Por Martín Zermeño
I. Lo mejor de México se reunió en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz
En medio de una de las crisis de violencia más profundas que ha vivido México en su historia reciente, más de 1,200 liderazgos provenientes de los 32 estados del país se dieron cita en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz. No fue un encuentro ceremonial ni retórico: fue, ante todo, un ejercicio de responsabilidad cívica de una sociedad que ha decidido mirarse sin eufemismos, asumir su fractura y trabajar, con método y convicción, en la reconstrucción de su convivencia.
La pluralidad de los asistentes —líderes sociales, religiosos, académicos, empresariales, autoridades locales y representantes de organizaciones civiles— mostró que la paz no es patrimonio de un gobierno, una iglesia, un partido o un sector, sino una tarea compartida que exige corresponsabilidad y altura de miras. México no necesita declaraciones grandilocuentes; requiere procesos, acuerdos y capacidades institucionales que conviertan la aspiración de paz en realidad tangible.
Las mesas de análisis revelaron la complejidad del momento histórico. El llamado a integrar a las juventudes, hoy atrapadas entre la precariedad y la violencia, recordó que un país que expulsa a sus jóvenes de la legalidad está cavando su propia fosa. La insistencia en fortalecer a las policías municipales puso sobre la mesa una verdad incómoda: sin instituciones locales sólidas, no hay Estado de derecho posible. La propuesta de justicia cívica evidenció que la paz comienza en lo cotidiano, donde se dirimen conflictos, se sancionan abusos y se restablece la confianza.
El papel de los medios de comunicación fue señalado como estratégico: sin información veraz, responsable y contextualizada, la sociedad queda a merced de la manipulación y el miedo. A su vez, el recordatorio sobre el sistema penitenciario expuso una deuda estructural: un país que castiga sin rehabilitar reproduce el ciclo de violencia que dice combatir.
Particularmente relevante fue la presentación del Modelo de Desarrollo Inclusivo por parte de José Medina Mora, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que vinculó la paz con la justicia social y la distribución equitativa de oportunidades. La paz no se sostiene en la desigualdad crónica; exige un pacto social que amplíe libertades económicas, sociales y políticas.
Las experiencias compartidas —como el Proyecto VIVA y los Centros Manresa en la Sierra Tarahumara— demostraron que la paz no es una utopía, sino un proceso construible cuando hay acompañamiento comunitario, atención a la salud mental y cooperación interinstitucional. La participación de los embajadores de Irlanda y Noruega reforzó una lección fundamental: no hay proceso de pacificación sin verdad, sin reparación y sin reintegración social.
El reconocimiento a la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, subrayó algo esencial: la paz se edifica desde los municipios, donde la vida pública es más cercana y donde la violencia golpea con mayor crudeza. Asimismo, el compromiso interreligioso —con la participación de tradiciones budistas, musulmanas, hinduistas, indígenas y cristianas— mostró que la ética espiritual puede y debe contribuir a la unidad nacional.
El manifiesto final del Diálogo fue claro: refundar la comunidad desde la escucha, caminar junto a las víctimas y colocar la cultura del cuidado como eje transversal de la vida pública. Esa es la base de un nuevo pacto social que reconcilie libertad con responsabilidad y justicia con humanidad.
II. Mauricio Merino: un Estado impotente y prepotente
Si el Diálogo Nacional por la Paz fue un ejercicio de esperanza, la conferencia de Mauricio Merino fue un ejercicio de lucidez implacable. Su diagnóstico sobre el Estado mexicano —impotente y, al mismo tiempo, prepotente— captura la paradoja central de nuestra crisis.
Impotente porque ha sido incapaz de garantizar derechos, seguridad y justicia para millones de mexicanos; prepotente porque concentra poder, descalifica la disidencia y utiliza la ley como instrumento de control político. Un Estado así no protege libertades: las administra discrecionalmente.
Merino desmontó la idea simplista de que la pobreza por sí sola explica la violencia. La desigualdad es un factor, sin duda, pero reducir la criminalidad a la precariedad estigmatiza a los pobres y elude la responsabilidad del Estado. La raíz del problema es institucional: un marco legal que no se cumple, autoridades que no rinden cuentas y una justicia que opera con sesgos, corrupción o ineficacia.
Su advertencia sobre la confusión entre Estado, gobierno y partido es particularmente grave. Cuando el poder se personaliza, los contrapesos se erosionan y la división de poderes se diluye, la democracia se vacía de contenido. México no puede regresar —ni por la vía del populismo ni del autoritarismo— a lógicas de poder propias de monarquías absolutas o territorios dominados por la ley del más fuerte.
Merino fue contundente al señalar que la ley se ha convertido en moneda de cambio: desde la “mordida” cotidiana hasta la manipulación de contratos y sentencias. Cuando el derecho deja de ser garantía de justicia, la libertad se vuelve frágil y la paz imposible.
La lección central es clara: la paz no se construye con mano dura ni con programas asistenciales aislados. Se edifica con instituciones legítimas, transparentes y capaces de aplicar la ley de manera imparcial. Sin Estado de derecho, no hay libertad real; sin libertad, no hay ciudadanía plena; sin ciudadanía, no hay unidad nacional.
III. Pepe Medina Mora y el Modelo de Desarrollo Inclusivo
Frente a un país fracturado por la desigualdad y la violencia, el sector empresarial ha comenzado a reconocer que el crecimiento económico sin cohesión social es insostenible. El Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) impulsado por COPARMEX representa un giro relevante: coloca a la persona —no solo al mercado— en el centro del desarrollo.
El MDI no plantea un estatismo asistencialista ni un liberalismo deshumanizado, sino una economía de mercado con responsabilidad social. Su premisa es simple y poderosa: la prosperidad debe ser compartida o no será duradera.
Sus pilares —inclusión social, laboral y económica— buscan que el desarrollo deje de concentrarse en enclaves privilegiados y alcance a las regiones y comunidades históricamente marginadas. Un país con empleo digno, acceso a salud, educación y vivienda fortalece su tejido social y reduce las condiciones estructurales que alimentan la violencia.
El énfasis en empresas comprometidas redefine el papel del empresariado: ya no solo como generador de riqueza, sino como actor clave en la construcción de paz y estabilidad democrática. La cohesión social que propone el MDI es un antídoto contra la polarización que hoy erosiona la vida pública.
El llamado a un “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo” es, en el fondo, un llamado a la unidad nacional. No se trata de uniformidad ideológica, sino de convergencia en principios básicos: dignidad humana, legalidad, oportunidades y justicia.
Sin desarrollo inclusivo no hay libertad efectiva para los más vulnerables, y sin libertad no hay paz sostenible. En ese sentido, el MDI no es solo una agenda económica: es una agenda ética y política para la reconstrucción de México.
IV. El reencuentro entre la jerarquía católica y la sociedad mexicana
El Segundo Diálogo Nacional por la Paz también marcó un momento simbólicamente significativo: el reencuentro de la jerarquía católica con los grandes problemas sociales del país. Durante años, la Iglesia había mantenido una distancia prudente —o quizá excesiva— de los asuntos públicos. Hoy, esa distancia parece haberse acortado.
Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue claro: “la paz no se improvisa”. No es un decreto ni una consigna; es un proceso colectivo que exige verdad, justicia y compromiso.
Su insistencia en colocar a las víctimas en el centro del esfuerzo de pacificación es una posición ética de gran calado. No puede haber reconciliación sin memoria, ni unidad sin reconocimiento del dolor causado por la violencia y la impunidad.
Castro subrayó que la paz se construye desde los territorios, no solo desde los discursos nacionales. Esa afirmación conecta con la idea de un Estado cercano, responsable y articulado con la sociedad civil. La “esperanza organizada” que propuso no es ingenuidad, sino estrategia moral y política frente a la barbarie.
Las tres claves que dejó el encuentro son fundamentales para el futuro de México. Primero, reconocer que el Estado no es una entidad ajena: somos todas y todos. Segundo, integrar a las juventudes excluidas, escucharlas y ofrecerles futuro dentro de la legalidad. Tercero, atender de manera prioritaria a las víctimas y a las familias de personas desaparecidas, sin lo cual cualquier proyecto de paz será moralmente incompleto.
La entrega de metodologías de construcción de paz a los distintos niveles de gobierno puede convertirse en una hoja de ruta invaluable si existe voluntad política para implementarlas con seriedad y continuidad.
Conclusión: hacia un nuevo pacto nacional
Lo ocurrido en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz apunta a algo mayor que un evento: señala el surgimiento de una sociedad civil que, cansada de la violencia y la polarización, comienza a organizarse para defender el Estado de derecho, las libertades y la dignidad humana.
México se encuentra en una encrucijada histórica. Puede transitar hacia un autoritarismo que sacrifique libertades en nombre de la seguridad, o puede construir un Estado fuerte, democrático y justo que garantice paz con legalidad.
La unidad del pueblo de México no se logrará con discursos que dividen, sino con instituciones que protegen, con desarrollo que incluye y con una ética pública que coloque a las víctimas y a los más vulnerables en el centro.
La paz no es ausencia de conflicto: es presencia de justicia. La libertad no es privilegio: es derecho. El Estado de derecho no es retórica: es condición de convivencia. Y la unidad nacional no es uniformidad: es acuerdo en lo esencial.
Ese es el desafío y la oportunidad de nuestra generación.
