Estas sanciones basadas en fotografía dividen opiniones en Chihuahua: ¿son un negocio disfrazado o una herramienta que salva vidas?
Por Héctor A. Maldonado Feuchter
La palabra “fotomulta” genera polémica en Chihuahua. Para algunos, representa un mecanismo eficaz de prevención vial; para otros, un negocio disfrazado de política pública. Lo cierto es que el tema vuelve a colocarse en la conversación ciudadana, empresarial y política, especialmente tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad del Estado en 2024, que abrió la puerta al uso de tecnologías para vigilar el tránsito.
Un problema que cuesta vidas y millones
En la ciudad de Chihuahua, tan sólo en 2023 se reportaron 26,556 accidentes viales, con 292 víctimas mortales y más de 6,500 lesionados, según cifras del INEGI y el gobierno estatal. El costo económico superó los 212 millones de pesos en daños materiales.
Aunque en 2024 se registró una ligera reducción en fallecimientos, las principales causas siguen siendo las mismas: exceso de velocidad, uso del celular al volante y consumo de alcohol.
El panorama en Juárez no es mejor: los percances viales siguen en aumento y la percepción de inseguridad en las calles también está marcada por el caos vehicular y la falta de cultura vial.
Frente a estas cifras, la pregunta vuelve a aparecer: ¿pueden las fotomultas salvar vidas?
Entre el mito recaudatorio y la evidencia empírica
El rechazo histórico a las fotomultas en Chihuahua se debe en gran medida a la percepción de que eran más un instrumento recaudatorio que una política de prevención. En 2016, el sistema fue derogado bajo ese argumento.
Sin embargo, la experiencia nacional muestra otra cara.
- En Puebla, la implementación de fotomultas entre 2015 y 2017 redujo en 88 % las muertes por accidentes viales.
- En Guadalajara, las muertes bajaron 52.8 %.
- En la Ciudad de México, el sistema ayudó a disminuir los siniestros viales en 17.6 %, con caídas de hasta 62 % en muertes por exceso de velocidad en zonas monitoreadas.
La evidencia es clara: bien aplicadas y acompañadas de campañas de concientización y transparencia en el uso de recursos, las fotomultas funcionan.
Lo que dicen las autoridades hoy
Pese a la presión de algunos sectores empresariales que consideran urgente volver a la tecnología vial, tanto el Gobierno del Estado como el Municipio de Juárez han descartado implementar fotomultas en el corto plazo.
- El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, aseguró en abril de 2025 que “no se tiene contemplada la implementación de fotomultas” en Chihuahua capital.
- La Coordinación General de Seguridad Vial de Juárez también desmintió rumores sobre supuestos planes municipales para instalarlas.
El marco legal ya existe, gracias a la Ley de Movilidad, pero no hay un proyecto oficial aprobado ni reglas operativas que definan cómo funcionaría el sistema.
Rumores, resistencias y el futuro del debate
Cada vez que se menciona la posibilidad, la ciudadanía reacciona con desconfianza. Redes sociales y medios locales dan cuenta de vecinos que rechazan de inmediato cualquier intento de aplicarlas en barrios o avenidas específicas. El recuerdo del esquema fallido de 2016 pesa.
El gran reto es recuperar la confianza:
- Garantizar que los ingresos por multas se reinviertan en infraestructura vial, campañas de educación y apoyo a víctimas, como se hizo en Puebla y Guadalajara.
- Asegurar que la tecnología se use para prevenir y no sólo castigar.
- Crear reglamentos claros y accesibles para que los automovilistas tengan certeza jurídica en caso de inconformidades.
Entonces…
Hoy, Chihuahua se encuentra en un punto medio: la ley ya permite la tecnología, pero las autoridades la descartan en la práctica.
La disyuntiva es clara: mantener el debate en el terreno del rumor y la sospecha, o dar un paso hacia una política pública basada en datos duros, transparencia y prevención.
Más allá de la polémica, lo que urge es voluntad política. Si el gobierno apuesta por un esquema de Gobierno Abierto, con reglas claras y rendición de cuentas, las fotomultas podrían dejar de ser un fantasma recaudatorio y convertirse en una herramienta de orden, confianza y seguridad vial.
En un estado donde la movilidad cuesta vidas y millones de pesos cada año, posponer la discusión es también una decisión.
