Por Ricardo Huerta
El análisis de la realidad nacional hoy no admite matices superficiales. Los datos publicados este 24 de marzo por el INEGI confirman una tendencia preocupante: la inflación general se aceleró al 4.63% en la primera quincena de marzo. Este fenómeno, lejos de ser una cifra abstracta, se traduce en una erosión directa de la capacidad de consumo de las familias mexicanas. Según la ANPEC, una familia de cuatro integrantes requiere hoy más de $10,000 pesos mensuales sólo para cubrir la canasta alimentaria básica, superando ya el salario mínimo actual.
Esta presión inflacionaria no ocurre en el vacío. Se presenta en un México donde el tejido social y la infraestructura básica muestran signos de un deterioro estructural profundo.
El colapso del sistema de protección social
El dato más alarmante de la administración actual es la duplicación de la carencia por acceso a servicios de salud. En 2018, 20.1 millones de personas enfrentaban este rezago; hoy, la cifra asciende a 44.5 millones. Este vacío institucional ha forzado a las familias a un “gasto de bolsillo” desproporcionado: el 40% de su presupuesto de salud se destina a la compra directa de medicamentos debido al desabasto en farmacias públicas.
La precariedad no se limita a las ciudades. En estados como Oaxaca, la geografía de la desigualdad dicta que el 25% de la población tarda más de dos horas en llegar a un hospital. La brecha tecnológica es igualmente abismal: mientras el promedio de la OCDE es de 51 equipos de diagnóstico avanzado por cada millón de habitantes, México apenas cuenta con 10.
Educación e infraestructura: las bases del estancamiento
El rezago educativo afecta al 19.4% de la población (24.4 millones de personas). No es solo un problema de cobertura, sino de condiciones operativas mínimas. En 2026, resulta paradójico que el 16.3% de las primarias públicas rurales aún carezcan de agua potable. Esta falta de servicios básicos, sumada a los costos indirectos (transporte y materiales), explica por qué el 30.9% de los jóvenes abandona el bachillerato.
A esto se suma una Red Nacional de Caminos fracturada. Más de la mitad del país (530,493 km) se compone de caminos no pavimentados. Según el CONEVAL, el 40% del territorio nacional tiene una accesibilidad “baja” o “muy bajo”, lo que condena a las comunidades indígenas —donde el rezago educativo es del 36%— a un aislamiento que perpetúa el ciclo de la pobreza.
Prioridades vs. realidades: la política exterior en cuestión
En este contexto de fragilidad interna, la decisión de la Presidenta de México de enviar buques a Cuba con alimentos, insumos médicos, paneles solares y combustible genera un cuestionamiento legítimo sobre la jerarquía de las prioridades estatales.
Desde una perspectiva analítica, el costo de oportunidad de estos recursos es altísimo. Cada panel solar enviado es una escuela rural mexicana que sigue a oscuras; cada insumo médico exportado es una receta que una familia mexicana deberá pagar de su propio bolsillo.
La política exterior no debería ser un mecanismo de auxilio ideológico mientras los indicadores de bienestar interno se encuentran en semáforo rojo. Un Estado que no puede garantizar la conectividad básica de sus comunidades indígenas ni la suficiencia alimentaria de sus niños con desnutrición crónica (que hoy suman 1.5 millones), difícilmente puede sostener una diplomacia de generosidad energética y médica sin vulnerar el mandato constitucional de proteger a sus propios ciudadanos.
LEER MÁS: El error de excluir a México del “Escudo de las Américas”
Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes sobre sector empresarial, desarrollo económico y tendencias que impactan a Chihuahua directamente en tu celular.
https://chat.whatsapp.com/FOAvVNy6aQSJ5ZiXDQqbw3?mode=gi_t
