Jorge Cruz Camberos
En México hay debates que preferimos esquivar porque obligan a tomar decisiones. El de los minerales críticos es uno de ellos. Mientras el mundo los trata como activos estratégicos, aquí seguimos atrapados en una discusión ideológica que confunde ambientalismo con parálisis.
Los minerales críticos —litio, cobre, níquel, cobalto, tierras raras— no son una promesa futura. Son la base material del presente: vehículos eléctricos, energías renovables, redes eléctricas, electrónica avanzada e incluso sistemas de salud y defensa dependen de ellos. Sin minería, simplemente no existen.
Por eso países como Estados Unidos los consideran un asunto de seguridad nacional, y por eso organismos como la International Energy Agency o el United States Geological Survey actualizan constantemente sus listas de minerales estratégicos. No por romanticismo extractivo, sino por realismo económico: la transición energética es intensiva en minerales.
Aquí aparece la contradicción mexicana. Queremos energías limpias, pero rechazamos los minerales que las hacen posibles. Promovemos el nearshoring, pero restringimos la base material que lo sostiene. Prohibir la minería a cielo abierto y generar incertidumbre regulatoria no reduce la demanda global; solo traslada la extracción, el procesamiento y el valor agregado a otros países.
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Eso no es política ambiental. Es renuncia estratégica.
El debate deja de ser abstracto cuando se mira desde Chihuahua. Chihuahua no es solo un estado minero: es frontera industrial, potencia manufacturera y nodo clave de integración con Norteamérica. Produce cobre, plata, zinc y plomo, minerales esenciales para la electrificación y la industria avanzada. Su oportunidad no está solo en extraer, sino en integrar cadenas de valor: procesamiento, manufactura avanzada y reciclaje.
Cerrar la puerta a la minería moderna no protege al medio ambiente global. Solo impide que regiones como Chihuahua participen en el desarrollo que otros países sí están construyendo.
Seguimos atrapados en un falso dilema: minería contra medio ambiente. Las economías que lideran la transición energética hacen ambas cosas. Regulan, supervisan, exigen tecnología, incorporan a las comunidades y planifican el cierre y la remediación. Prohibir no es regular. Cerrar no es gobernar.
El punto incómodo, pero necesario, es este: sin minería moderna no hay transición energética; sin transición energética no hay competitividad industrial; y sin competitividad industrial no hay desarrollo sostenible.
Evitar la conversación sobre minerales críticos no nos hace más responsables. Nos hace más dependientes y menos relevantes. Porque cerrar la puerta a la minería moderna no es una política ambiental: es una política de renuncia al desarrollo.
