México inició una nueva etapa en la transformación de sus operaciones comerciales y financieras. Con la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el país establece un marco legal para ampliar el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas digitales en comercios, servicios y trámites gubernamentales. El cambio abre oportunidades para modernizar las operaciones, pero también plantea desafíos de infraestructura, conectividad e inclusión financiera para empresas y consumidores.
Una nueva regulación para impulsar los pagos digitales
El decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue publicado el 4 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor al día siguiente. Su objetivo es promover la adopción e implementación de medios de pago digitales y electrónicos en todo el territorio nacional.
La legislación contempla distintas modalidades: tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, domiciliaciones, códigos QR y dispositivos NFC, utilizados para realizar pagos sin contacto. Por tanto, su alcance va más allá de las compras por internet: busca ampliar las alternativas disponibles para realizar operaciones económicas cotidianas.
Uno de los cambios relevantes está en la participación de las autoridades. La ley establece que los gobiernos federal, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar estos medios de pago en sus trámites y servicios. Esto implica avanzar en la infraestructura tecnológica y en los mecanismos que permitan a los usuarios realizar operaciones de manera electrónica.
Para los proveedores de bienes y servicios, la legislación contempla la implementación de estos medios y establece que, para su adopción, deberán habilitar infraestructura, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y atender las contingencias que impidan recibir pagos digitales, conforme a las disposiciones aplicables.
¿Qué pasará con el efectivo?
La entrada en vigor de la ley no significa que los billetes y las monedas desaparecerán ni que todos los establecimientos tendrán que dejar de recibir efectivo. El artículo 13 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.
El decreto establece un plazo de 15 días hábiles, posteriores a su entrada en vigor, para que Hacienda realice esa determinación. Una vez publicada, las autoridades competentes de cada sector contarán con otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones que establecerán condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos de operación.
Estas reglas también podrán contemplar periodos de transición gradual del efectivo hacia los medios digitales, de acuerdo con las características de cada actividad. Por ello, el alcance de las nuevas obligaciones para los establecimientos dependerá de las decisiones regulatorias que se publiquen posteriormente.
La legislación también considera situaciones extraordinarias. Cuando una contingencia impida recibir pagos digitales por fallas en la infraestructura, los sistemas o los servicios, se permitirá utilizar efectivo o cheque. Sin embargo, estas circunstancias no podrán justificar de manera permanente o recurrente el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
CURP Digital y servicios financieros a distancia
La transformación no se limita a la forma de pagar. La nueva legislación incorpora mecanismos para facilitar la contratación digital de servicios financieros y reducir algunos obstáculos relacionados con la identificación y entrega de documentos.
Entre ellos se encuentra la CURP Digital, que deberá ser aceptada como un mecanismo de confianza para contratar servicios financieros por medios digitales, conforme a las disposiciones que emitan las autoridades competentes. Las personas usuarias también podrán elegir otro mecanismo de identificación oficial.
Otro instrumento es el Expediente Digital Ciudadano, que permitirá a las entidades financieras consultar o utilizar documentos e información de las personas usuarias cuando estas lo soliciten. La ley reconoce que los documentos digitales contenidos en ese expediente producirán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos, de acuerdo con la normatividad vigente.
Estas disposiciones pueden facilitar procesos como la apertura de cuentas y la contratación de productos financieros a distancia, al reducir la dependencia de trámites presenciales y documentación física.
Banxico y la infraestructura para ampliar los pagos
El Banco de México tendrá atribuciones para impulsar la adopción de estos mecanismos. Entre ellas se encuentran facilitar las transferencias electrónicas, emitir disposiciones para homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras y establecer medidas que favorezcan el acceso de la población a los servicios financieros.
Un punto de interés para los comercios es la posibilidad de que las terminales punto de venta que actualmente reciben pagos con tarjeta también permitan procesar operaciones mediante códigos QR, siempre que cumplan las especificaciones técnicas y operativas que establezca el banco central, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por su parte, las entidades financieras deberán promover la inclusión financiera, difundir sus productos y servicios, impulsar el uso de distintos niveles de cuentas de depósito y facilitar el otorgamiento de créditos, financiamientos y préstamos mediante canales digitales.
La ley también contempla la conectividad como una condición indispensable. El artículo 18 establece que las autoridades deberán impulsar planes, políticas y programas para facilitar el acceso de la población a estos medios de pago. Esto reconoce que la digitalización requiere algo más que aplicaciones: necesita redes, infraestructura y condiciones para que las personas puedan utilizarlas.
El desafío para las empresas: tecnología, conectividad e inclusión
Para los negocios, la expansión de los pagos digitales puede representar oportunidades para agilizar cobros, facilitar transacciones y mejorar el registro de sus operaciones. Al mismo tiempo, implica evaluar sus sistemas de recepción de pagos, la conectividad de sus establecimientos y la capacitación de sus equipos.
La adopción también puede favorecer una mayor trazabilidad de las operaciones económicas, al generar registros electrónicos de las transacciones. Este elemento puede contribuir a mejorar los controles administrativos y contables de los negocios, aunque sus efectos dependerán de las condiciones de implementación y del uso que se dé a la información.
Sin embargo, el avance no será uniforme. Los establecimientos de menor tamaño, los negocios ubicados en zonas con conectividad limitada y las personas que todavía tienen un acceso reducido a servicios financieros enfrentan condiciones distintas para incorporarse a este modelo. Por eso, la inclusión financiera y el acceso tecnológico serán determinantes para evitar que la transición amplíe las brechas existentes.
La legislación también incorpora disposiciones relacionadas con la simplificación de trámites para el desarrollo económico. Entre ellas, establece que las autoridades deberán adoptar modelos homologados y soluciones tecnológicas desarrolladas o habilitadas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.
Una transformación que exigirá preparación
La Ley de Economía Digital establece las bases para ampliar los pagos electrónicos en México, pero su impacto dependerá de cómo se traduzca en infraestructura, regulación y condiciones reales de acceso. Para las empresas, el reto será adaptar sus procesos y aprovechar las herramientas disponibles; para las autoridades, garantizar que la modernización llegue a distintos sectores y regiones.
El efectivo no desaparecerá de manera inmediata ni generalizada. Lo que comienza es una transición hacia un entorno en el que los pagos digitales tendrán mayor presencia y, en determinadas actividades que defina Hacienda, podrán convertirse en la única alternativa.
La competitividad de los negocios también estará vinculada con su capacidad para incorporar tecnología, ofrecer mejores experiencias de pago y operar en un entorno financiero más conectado. La digitalización ya no será únicamente una ventaja operativa: se perfila como una condición cada vez más relevante para participar en la economía del futuro.
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