Por Martín Zermeño
IMPULSO Y EXPO CANACO: LA APUESTA DE LAZZAROTTO PARA 2026
Con un liderazgo ya consolidado al frente de la CANACO Chihuahua, Alejandro Lazzarotto fue ratificado para un segundo periodo como presidente del Consejo Directivo 2026–2027. En este contexto, anunció una serie de acciones estratégicas orientadas a fortalecer al comercio organizado de la capital, entre las que destacan el programa Impulso CANACO y el relanzamiento de la Expo CANACO.
El sector empresarial enfrentará en 2026 un escenario particularmente complejo. El impacto acumulado del incremento al salario mínimo, la entrada en vigor de la denominada Ley Silla y el aumento al impuesto sobre nómina representan una presión significativa, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base del comercio local.
Estos ajustes plantean retos estructurales para los negocios de menor tamaño. Ante ello, la CANACO ha definido como prioridad el fortalecimiento de la capacitación, el acompañamiento técnico y el acceso a esquemas de financiamiento, con el objetivo de elevar la productividad y evitar el cierre de unidades económicas.
La principal apuesta para este año será el programa Impulso CANACO, que contempla créditos sin garantía para empresas que atraviesen dificultades financieras. Se trata de un instrumento diseñado para mantenerlas en operación durante un año que se anticipa complejo. La alianza estratégica con NAFINSA permitirá multiplicar hasta por 18 veces el fondo que aporte CANACO, con tasas de interés por debajo del 14 por ciento, un incentivo relevante en el actual entorno financiero.
Asimismo, Lazzarotto confirmó que la Expo CANACO regresa con fuerza, con la intención de posicionarse nuevamente como el principal punto de encuentro comercial de fin de año, donde los chihuahuenses puedan adquirir obsequios navideños y productos esenciales para las celebraciones decembrinas. La propuesta busca resultar atractiva tanto para comerciantes como para consumidores, recuperando el prestigio histórico de este evento.
A lo anterior se suman iniciativas como El Mejor de Mi Ciudad y el Maratón CANACO, además de un ambicioso programa de eventos y capacitación que se desarrollará a lo largo del año. Destaca también una estrategia de promoción en diversas regiones de Estados Unidos, con énfasis en el turismo médico.
En apenas un año, Lazzarotto logró consolidar su liderazgo al frente del organismo empresarial más relevante de la capital. Para 2026, CANACO Chihuahua proyecta alcanzar los 13 mil afiliados, una cifra que refleja su fortaleza institucional y su capacidad de convocatoria.
CARLOS TORRES: DE JOVEN PROMESA A SOMBRA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Durante años, Carlos Torres Torres —conocido en círculos políticos como “El Niño”— fue visto como una joven promesa del panismo nacional. Cercano al entonces presidente Felipe Calderón, desde Los Pinos se impulsó su proyección política en Baja California, con la expectativa de consolidar un liderazgo emergente dentro del Partido Acción Nacional.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana cursada en Madrid, Torres tuvo una trayectoria temprana destacada. Fue secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California, secretario nacional de ese mismo órgano y presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina, vinculada a la ODCA. También se desempeñó como director del programa de juventud del Ayuntamiento de Tijuana entre 1998 y 2001.
En 2010 fue candidato del PAN —con el respaldo de Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social— a la presidencia municipal de Tijuana, elección que perdió frente al priista Carlos Bustamante Anchondo. Posteriormente, fue designado delegado federal de SEDESOL en Baja California y más tarde director general del Régimen de Protección Social en Salud -Seguro Popular- en la entidad.
Su trayectoria política dio un giro decisivo cuando fue electo diputado local en la XXII Legislatura de Baja California. Desde esa posición, se le atribuyó la operación política que permitió a siete legisladores aprobar la controvertida reforma para extender de dos a cinco años el periodo del entonces gobernador Jaime Bonilla. Este episodio derivó en su expulsión del PAN en 2019.
Ya fuera del blanquiazul, Torres se incorporó a MORENA, bajo la protección política de quien entonces era su esposa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, hoy gobernadora de Baja California. En octubre de 2024 fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos del estado, un cargo honorífico que, pese a no contar con remuneración, generó fuertes cuestionamientos por posibles conflictos de interés y presuntos beneficios indebidos a grupos empresariales cercanos, particularmente en el Centro Histórico de Mexicali.
La relación personal y política entre ambos fue objeto de escrutinio público. Contrajeron matrimonio en septiembre de 2019, con la presencia del entonces gobernador Jaime Bonilla. Sin embargo, tras hacerse pública la cancelación de la visa estadounidense de Carlos Torres, la gobernadora anunció su divorcio.
Posteriormente, trascendió la existencia de investigaciones federales en las que se le vincula presuntamente con una red de corrupción y crimen organizado. De acuerdo con información que ha circulado en instancias oficiales, Torres habría recibido sobornos mensuales del entonces director de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir la operación de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa.
La propia gobernadora confirmó tener conocimiento de una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República, relacionada con presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas, y aseguró que confía en que las autoridades esclarecerán los hechos. En dichas indagatorias también se menciona la posible participación de su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
De confirmarse estas acusaciones, el caso se convertiría en uno de los ejemplos más ilustrativos del tránsito de figuras políticas desde la promesa pública hasta la colusión con estructuras criminales. Todo indica que en las próximas semanas podrían hacerse públicas nuevas investigaciones que involucren a políticos y empresarios ligados al crimen organizado.
AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS SE LLEVAN A SEIS CAPOS DE CHIHUAHUA
El Gobierno de la República, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha concretado hasta ahora tres procesos de entrega que suman 92 personas consideradas generadoras de violencia. Entre ellas se encuentran al menos seis individuos cuyas operaciones estuvieron directamente vinculadas con el estado de Chihuahua, integrantes o líderes del Cártel de Juárez–La Línea y del Cártel de Sinaloa.
En la primera extradición, realizada el 27 de febrero de 2025, figuró Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, identificado como líder del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Un día después fue presentado ante la Corte Federal de Nueva York, en un contexto marcado también por negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
En ese mismo grupo fue extraditado Luis Gerardo Méndez Estevane, alias El Tío, integrante de Los Aztecas, brazo armado de La Línea, a quien se le atribuyen cientos de homicidios durante el periodo más violento del conflicto entre cárteles en Chihuahua.
Posteriormente, el 12 de agosto, fue extraditado Enrique Arballo Talamantes, alias Junior, líder de Gente Nueva, brazo armado del Cártel del Pacífico, con operaciones en la ciudad de Chihuahua.
A la lista se sumaron Roberto González, alias El 04 o Patas de Plátano; Humberto Rivera Rivera, alias El Viejón; y Gustavo Alfonso Castro Medina, vinculado al CJNG. Todos ellos considerados objetivos prioritarios por su papel como generadores de violencia en distintas regiones del estado.
Con el traslado de estos seis perfiles de alto impacto, las autoridades confían en una reducción de los delitos violentos en Chihuahua. Falta ver si, en los hechos, esta estrategia se traduce en mayor seguridad para la población.
