La frontera como zona de riesgo ambiental
Tras dos recientes explosiones de la nave Starship, ocurridas en la base Starbase de SpaceX en Texas —a solo unos kilómetros de Tamaulipas—, México ha levantado la voz. Específicamente, el Gobierno federal prepara una posible demanda internacional contra la empresa de Elon Musk por afectaciones al ecosistema de la región fronteriza.
De acuerdo con la organización ambientalista Conibio Global, los lanzamientos han derivado en la caída de fragmentos metálicos, materiales sintéticos y sustancias químicas peligrosas en zonas como Playa Bagdad y el delta del río Bravo, áreas ecológicamente sensibles y hogar de especies en peligro, como la tortuga lora.
Durante los operativos de inspección del pasado fin de semana, encabezados por Semarnat, Profepa, Marina y otras dependencias, se recolectaron al menos 13 tanques con fósforo, una sustancia reactiva que puede causar graves daños a la salud humana y la biodiversidad. También se tomaron muestras de agua, suelo y vegetación para análisis toxicológicos.
Preocupación por los residuos espaciales
Los residuos generados por SpaceX no son nuevos en el radar ambiental. Organismos internacionales como Aerospace Corporation han advertido que entre 200 y 400 fragmentos de basura espacial caen a la Tierra cada año. Y aunque muchos de ellos se desintegran al reingresar, otros alcanzan la superficie con materiales potencialmente tóxicos.
En este contexto, México busca determinar si las actividades de SpaceX en suelo estadounidense están violando acuerdos internacionales sobre protección ambiental y soberanía territorial. Claudia Sheinbaum fue enfática: “No se trata solo de limpiar escombros, sino de garantizar que nuestras comunidades no estén en riesgo cada vez que haya un lanzamiento”.
¿Y qué dice SpaceX?
Hasta ahora, la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre los hallazgos en México, pero mantiene habilitada una línea telefónica para reportar la aparición de fragmentos de sus cohetes, con una advertencia clara: “No los toque”. La compañía reconoce que cada lanzamiento implica restos que pueden reingresar a la Tierra en áreas no previstas.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano, en colaboración con organismos científicos, trabaja en un expediente técnico que podría convertirse en la primera acción legal en América Latina contra una empresa aeroespacial por contaminación transfronteriza.
