Por Martín Zermeño
La transición coja
La transición democrática del año 2000 quedó coja. La alternancia en la Presidencia no vino acompañada de lo indispensable: desvincular al Estado de los grupos del crimen organizado que dominan buena parte del territorio nacional. No hubo un proceso de justicia transicional, y esa omisión hoy nos pasa factura: las elecciones de 2027 amenazan con convertirse en el campo de batalla de más de 200 grupos criminales esparcidos por el país.
El Estado mexicano estaba profundamente entrelazado con el crimen organizado y, en el tránsito a la democracia, nadie se ocupó de cortar ese nudo. Con la alternancia llegaron nuevos gobernadores que colocaron a nuevos actores en puestos clave: algunos dispuestos a enfrentar al crimen, otros con sus propios arreglos. La ruptura de las viejas alianzas desató una competencia violenta por el territorio y por la protección estatal. Sin esa protección garantizada, los grupos criminales se armaron con ejércitos privados. De ahí proviene la escalada de violencia que hoy padecemos.
Debimos tener un proceso de justicia transicional. La democracia mexicana no lo tuvo y arrastra una deuda enorme. Las comisiones de la verdad han sido regionales, con pocos recursos y demasiada politización. Un gobierno que de verdad quiera investigar y castigar tiene que hacerlo sin mirar colores: da igual si los señalados militan en la oposición o en su propio partido. Esa es la vara con la que debe medirse cualquier discurso oficial contra la impunidad, y es la vara que, hasta ahora, ningún gobierno ha querido usar.
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El crimen como empresa, el Estado como protector
La semana pasada asistí, en la Ciudad de México, a una conferencia magistral de la politóloga Sandra Ley, una de las investigadoras que con mayor rigor ha estudiado la relación entre crimen y elecciones en México. Su trabajo reciente, Democracia, poderes fácticos y regímenes de gobernanza criminal, publicado por el Instituto Nacional Electoral en 2024, examina cómo el crimen organizado ha permeado la estructura electoral durante las últimas décadas y ha lesionado la construcción democrática.
Ley parte de preguntas elementales: ¿qué es el crimen organizado?, ¿qué significa un régimen de gobernanza criminal?, ¿cómo opera dentro de los partidos y los gobiernos?, ¿cómo impone el terror en la vida pública? Su definición es precisa: se trata de “empresas privadas que operan en mercados ilícitos y que buscan maximizar sus rentas económicas”. Esas empresas recurren a la violencia con dos fines concretos: obtener ganancias sin límite y convertirse en monopolios de sus mercados.
El punto crucial es que tales emporios necesitan la “protección informal” del Estado —policías, militares y fiscales—, que se paga con grandes sumas de dinero. Así se teje una red de intereses políticos y económicos que garantiza la continuidad de esa protección. La lucha por el monopolio conduce a la guerra y obliga a los grupos delictivos a preservar sus complicidades; por eso cualquier cambio en las estructuras políticas desata presión, corrupción y violencia. Infiltrar al gobierno les sirve para eliminar rivales, conservar el respaldo de agentes del Estado y disuadirlos de aplicar la ley.
La gobernanza criminal, explica Ley, existe cuando estos grupos imponen controles sobre las estructuras políticas, económicas y sociales de las comunidades. Su herramienta principal es la violencia, y con ella influyen en el financiamiento de las campañas, la selección de candidatos, la integración de los gabinetes y la vida económica de las poblaciones: extorsión, producción de alimentos, extracción de recursos naturales, permisos para abrir negocios, préstamos, renta de locales y vivienda. El caso del limón en Michoacán demuestra que su alcance ya no se limita a los mercados ilegales. El saldo de esta violencia en lo que va del siglo XXI suma cientos de miles de muertos, más de 100 mil desaparecidos y millones de desplazados.
La autora reconstruye también la historia de este fenómeno: el reinado de los grandes cárteles en los años ochenta y noventa; las sangrientas disputas por el territorio durante la alternancia; la confrontación directa del gobierno con los cárteles en la llamada guerra de Calderón, con sus dramáticas consecuencias, y el surgimiento de nuevos grupos tras la fragmentación de las organizaciones principales. Esa fragmentación es clave para entender el presente: más grupos significan más competencia, y más competencia significa que la política local se vuelve un botín. Los grupos criminales no buscan gobernar ni apoderarse del Estado, pero sí decidir quién gobierna y en qué condiciones.
Votar entre balas: las cifras de 2024
En materia electoral, la realidad de al menos tres sexenios es la de una violencia que intimida a los votantes, roba material electoral, compra y coacciona el voto y, en los casos extremos, asesina a candidatas y candidatos. Lo que a simple vista parece una diversificación de los negocios criminales es, en realidad, la cooptación de las elecciones en amplias regiones del país.
Los datos que recoge Ley son alarmantes: entre 2006 y 2012, cerca de 90 personas candidatas fueron objeto de ataques; en el proceso electoral federal 2017-2018 se registró el asesinato de 48, y en 2024 hubo 320 ataques contra funcionarios y 37 aspirantes a cargos de elección popular asesinados. El problema no se reduce a las candidaturas: entre 2018 y 2023, alrededor del 18% de los municipios del país sufrió ataques directos del crimen organizado contra autoridades electas, funcionarios, candidatos y militantes de partidos.
Las mediciones independientes confirman que el proceso electoral 2023-2024 fue el más violento de la historia moderna de México. Según el reporte final de la consultora Integralia, entre septiembre de 2023 y junio de 2024 hubo 889 víctimas de violencia política, de las cuales 268 fueron asesinadas; 39 de ellas eran aspirantes o candidatos a un cargo de elección. La violencia creció 197.3% respecto del proceso 2020-2021 y 132.7% frente al de 2017-2018, y el 92% de los candidatos asesinados buscaba un cargo municipal, principalmente alcaldías. Por su parte, el proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, contabilizó 34 candidaturas asesinadas y otras 95 agresiones entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024; mayo fue el mes más violento de todo el sexenio.
El gobierno federal, en cambio, reconoció al 29 de mayo de 2024 apenas 22 homicidios: ocho de candidatos registrados, cuatro de precandidatos y diez de aspirantes, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las diferencias responden en parte a metodologías distintas, pero la distancia entre la cifra oficial y la de la sociedad civil no es un asunto técnico. Minimizar el problema es otra forma de tolerarlo.
Periodistas: el otro termómetro de la democracia
La misma lógica que elimina candidatos incómodos silencia a quienes informan. De acuerdo con Artículo 19, entre 2000 y 2026 han sido asesinados en México 181 periodistas en posible relación con su labor, según el recuento difundido a inicios de septiembre de 2026. Al cierre de 2025, la organización desglosaba así las cifras: 22 durante el gobierno de Vicente Fox; 48 con Felipe Calderón; 47 con Enrique Peña Nieto; 47 con Andrés Manuel López Obrador, y ocho en el primer tramo de Claudia Sheinbaum. Veracruz encabeza la lista con 31 casos, y a ello se suman 31 periodistas desaparecidos desde el año 2000.
Tan sólo en los primeros ocho meses de 2026 fueron asesinados ocho comunicadores; el más reciente, Ricardo Zúñiga Rosas, en Puebla, el 29 de agosto. Como periodista no puedo leer estas cifras como estadística: cada nombre es una pregunta que el Estado dejó sin respuesta. Un país donde se mata a quien compite por el poder y a quien lo vigila no vive una democracia plena, sino una democracia bajo tutela criminal.
¿Hay salida?
Cuando el crimen organizado puede limitar la participación electoral, coaccionar el voto y asesinar candidatos para que sólo sus opciones preferidas sean viables, resulta imposible cumplir las condiciones esenciales de toda democracia: la formulación libre de preferencias, su ponderación equitativa y su expresión libre en las urnas. Los ataques, además, trascienden el periodo electoral y alcanzan a autoridades en funciones e incluso en retiro, porque incidir en una elección significa influir después en nombramientos, finanzas públicas y políticas de seguridad.
Ley propone dos rutas. La primera, estrategias de seguridad coordinadas entre las fuerzas del Estado y los gobiernos municipales para proteger no sólo a funcionarios y candidatos, sino a la ciudadanía entera. La segunda, y más importante, una transformación profunda de las instituciones de procuración de justicia y la construcción de un verdadero Estado de derecho, invulnerable a la coerción criminal. Sólo así pueden garantizarse los derechos fundamentales —el derecho a la vida, en primer término— y una democracia sólida.
Agrego una exigencia: rumbo a 2027, partidos y autoridades electorales deben responder públicamente cómo revisarán el origen de sus candidaturas y de su dinero. Sin esa rendición de cuentas, cualquier protocolo de protección será sólo un paliativo, y la deuda de la transición seguirá cobrando vidas.
Bonilla “toma Juárez” el 10 de octubre
Como en un juego de guerra, el virtual candidato del PAN a la gubernatura, el alcalde con licencia Marco Bonilla, decidió rendir protesta como coordinador estatal de los Defensores de la Patria, Familia y Libertad en Ciudad Juárez, el próximo sábado 10 de octubre, por la tarde y en el corazón de la ciudad. De acuerdo con información oficial, el acto está previsto para las 18:00 horas y lo encabezará el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.
La elección de la plaza no es casual. La Toma de Ciudad Juárez, librada del 8 al 10 de mayo de 1911 por las fuerzas maderistas al mando de Pascual Orozco y Francisco Villa, precipitó la caída de Porfirio Díaz. La ciudad fronteriza era el objetivo más importante para la causa de Madero por su valor estratégico como paso hacia Estados Unidos.
La Revolución había estallado el 20 de noviembre de 1910, con la convocatoria de Francisco I. Madero a levantarse en armas contra el régimen porfirista bajo el lema “Sufragio efectivo, no reelección”. Las primeras escaramuzas surgieron en Cuchillo Parado y en Guerrero, Chihuahua. Tras la caída de Juárez, Díaz se vio forzado a renunciar el 25 de mayo de 1911, junto con su gabinete, y partió desde Veracruz al exilio en Francia, después de gobernar durante 30 años. A él se atribuye la frase: “Madero ha soltado al tigre; veremos si puede domarlo”.
Buen reto para los simpatizantes de Bonilla: iniciar en Juárez la lucha por la gubernatura 2027-2033. Pero la épica revolucionaria obliga. Si el PAN quiere apropiarse del símbolo maderista, el verdadero desafío no será llenar una plaza, sino garantizar el sufragio efectivo en un estado donde el crimen también hace campaña.
Y la reedición de los “barbaros del norte” también estará presente, aquella gesta de movilización social que encabezo Pancho Barrio y puso al régimen contra las cuerdas en la década de los 8O,s, en fin, parece que el cambio se gestará de la periferia al centro.
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