Por Ricardo Huerta
El pasado 31 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De esa conversación derivó un acuerdo que ha sido presentado como un logro diplomático: una prórroga de 90 días en la imposición de un arancel del 30% a las importaciones mexicanas. Sin embargo, más allá del optimismo inicial, es indispensable analizar si este “respiro” representa una solución de fondo o simplemente una tregua momentánea ante un problema estructural que sigue sin resolverse.
La amenaza que podría tener consecuencias
La amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos no es nueva. Trump ha utilizado esta estrategia en el pasado como un instrumento de presión política y económica. En esta ocasión, el argumento principal giró en torno al control migratorio y a supuestas “desventajas comerciales” para la economía estadounidense. El mensaje fue claro: si México no actuaba de inmediato, las tarifas se activarían, con consecuencias significativas para exportadores, cadenas de suministro y empleos en ambos países.
Para México, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos, la imposición de un arancel generalizado del 30% habría representado un golpe directo a su estabilidad comercial. El impacto en sectores como el automotriz, agroalimentario y manufacturero habría sido inmediato.
La realidad es que esta estrategia implementada por el presidente estadounidense le ha servido para mejorar las cifras del desarrollo económico de aquel país y a su vez le ha traído simpatía con su base votante.
Lo rescatable de la diplomacia ¿Qué se acordó exactamente?
Primero, el acuerdo otorgó un plazo de 90 días durante el cual no se aplicarán los aranceles anunciados, lo que da un respiro a las empresas mexicanas exportadoras. A cambio, México se comprometió a reforzar las medidas de contención migratoria en su frontera sur y a incrementar los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad fronteriza. Aunque el gobierno federal ha presentado esto como una solución diplomática eficaz, la realidad es que se trata más bien de una prórroga condicionada que deja a México en una posición vulnerable frente a futuras amenazas similares.
Es decir, no es una ventana de acciones pasivas para México, sino un espacio de periodo “de gracia” para tener acciones contundentes y mandar señales a Estados Unidos de que se está cumpliendo lo que se acordó.
¿Cómo afecta a la economía mexicana?
Desde el punto de vista económico, el acuerdo sí evitó una sacudida inmediata en los mercados. La incertidumbre cambiaria se moderó, y la confianza de los inversionistas no sufrió mayores sobresaltos. No obstante, los fundamentos estructurales siguen siendo frágiles. La economía mexicana continúa dependiendo excesivamente de la relación comercial con Estados Unidos, sin una estrategia clara de diversificación ni fortalecimiento del mercado interno.
El uso del comercio como herramienta de presión política sienta además un precedente preocupante. Aceptar acuerdos de este tipo sin una negociación más equilibrada puede transmitir la señal de que México cede con facilidad ante la coacción, lo cual puede tener implicaciones negativas en futuras negociaciones multilaterales.
Se requiere de un acuerdo a largo plazo
Más allá del simbolismo político, el acuerdo de 90 días no soluciona el fondo del conflicto. Se postergó la crisis, pero no se construyó un marco duradero que dé certeza a los sectores productivos de ambos países. La ausencia de un acuerdo integral —que contemple comercio, migración y cooperación bilateral— deja a México en una situación de incertidumbre crónica.
Con este antecedente, que muchos celebran, el país corre el riesgo de enfrentar nuevas amenazas arancelarias en el futuro cercano, lo cual obstaculiza la planeación económica, la inversión y el desarrollo de políticas públicas sostenibles.
La oportunidad que no se aprovechó
México tenía la oportunidad de plantear un enfoque de negociación más estratégico: exigir reciprocidad, plantear soluciones integrales, e incluso recurrir a mecanismos internacionales si se percibía una violación a tratados vigentes. En lugar de eso, se optó por ganar tiempo. Y si bien evitar el golpe inmediato fue, sin duda, un alivio temporal, no basta con administrar las crisis. Es momento de diseñar una política exterior más firme, más preparada y con visión de largo plazo.
El acuerdo de 90 días representa una salida temporal ante una amenaza comercial inmediata, pero no atiende el trasfondo del conflicto ni genera certidumbre para el futuro. Si México desea dejar de depender de la voluntad política de cada administración estadounidense, es urgente dar un paso más allá del alivio momentáneo. Resulta necesario impulsar la instalación de mesas de trabajo binacionales permanentes que aborden, de manera integral, temas como comercio, migración, seguridad fronteriza y cooperación económica.
Sólo a través de un diálogo institucionalizado y con visión de largo plazo se podrá construir un acuerdo sólido que beneficie a ambas naciones y que otorgue certidumbre a los sectores productivos, más allá de plazos condicionados o amenazas unilaterales.
