Por Martín Zermeño
El acoso del SAT a la sociedad civil: ¿fiscalización o control político?
La revocación de permisos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos no es un asunto técnico ni un trámite menor: es una decisión de alto calado político que merece analizarse con toda la seriedad que exige la democracia mexicana.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiró del padrón de entidades donatarias a organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otras. El argumento oficial: incumplimiento de requisitos legales. La réplica de las organizaciones afectadas: opacidad, discrecionalidad y dobles raseros.
México Evalúa, en su comunicado, dejó en claro que desde diciembre pasado solicitó al organismo recaudador la renovación de su autorización y que aún aguarda resolución. “Nuestra organización continúa operando con normalidad y desempeñando su labor, que por más de 15 años se ha enfocado en la investigación con impacto social”, señaló la institución. Quince años de trabajo riguroso e independiente: eso es lo que está en juego.
Amnistía Internacional no tardó en reaccionar y calificó la medida como un golpe directo a la capacidad operativa de las OSC. Su advertencia es precisa: la decisión repercutirá en la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a la violencia de género y la protección de territorios indígenas. Las poblaciones más vulnerables —las que nunca salen en los comunicados del SAT— serán las que resientan el golpe.
Más aún, Amnistía Internacional hizo una observación que desnuda la asimetría del sistema: mientras a estas organizaciones civiles se les exige todo y se les fiscaliza sin tregua, muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo gastan los recursos que administran. “Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, sintetizó la organización en una frase.
El contraste más revelador, sin embargo, viene de adentro del propio sistema. Mientras el SAT tardaba semanas o meses en resolver solicitudes de organizaciones con décadas de trayectoria, la Asociación “Humanidad con América Latina” —ligada a la influencia política del expresidente López Obrador y dedicada a canalizar apoyos hacia Cuba— obtuvo su autorización como donataria en doce días naturales. Doce días. Una celeridad nunca antes vista en los laberintos de la dependencia hacendaria.
El SAT, en su comunicado del 24 de marzo, intentó blindar la decisión con un lenguaje técnico impecable: procedimientos legales, derecho de audiencia, publicación en el DOF, padrón de más de 10 mil donatarias. Todo en orden. Pero los números cuentan otra historia: de 10 mil organizaciones, las 270 revocadas —concentradas en aquellas que hacen contraloría ciudadana, investigación independiente y rendición de cuentas— representan una selección que difícilmente puede explicarse solo con la letra de la ley.
Un México más seguro y democrático —como bien lo señala Amnistía Internacional— necesita más sociedad civil, no menos. Las autoridades mexicanas tienen la palabra, y también la responsabilidad histórica de lo que decidan.
Inédito: mil chihuahuenses se inscriben al Diplomado de Liderazgo Comunitario
En tiempos de desencanto político y desconfianza ciudadana, Chihuahua acaba de dar una señal que vale la pena leer con detenimiento: mil personas se inscribieron al Primer Diplomado Internacional de Liderazgo Comunitario “Generación Samuel Kalisch”, que inicia el próximo 11 de abril. Una cifra inédita para un programa de esta naturaleza en el estado.
El programa, convocado por el Instituto SUPERA con el respaldo del Gobierno Municipal, FECHAC, la Universidad Regional del Norte y la Universidad del Alba de Chile, no es un evento académico más ni un esfuerzo cosmético de participación ciudadana. Es una apuesta estratégica, cuidadosamente estructurada, por reconstruir los puentes rotos entre la ciudadanía y sus instituciones desde el único lugar donde realmente importa: el tejido social de las colonias.
La arquitectura del programa habla por sí sola. Cuatro módulos —orden social, habilidades de liderazgo, valores éticos y proyectos comunitarios— articulan una formación integral que combina teoría humanista con resultados medibles en territorio. Y el elenco académico le da al diplomado una dimensión que pocas ciudades del norte del país podrían presumir: el ex Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, el colombiano Fernando Carrillo Flórez desde el Grupo PRISA, y el rector chileno Rafael Rosell Aiquel figuran entre los expositores de talla internacional.
El argumento económico es tan sólido como el académico. El Banco Mundial y la OCDE han documentado extensamente que el capital social es uno de los activos más rentables para el desarrollo local. Las comunidades organizadas reducen costos de gestión pública, mejoran la ejecución de programas sociales y generan cohesión que se traduce en menor conflictividad y mayor productividad colectiva.
Los 77 proyectos comunitarios que los participantes deberán desarrollar como trabajo final son, en la práctica, políticas públicas desde abajo. Ahí está la diferencia entre un diplomado que forma y un evento que entretiene.
Chihuahua tiene hoy la oportunidad de construir una generación de líderes vecinales capaces de interactuar con sus gobiernos, organizar a sus comunidades y transformar sus colonias con metodología, ética y visión de largo plazo. Las ciudades que prosperan no son las que esperan que alguien llegue a resolver sus problemas: son las que forman a sus propios líderes para hacerlo.
Un diez para el alcalde Marco Bonilla y para Mario García, Director Municipal de DesarrolloHumano y Educación, los dos grandes impulsores de este programa.
Se aclara el tablero: Bonilla vs. Cruz o Bonilla vs. Andrea, los escenarios del 2027
La política chihuahuense comienza a mostrar sus cartas con mayor nitidez. Conforme avanzan las semanas, el escenario para la gubernatura 2027 se va depurando, y en el Partido Acción Nacional (PAN) hay una realidad que cada vez resulta más difícil de ignorar: Marco Bonilla, alcalde de la capital, mantiene una ventaja de dos dígitos sobre sus cinco contrincantes internos y esa distancia no sólo no se cierra, sino que se consolida semana a semana.
El llamado “Grupo Timbiriche”, empeñado en impulsar la candidatura de Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública, se topa con una realidad inconveniente: Loya no crece. Ni en conocimiento ciudadano ni en preferencias electorales. Las instrucciones superiores pueden mucho dentro de un partido, pero el voto —incluso el interno— tiene su propia lógica.
La semana pasada se formalizó el pacto de unidad entre los seis aspirantes panistas a la gubernatura que habrán de registrarse en abril: Álvaro Bustillos, Mario Vázquez, Gilberto Loya, Jesús Valenciano, Daniela Álvarez y Marco Bonilla. Los seis se comprometieron a competir sin campañas negras, a llevar la fiesta en paz y a respetar el proceso de selección. Un compromiso loable, aunque la historia de los procesos internos panistas aconseja observarlo con cautela antes de aplaudirlo.
De la mesa política estatal del PAN emergió una propuesta que será analizada por el Comité Ejecutivo Nacional: un esquema en dos etapas, con una primera ronda de participación exclusiva de militantes y una segunda abierta a la ciudadanía. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, tiene agendada una visita en abril para presentar las reglas definitivas de acceso a las candidaturas, tanto a la gubernatura como a las alcaldías de las cinco ciudades más pobladas del estado y a las diputaciones locales y federales.
En los escenarios posibles, el más conveniente para Bonilla es también el que más claridad proyecta hacia el electorado: una contienda directa contra Andrea Chávez. En ese esquema, toda la oposición —PAN, PRI y MC— podría sumarse en bloque a respaldar al alcalde capitalino, sin traiciones a medias ni votos cruzados que resten eficacia a la coalición. Difícil pedir más para un candidato que busca construir el mayor frente opositor posible.
La otra posibilidad —Bonilla contra Cruz— configura un escenario igualmente competitivo, pero con variables diferentes. Lo que está claro es que el tablero se define en abril, cuando las reglas del proceso panista queden establecidas y los aspirantes deban apostar sus fichas.
La propuesta que circula en los corredores del PAN es directa: si la diferencia entre quien va a la delantera es tan evidente, lo inteligente es cerrar filas cuanto antes y concentrar todas las energías en apoyar al más fuerte. La pregunta es si los intereses de los grupos internos dejarán que la lógica electoral se imponga. En unos días lo sabremos.
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