Por Jorge Cruz Camberos
En la conversación pública se habla mucho de nearshoring, manufactura avanzada, talento técnico y competitividad logística. Pero hay un factor que pocas veces aparece en los discursos y que, sin embargo, pesa enormemente en la decisión de inversión: la paz laboral.
En el nuevo entorno del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el capítulo laboral dejó de ser un tema secundario. Hoy las reglas son claras: democracia sindical, legitimación de contratos colectivos por voto libre y secreto, transparencia y mecanismos de respuesta rápida que pueden escalar conflictos laborales hasta el plano internacional.
En otras palabras, la estabilidad ya no es solo deseable: es estratégica.
En este contexto, Chihuahua tiene una ventaja que no siempre dimensionamos. Durante décadas ha mantenido un clima de diálogo entre trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno. No es casualidad que el estado se haya consolidado como hub de manufactura avanzada, con cadenas productivas complejas que requieren continuidad operativa y certidumbre.
La inversión no huye únicamente de la inseguridad pública; también evita la incertidumbre laboral. Las empresas globales buscan estados donde las reglas se respeten y los conflictos se resuelvan en la mesa, no en el paro indefinido. Y ahí, Chihuahua ha sabido construir una reputación sólida.
Parte de esa estabilidad tiene nombre y apellido. El liderazgo de Jorge Doroteo Zapata en la Federación de Trabajadores del Estado ha sido pieza clave para mantener la paz sindical. Su estilo ha privilegiado la negociación sobre la confrontación y eso, en términos económicos, se traduce en confianza.
Hoy, sin embargo, el sindicalismo mexicano vive una transición. A nivel nacional, la CTM se reconfigura bajo el liderazgo emergente de Tereso Medina Ramírez, quien representa una nueva etapa para la central obrera más grande del país. El reto no es menor: adaptarse a un modelo laboral más democrático, más vigilado internacionalmente y más exigente en términos de representación real.
Aquí surge la pregunta que empieza a circular en Chihuahua: ¿qué pasará con el liderazgo local? Se habla de una posible sucesión en la estructura estatal y de la intención de que el relevo quede en familia. En un entorno como el actual, donde la reforma laboral exige legitimidad y voto directo, cualquier transición deberá pasar por el filtro de la base trabajadora.
Y eso cambia todo.
No estamos en los años setenta. El nuevo modelo laboral obliga a que los liderazgos se sostengan por respaldo real, no por acuerdos cupulares. Si Zapata decide dar un paso al costado o proyectarse hacia una mayor articulación nacional, el proceso será observado bajo reglas distintas. Y eso, lejos de ser una amenaza, puede ser una oportunidad.
Porque si Chihuahua logra mantener su paz laboral bajo los nuevos estándares de transparencia y democracia sindical, no sólo conservará su estabilidad: la fortalecerá.
En un mundo donde la competencia por inversión es feroz, la ventaja no siempre está en el incentivo fiscal o en el costo de la tierra. A veces está en algo más profundo: confianza institucional y madurez en las relaciones laborales.
Mi hipótesis es clara: el sindicalismo que sobreviva y crezca en esta nueva etapa será el que entienda que la estabilidad no se hereda, se legitima. Y Chihuahua tiene todo para demostrar que su paz laboral no es producto del pasado, sino una apuesta estratégica hacia el futuro.
La pregunta no es si habrá cambio. La pregunta es si el cambio consolidará —o pondrá a prueba— la principal ventaja competitiva silenciosa del estado.
Y eso, para quienes creemos en el desarrollo económico responsable, no es un detalle menor.
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