Por Jorge Cruz Camberos
Está detenido por trámites que nadie terminó
Mientras el Gobierno del Estado y el IMSS se culpan por el retraso del nuevo hospital regional de Chihuahua, el expediente administrativo muestra una historia distinta. No es solamente un pleito político. Es una cadena de trámites técnicos y jurídicos que apenas comenzó a resolverse en julio. Pero detrás de la discusión por el terreno existe una pregunta todavía más urgente: ¿qué pasó con las irregularidades denunciadas en el almacén que ya opera el Instituto?
En Chihuahua llevamos meses escuchando versiones distintas sobre el nuevo hospital regional del IMSS. El Gobierno del Estado asegura que entregó el terreno. El Instituto responde que el predio todavía no cumple con todos los requisitos. Unos hablan de falta de voluntad federal. Otros señalan omisiones estatales. Y mientras ambos lados intercambian declaraciones, los derechohabientes siguen esperando.
Pero cuando uno deja a un lado los boletines y revisa el expediente, aparece una historia menos espectacular, aunque mucho más reveladora. El hospital no está detenido únicamente por un gran desacuerdo político. Está detenido por una lista de trámites técnicos y legales que nadie terminó a tiempo.
Lo que realmente dice el expediente
El 9 de julio, el IMSS solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil un análisis de riesgo sobre el predio propuesto para construir el hospital. Se trata de un terreno de aproximadamente 206 mil metros cuadrados, ubicado sobre el Periférico Francisco R. Almada, en la zona limítrofe entre Chihuahua y Aquiles Serdán, y donado por el Gobierno del Estado. La respuesta llegó un día después.
Fue un estudio técnico de 17 páginas que puso sobre la mesa dos elementos que casi no habían aparecido en la discusión pública. El primero es la existencia de una gasolinera a aproximadamente 100 metros del predio. Esto no significa que el hospital no pueda construirse ahí, pero sí obliga a cumplir con disposiciones específicas en materia de zonificación, uso de suelo y protección civil.
El segundo punto es todavía más delicado. El terreno colinda con el Arroyo El Cacahuatal, que registró un desbordamiento el 2 de julio de 2025. No hablamos de un riesgo imaginario ni de una posibilidad remota incluida por precaución en un documento burocrático. Ya ocurrió. Protección Civil tampoco descartó el predio ni pidió buscar otra ubicación. Solicitó un estudio de mecánica de suelos y un sistema de drenaje y desfogue pluvial que evite la acumulación de agua. Eso es lo que falta hacer. No lo que falta discutir.
El terreno necesita certeza jurídica
Existe además otro tema que no debería minimizarse: la cadena de propiedad. El terreno proviene de una parcela ejidal que fue privatizada en 2025, antes de pasar a la Comisión Estatal de Vivienda y posteriormente ser ofrecida al IMSS. Eso no significa necesariamente que exista una irregularidad.
Pero una obra federal de esta dimensión requiere un historial registral limpio, completo y verificable. No puede haber dudas sobre la propiedad, los gravámenes, el uso de suelo ni las condiciones de la donación.
El Gobierno del Estado sostiene que ya cumplió con la entrega. El IMSS afirma que todavía falta acreditar que el terreno se encuentra en condiciones jurídicas y técnicas para ser recibido. Ambos pueden tener una parte de razón. El problema es que el calendario presupuestal no espera a que se pongan de acuerdo.
Septiembre sí importa
Si las condiciones jurídicas mínimas del terreno no quedan resueltas para septiembre, existe el riesgo de que el hospital no pueda incorporarse al presupuesto federal que deberá discutirse y aprobarse en noviembre. La consecuencia no sería solamente un retraso de algunas semanas. Chihuahua podría perder otro ejercicio presupuestal completo. Por eso septiembre no es una fecha administrativa cualquiera. Es una ventana que comienza a cerrarse.
El Gobierno del Estado debe concluir la integración jurídica y técnica del predio. El IMSS debe precisar por escrito qué requisitos continúan pendientes y comprometer tiempos concretos de revisión. Y los diputados federales por Chihuahua deben hacer su parte. Son ellos quienes tienen que defender el proyecto durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación y construir un frente común, sin importar su partido.
Tienen además un argumento poderoso: Chihuahua se encuentra entre los estados que más aportan mediante empleo formal, cuotas obrero-patronales, producción y recaudación, pero recibe un retorno insuficiente en infraestructura y prestaciones médicas. Los empleadores cumplen. Los trabajadores cumplen. La Federación también debe cumplir.
Pero incluso si mañana quedara resuelto todo el expediente del terreno, seguiría existiendo una pregunta que no necesita esperar hasta septiembre. ¿Qué pasó con el almacén? Mientras se decide si un nuevo predio puede alojar el hospital y un almacén delegacional, el almacén que ya existe continúa operando en Calzada Morelos número 21.
En mayo, el propio IMSS reconoció señalamientos relacionados con presuntos cobros indebidos, presencia irregular de personal externo, retrasos en la distribución y manejo inadecuado de medicamentos. No fueron rumores que el Instituto negara.
El IMSS anunció que reforzaría los controles y que iniciaría investigaciones laborales y administrativas. Desde entonces, no existe un informe público que permita conocer qué se encontró. No sabemos si hubo responsables. No sabemos si se impusieron sanciones. No sabemos si se corrigieron los procesos. No sabemos si continúa ingresando personal ajeno a las funciones del almacén. Y tampoco sabemos si las fallas detectadas afectaron el abasto o la distribución de medicamentos para los derechohabientes. Han pasado más de dos meses.
La ausencia de respuestas resulta especialmente grave porque este problema no depende de una escritura, de una mecánica de suelos, de Protección Civil ni de la aprobación del Congreso. Depende de gestión, supervisión y transparencia. Un edificio nuevo no corrige una mala operación
Todo esto ocurre durante el mismo año en que la inversión federal del IMSS destinada a Chihuahua cayó casi 55%, al pasar de alrededor de 1,384 millones de pesos a 646 millones. La reducción es todavía más difícil de aceptar cuando recordamos que Chihuahua es uno de los estados que más aporta al sistema mediante cuotas obrero-patronales. Por eso la discusión está colocada en el orden equivocado.
Nos dicen que primero debe resolverse el terreno, después vendrá el hospital y, eventualmente, se atenderá la operación del almacén. Debería ser al revés. Porque si hoy no somos capaces de operar con transparencia un almacén que ya existe, ¿con qué autoridad cualquiera de los dos gobiernos puede exigir al otro la construcción de un hospital de 260 camas? Un edificio nuevo no resuelve por sí mismo un problema de gestión. Solamente lo traslada a instalaciones más grandes.
Antes del hospital, las respuestas
Chihuahua sí necesita un nuevo hospital regional del IMSS. Necesita más camas, más especialistas, mejores instalaciones y atención digna para las familias que durante años han sostenido al sistema con su trabajo y sus aportaciones. El terreno debe regularizarse. Los estudios deben concluirse. Y el presupuesto debe defenderse antes de que se cierre la ventana de septiembre. Pero eso no puede convertirse en una cortina que oculte lo que está pasando hoy.
Antes de continuar la pelea por el predio que probablemente inaugurará otro gobernador, alguien tiene que explicar qué ocurrió con la investigación del almacén delegacional. Esa respuesta no depende de un estudio de suelo. No depende de una donación. No depende de Protección Civil ni de los diputados federales. Depende únicamente de voluntad para informar.
El hospital puede tardar años en construirse. La transparencia del almacén no debería tardar ni un día más. Que cada autoridad haga su parte: el Estado, resolviendo el terreno; el IMSS, terminando el expediente y transparentando la investigación; y los diputados federales, defendiendo el presupuesto que Chihuahua merece. Porque septiembre se acerca. Pero los medicamentos, los pacientes y las familias de Chihuahua no pueden esperar a septiembre.
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