Por Jorge Rodrigo Cruz Camberos
La nueva ola de impuestos aprobada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados promete darle un respiro a las finanzas federales, pero podría quitarle el aire a la economía real: al consumo, la competitividad y la confianza de las familias.
A partir de 2026, productos y servicios tan cotidianos como refrescos, cigarros, videojuegos violentos e incluso sueros orales tendrán nuevos gravámenes. También se encarecen trámites migratorios, licencias aeronáuticas, inspecciones financieras y permisos de residencia, con aumentos que en algunos casos superan el 100%.
El formato SAM —antes gratuito para que menores viajen solos— ahora costará 294 pesos. Un ejemplo claro de cómo el Estado convierte un derecho en un ingreso.
El argumento fiscal
El Gobierno federal estima obtener 271 mil millones de pesos adicionales con estas medidas.
Sin embargo, como advirtió el diputado Jericó Abramo, México necesita 1.5 billones de pesos para estabilizar sus finanzas. En otras palabras, se está parchando el hoyo fiscal con impuestos menores, sin atacar el fondo: una economía que produce poco y depende mucho del consumo interno.
Impacto en la competitividad
Subir impuestos en servicios y trámites incrementa los costos operativos de empresas e inversionistas.
Si obtener permisos, importar insumos o registrar actividades se vuelve más caro, el país pierde atractivo frente a sus competidores regionales en el nearshoring, como Costa Rica o Colombia, que están ofreciendo incentivos y simplificación.
México no puede ser un país que “cobra más por hacer lo mismo”, sino uno que produce más con mejores condiciones.
Si el Estado no reinvierte en infraestructura, educación técnica o seguridad, la carga impositiva sólo erosiona la competitividad.
Golpe al consumo y al ánimo social
En lo social, el efecto es directo: menor poder adquisitivo y menor consumo.
Cuando se encarecen productos populares, se limita la circulación del dinero local y se debilita el pequeño comercio —el que sostiene la economía en miles de municipios.
Además, muchos de los nuevos cobros afectan a la clase media formal, la misma que paga impuestos, genera empleo y sostiene el gasto público. Una fórmula peligrosa para la estabilidad social si no se equilibra con transparencia y resultados.
México necesita más inversión, no sólo más impuestos.
Recaudar sin transformar termina siendo pan para hoy y menos competitividad para mañana.
La verdadera fortaleza fiscal nace de un país que produce, innova y confía en su gobierno.
