy las condiciones son otras. No hay líderes de la talla de Luis H. Álvarez o Francisco Barrio, ni la creatividad y movilización de la clase media de entonces, ni el activismo de una iglesia católica que hoy luce más dormida que nunca, con representantes acomodaticios y dirigentes políticos de escasa visión estratégica. Pero es lo que hay.
Lo que quedó claro en el pasado fin de semana, y que ha ido tomándose forma en los últimos 15 días, es que la polarización entre los chihuahuenses y el gobierno central ha resurgido con fuerza, más allá del color partidista. En 1986 fue el PRI; hoy es MORENA.
Los temas son distintos, pero la tensión es la misma. El gobierno federal empuja para sacar de la escena a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a través de un juicio político, aprovechando como pretexto la muerte de dos agentes de la CIA ocurrida el 19 de abril de 2026 en un operativo antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua, en el que los agentes extranjeros actuaron en compañía de policías estatales, sin autorización federal y al margen de la normativa vigente. La dirigente nacional de MORENA, Ariadna Montiel, convocó incluso a una marcha en la capital del estado para el sábado 16 de mayo, exigiendo el desafuero de Maru Campos. Sin embargo, los analistas coinciden en que MORENA no tiene asegurada la mayoría absoluta legislativa necesaria para consumar dicho procedimiento.
Del otro lado, quien gobierna Chihuahua ha decidido enfrentar directamente a la Presidenta de México y a la dirigencia de MORENA por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, especialmente en lo que toca a funcionarios y políticos que recibieron apoyo del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos atiza y controla la persecución de los narcopolitícos mexicanos, y tiene ya a varios empresarios en la mira como palanca de presión en las negociaciones del T-MEC.
Sería deseable que la clase política mexicana buscara genuinamente el bien superior: dialogar, acordar y trazar una nueva ruta para el país, en lugar de provocar enfrentamientos en la calle, acarrear gente como si fueran ganado para llenar plazas públicas en contra de una gobernadora que, al final de su mandato, se encuentra enredada en una crisis que parece no tener fin.
MORENA, ya derrotado moralmente
Recordando al “filósofo de Macuspana”, Andrés Manuel López Obrador, parece que ahora sí quien se encuentra moralmente derrotado es el movimiento que él fundó con notable inteligencia política: el Movimiento de Renovación Nacional, MORENA.
Una coalición de colectivos ciudadanos agrupados bajo el nombre Narcopolitícos presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otros 55 políticos vinculados a MORENA, acusándolos de haber obtenido apoyo del crimen organizado en las elecciones de 2021 en ese estado y de haber beneficiado al cártel conocido como Los Chapitos, causando graves consecuencias para la población. La denuncia coincide con los diez funcionarios acusados formalmente por la justicia de Estados Unidos en un tribunal federal de Manhattan, a quienes se acusa de haber protegido al Cártel de Sinaloa, facilitando el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Lo verdaderamente crítico es que las líneas de investigación apuntan ya hacia la familia presidencial, como en aquel 1986 salpicaba también a la cima del poder. La vinculación judicial de decenas de personajes ligados a MORENA y al crimen organizado parece no tener reversa. Y la historia, como siempre, se repite para quienes no aprendieron de ella.
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