Por Jorge Cruz Camberos
Hay cifras que preocupan por lo que dicen y hay otras que preocupan todavía más por lo que esconden. Que México haya crecido alrededor de 0.8% anual en promedio entre 2019 y 2026 es, por supuesto, una mala noticia. Pero el verdadero problema no es comparar ese resultado con un sexenio anterior o usarlo como munición política.
El problema es mucho más profundo: México parece haberse acostumbrado a crecer poco. Ya no estamos hablando de un mal trimestre, de una pandemia o de una tormenta internacional que eventualmente pasará. Estamos hablando de una economía cuyo techo se está haciendo más bajo.
Durante años se consideró que México podía crecer, sin provocar desequilibrios, alrededor de 2% o un poco más. Hoy, algunos análisis ubican ese potencial más cerca de 1.7% o 1.8%. Puede parecer una diferencia pequeña. No lo es. Un país que crece medio punto menos durante una década genera millones de empleos menos, recauda menos impuestos, construye menos infraestructura y reduce las posibilidades de que una nueva generación viva mejor que la anterior. Ese es el verdadero costo del estancamiento.
El dinero dejó de moverse
El indicador más claro está en la inversión. La inversión privada cayó 4.5% anual durante el primer trimestre de 2026 y acumuló siete trimestres consecutivos en terreno negativo. La inversión fija bruta ya se había contraído 6.7% durante 2025. Esto significa que las empresas están postergando plantas, maquinaria, tecnología y contrataciones.
No necesariamente porque México haya dejado de ser atractivo. Nuestro país mantiene una ubicación privilegiada, talento industrial y acceso al mercado más grande del mundo. El problema es la incertidumbre. Cuando un empresario no sabe cuáles serán las reglas fiscales, energéticas, laborales, judiciales o comerciales dentro de dos o tres años, no desaparece. Simplemente deja de invertir. Es una decisión racional. El capital no necesita discursos de confianza. Necesita reglas que inspiren confianza.
Las instituciones también producen riqueza
Durante mucho tiempo pensamos que hablar del Estado de derecho era una discusión de abogados o políticos. En realidad, es un tema económico.
La reforma judicial ha generado inquietud entre organismos internacionales, calificadoras y analistas porque modifica la manera en que se seleccionan los jueces y abre dudas sobre su experiencia, autonomía y capacidad para resolver controversias. Las grandes corporaciones tienen contratos internacionales, equipos jurídicos y mecanismos de arbitraje.
Una pequeña o mediana empresa de Chihuahua no. Cuando una pyme enfrenta un incumplimiento, un conflicto comercial o una decisión arbitraria, necesita tribunales confiables y rápidos. Si no existen, el costo no solamente lo paga el empresario. Lo pagan sus trabajadores, sus proveedores y sus clientes.
La certeza jurídica no es un lujo para inversionistas extranjeros. Es infraestructura básica para cualquier economía.
La frontera ya está mandando señales
En Chihuahua esta discusión no es teórica. La incertidumbre alrededor de la revisión del T-MEC se empieza a reflejar en la actividad industrial de la frontera. La vacancia de espacios industriales, que en 2023 se encontraba cerca de 1%, ha alcanzado alrededor de 7% en algunas zonas fronterizas.
En Ciudad Juárez, distintos análisis documentan una pérdida de decenas de miles de empleos manufactureros entre 2023 y 2025. No significa que el nearshoring haya sido una ilusión. Significa algo más delicado: la oportunidad llegó, pero no supimos darle todavía la certeza suficiente para consolidarla.
El mayor riesgo del T-MEC quizá no sean los aranceles. Puede ser vivir durante años bajo una revisión permanente, con empresas que no saben si las reglas actuales seguirán vigentes cuando terminen sus inversiones. Y una planta industrial no se decide para un periodo presidencial. Se decide para veinte o treinta años.
La inseguridad también es un impuesto
La violencia suele medirse en homicidios, robos o percepción ciudadana. Pero también debería medirse en inversión perdida. El costo económico de la violencia en México se ha estimado en cerca de 4 billones de pesos, aproximadamente 11% del PIB nacional. Son recursos que se gastan en seguridad privada, seguros, pérdidas de mercancía, cierres anticipados, rutas más largas y oportunidades que nunca se concretan.
Cada empresa que decide no abrir en una región por miedo está pagando un impuesto que no aparece en ninguna factura. Y cada joven que deja la escuela porque su comunidad no le ofrece oportunidades es una pérdida económica que México cargará durante décadas.
Un gobierno con poco margen
Frente a una economía débil, el gobierno podría intentar compensar mediante infraestructura, educación, salud o inversión pública. Pero el espacio fiscal también se está agotando.
Buena parte del presupuesto se encuentra comprometido en pensiones, programas sociales, costo financiero y apoyos a Pemex. Eso deja poco margen para invertir en carreteras, energía, agua, tecnología o formación de talento.
El dilema no es entre política social o crecimiento. Sin crecimiento, ninguna política social es sostenible. Repartir mejor importa. Pero primero tiene que existir algo que repartir.
Chihuahua no puede esperar
Para nuestro estado, este escenario exige una postura mucho más activa. Chihuahua depende de la manufactura, de las exportaciones y de su integración con América del Norte. Pero también tiene una enorme red de pequeñas y medianas empresas que no cuenta con los mecanismos de protección de las grandes compañías internacionales.
Por eso necesitamos defender el T-MEC, pero también fortalecer el mercado interno. Necesitamos atraer inversiones, pero sobre todo desarrollar proveedores locales. Necesitamos más exportaciones, pero también más empresas chihuahuenses participando en esas cadenas de valor. No podemos controlar todas las decisiones que se toman en la Ciudad de México o en Washington.
Sí podemos mejorar la seguridad, acelerar permisos, formar talento, facilitar el acceso al financiamiento y construir instituciones locales que den confianza. El 0.8% no es solamente una cifra nacional. Es el taller que no abrió. La maquinaria que no se compró. El empleo que no se creó. El joven que decidió irse porque aquí no encontró oportunidades.
México no está condenado al estancamiento. Pero tampoco saldrá de él por inercia. Necesitamos volver a poner en el centro una palabra que durante años pareció incómoda: crecimiento. Crecimiento con responsabilidad social, instituciones sólidas, competencia. Con inversión y oportunidades reales.vPorque un país que deja de crecer no se queda en el mismo lugar. Poco a poco, comienza a retroceder.
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