Por Martín Zermeño
Jorge Cruz: ¿Iluso?
En cada proceso electoral aparecen los mismos nombres. Funcionarios, legisladores, dirigentes partidistas y personajes que llevan años construyendo posicionamiento político a punta de presupuesto público, de despacho oficial y de fotografía institucional. Y de vez en cuando surge un nombre que rompe el guion: Jorge Cruz Camberos.
Cruz Camberos preside DESEC Chihuahua, el organismo empresarial de Desarrollo Económico del Estado, y en mayo de este año se destapó públicamente para buscar la candidatura a la alcaldía de la capital rumbo a 2027.
Cruz Camberos se presenta ante el electorado como el outsider, el ciudadano ajeno a la política tradicional, el empresario que viene “de fuera” a sacudir un sistema viciado.
¿Por qué entonces las encuestadoras no lo incluyen en sus mediciones? Normalmente las encuestas premian a quienes ya tienen exposición mediática desde el cargo público, y un perfil empresarial parte en desventaja. Hay algo de cierto ahí.
Por cierto, otro diferenciador de Jorge Cruz, es que escribió y presentó su libro “Chihuahua, corazón del Norte”, que fue bien recibido por la sociedad chihuahuense; en donde hay varios planteamientos interesantes, habla de gobierno abierto, de indicadores, de innovación, de la municipalización de tránsito, de la Junta de Aguas y de la falta de un “city manager” en Chihuahua capital. Son temas legítimos y necesarios.
La ciudad efectivamente carece de un administrador profesional que separe la gestión técnica del ciclo electoral, y cualquier aspirante que ponga ese tema sobre la mesa merece ser escuchado.
El IMCO, en la mediación de competitividad, tiene en semáforo rojo a Chihuahua Capital en temas de movilidad, vialidad, accidentes viales, muertes por accidentes viales y el insuficiente servicio público del agua potable, por eso es de urgente necesidad que ambas dependencias de orden estatal se trasladen al ámbito municipal señala Cruz.
El participar en política partidista no es nada fácil y menos en estos momentos en donde se han tejido intereses desde la cúpula del poder que está enfrentando a los chihuahuenses y en donde los aspirantes a diferentes cargos públicos por los diversos partidos han polarizado a la sociedad, haciendo que las elecciones del 2027 sean de pronostico reservado; las propuestas hechas por Jorge Cruz son pertinentes, pero lo hacen parecer un iluso de la política. ¿Tendrá oportunidad de participar?
IMSS, el hospital que nadie explica
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chihuahua, Leopoldo Mares Delgado, sostiene que el nuevo hospital del IMSS proyectado para la capital debe planearse con visión de largo plazo. Tiene razón en el diagnóstico, aunque su defensa suena, a estas alturas, más a comunicado de relaciones públicas que a exigencia ciudadana.
Mares recordó que el hospital actual, construido hace 57 años, se quedó corto porque nunca se pensó en el crecimiento de la ciudad. Y planteó que el terreno de 20 hectáreas ubicado en la zona de La Concordia, propiedad del Gobierno del Estado, resolvería el problema a futuro, pese a que hoy se perciba alejado del área urbana. El argumento es razonable en el papel. Lo que no es razonable es la cadena de años perdidos que hay detrás.
Por su parte, el delegado del IMSS, Julio Mercado Castruita, en clara defensa de la institución, expuso una cronología que debería avergonzar a más de un funcionario: la gestión de un terreno arrancó formalmente en noviembre de 2020, bajo el ayuntamiento entonces encabezado por la hoy gobernadora Maru Campos. En 2021 el Registro Agrario Nacional (RAN) determinó que el predio propuesto estaba asignado a un particular y no era “donable”. En 2023 el municipio ofreció una permuta que resultó improcedente. En 2025 el mismo ayuntamiento volvió a poner sobre la mesa el terreno ya rechazado. Y apenas en noviembre de 2025 el Gobierno del Estado propuso el predio de Aquiles Serdán, con más de 206 mil metros cuadrados, que a julio de 2026 seguía atorado por respuestas tardías o ambiguas de Protección Civil estatal y municipal.
Cinco años de vueltas, dos administraciones y ningún terreno definitivo. Mientras tanto, el hospital Morelos actual opera saturado y Chihuahua acumula un rezago documentado en camas hospitalarias por habitante. El Presidente del CCE afirma que Chihuahua aporta más de 20 mil millones de pesos anuales en cuotas al Seguro Social, y que una inversión de 3 a 6 mil millones de pesos para el hospital es perfectamente viable financieramente. Si eso es cierto, entonces la pregunta es simple: ¿quién retrasó la entrega de un terreno jurídicamente limpio durante cinco años, y por qué nadie ha asumido esa responsabilidad en público?
Lo de menos, a estas alturas, es discutir si el terreno definitivo queda o no cerca de la mancha urbana. Lo verdaderamente grave es que el expediente que hoy exhibe el propio IMSS documenta con fechas, oficios y resoluciones quién retrasó y quién politizó un hospital que Chihuahua necesita desde hace una década. Lo demás son espectaculares y frases de campaña.
Los empresarios que juegan con fuego
Desde que el gobierno de Donald Trump comenzó, en febrero de 2025, a clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos —hoy son diez: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Tren de Aragua, MS-13, el Cártel de Juárez y Los Viagras—, hay un temor fundado entre empresarios mexicanos que durante décadas hicieron negocio con el crimen organizado sin pensar en consecuencias reales.
Esta semana ese temor se volvió noticia nacional. El pasado 16 de julio fue detenido en Baja California el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado por la Fiscalía General de la República como accionista mayoritario de Ingemar, empresa vinculada al hallazgo de 33 ferrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila. La FGR sostiene que la red, integrada por al menos once empresas, habría evadido más de 4 mil millones de pesos en impuestos y que existen órdenes de aprehensión contra 25 personas más. Ruffo, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, se dijo víctima de un caso político. El expediente, con fechas, aduanas de entrada y montos precisos, es contundente.
No es un caso aislado ni de un solo partido. A finales de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los empresarios mexicanos Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, junto con nueve empresas, por presuntamente operar una red de huachicol fiscal relacionado directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y reportes periodísticos basados en el Registro Público de Comercio han identificado a otro grupo de empresarios —entre ellos Carmona, Blanco Cantú, Portales Ávila, Salas Ramírez, Murguía Santiago, Ramírez Guardado, Tijerina Mendoza, Guillén Chávez y González Hemad— señalados por la propia FGR de operar con respaldo de organizaciones criminales, no solo en huachicol sino también en tráfico de armas.
En la política no hay color que se salve. Analistas y medios en Washington hablan de una lista de gobernadores, legisladores y exfuncionarios de distintos partidos bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, que va de Morena al PAN pasando por el PRI y aliados menores. Los delincuentes de cuello blanco decidieron hace tiempo que la ideología es lo de menos: hacen negocio lo mismo con gobiernos de izquierda que de derecha, y lo mismo con cárteles del norte que del sur del país.
El periodista Raúl Olmos, autor de la investigación de referencia sobre el tema, calcula que el huachicol fiscal —la mayor estafa documentada en la historia reciente de México— supera ya los 700 mil millones de pesos en daño al erario. Ese dinero se convirtió en negocios, en campañas, en protección política y en fortunas empresariales que hoy se presentan en sociedad como filantropía y liderazgo.
Este año seguiremos viendo escándalos. Cada uno confirmará lo mismo: que una parte de la clase empresarial mexicana se dejó seducir por el dinero fácil del crimen organizado sin calcular que, tarde o temprano, la cuenta llega. Y esta vez, con Washington clasificando a los cárteles como terroristas y hurgando en las cuentas bancarias de sus socios civiles, la cuenta puede llegar más rápido y más cara que nunca.
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