Con el objetivo de enfrentar la creciente amenaza de la violencia digital, impulsada por el avance de las nuevas tecnologías y el uso extensivo de las redes sociales, el legislador del PRI, Omar Bazán, ha propuesto una reforma que sancione estas conductas con un enfoque regional.
La violencia digital puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y sus efectos pueden perdurar indefinidamente en la red. Se manifiesta a través de acoso, difamación, amenazas y extorsión, generando consecuencias psicológicas y emocionales significativas para las víctimas. Es imperativo que adoptemos medidas tanto de regulación como de prevención.
Bazán destacó que una de las formas más comunes de violencia digital es el ciberacoso, que implica el uso de medios digitales para hostigar, humillar o intimidar a una persona de manera repetida. Este acoso puede ocurrir en plataformas de redes sociales, foros, aplicaciones de mensajería y otros espacios en línea, perpetrado tanto por individuos conocidos como anónimos.
Otra forma de violencia digital es la difusión no consensuada de imágenes o videos íntimos, conocida como pornografía de venganza. Este tipo de agresión es particularmente devastador, ya que viola la privacidad de las víctimas y puede tener consecuencias duraderas en su vida personal y profesional. La distribución masiva de estas imágenes agrava el daño psicológico y social.
Además, la difamación y el discurso de odio son formas de violencia digital que afectan gravemente a las personas. La difamación implica la publicación de información falsa o engañosa para dañar la reputación de alguien, mientras que el discurso de odio incita a la discriminación, violencia o intolerancia hacia un grupo o individuo. Estas formas de violencia no solo perjudican a las víctimas, sino que también contribuyen a la polarización social y la propagación de la desinformación.
La violencia digital no se limita a estos ejemplos; también incluye amenazas en línea, extorsión, hacking, suplantación de identidad y otras acciones destinadas a dañar, controlar o manipular a las personas. La facilidad para llevar a cabo estas agresiones, combinada con el anonimato que a menudo proporciona el entorno digital, hace que la violencia digital sea un problema complejo de abordar.
El impacto de la violencia digital en las víctimas es profundo y multifacético. A nivel psicológico, puede provocar ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras afecciones mentales. El acoso y la difamación en línea pueden llevar a la pérdida de autoestima, aislamiento social e incluso al suicidio en casos extremos. Además, la violencia digital puede tener consecuencias tangibles, como la pérdida de empleo, el deterioro de relaciones personales y riesgos físicos.
El entorno digital presenta un desafío para la regulación y la aplicación de la ley. A diferencia de la violencia física, que ocurre en un espacio y tiempo definidos, la violencia digital puede suceder en cualquier momento y lugar, y sus efectos pueden persistir indefinidamente en la red.
La reforma propuesta por Omar Bazán contempla sanciones en el Código Penal del Estado de Chihuahua para la violencia digital y garantizará protección para ciudadanos, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Además, tanto las autoridades como quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia deberán tomar medidas para detectar y abordar de manera integral los casos en que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación para agredir o vulnerar la dignidad, intimidad, libertad y vida privada.
