Por Martín Zermeño
BONILLA, DE LA GARZA, ASTIAZARÁN, MANOLO Y COLOSIO ARMAN LA DIVISIÓN DEL NORTE
Una luz de esperanza empieza a abrirse en la noche oscura que atraviesa México. Una nueva clase política, con obstáculos todavía por brincar, emerge en el norte del país: quizá la nueva División del Norte que estará aceitada para las elecciones presidenciales de 2030. Por lo pronto, buscará competir y ganar las gubernaturas de Chihuahua, Nuevo León y Sonora, pese al desprestigio de las dirigencias nacionales de los partidos de oposición.
Marco Antonio Bonilla Mendoza, nacido el 1 de agosto de 1983 en Chihuahua, es abogado y político panista. Actualmente cursa su segunda reelección como Presidente Municipal de Chihuahua (2024-2027). Se afilió al PAN en 2004 desde Acción Juvenil, fue Consejero Estatal en 2014 y el más votado en 2019. Ha sido funcionario municipal, subdirector de Administración del Agua en la Conagua durante el sexenio de Felipe Calderón y funcionario del Congreso estatal. En 2016 coordinó la campaña victoriosa de María Eugenia Campos Galván a la alcaldía, y en 2021 ganó la Presidencia Municipal con 204,976 votos (54.76%), la votación más alta en la historia de Chihuahua; fue reelegido en 2024.
Manolo Jiménez Salinas nació en Saltillo, Coahuila, el 12 de junio de 1984. Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en Administración Pública por la misma institución y diplomados en Estados Unidos, China y España. Cofundó el proyecto ciudadano Saltillo para Bien. Fue regidor (2009-2010), diputado local (2011-2014) y el primer alcalde reelecto de Saltillo (2017 y 2019-2021), periodo en el que la ciudad logró finanzas sanas, cero deuda y 100 puntos en transparencia. Fue Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila (2022-2023) y el 4 de junio de 2023 ganó la gubernatura con 765,979 votos, al frente de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PAN-PRD). Gobierna el estado desde el 1 de diciembre de 2023 hasta 2029.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador y exalcalde de Monterrey, nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 31 de julio de 1985. Es hijo del candidato presidencial priista asesinado en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y de la economista Diana Laura Riojas; perdió a ambos padres antes de cumplir 10 años. Abogado por el ITESM con maestría en Derecho de la Empresa, cofundó el despacho Basave, Colosio, Sánchez Abogados y, en 2016, la plataforma jurídica Komenko. Militante de Movimiento Ciudadano desde 2018, ganó ese año una diputación local en Nuevo León, en 2021 la alcaldía de Monterrey y después el escaño en el Senado. Mantiene una cercana amistad con el gobernador Samuel García, de quien es padrino de bautizo de su primogénita.
Antonio Astiazarán Gutiérrez, “Toño” Astiazarán, nació en Guaymas, Sonora, el 13 de julio de 1971. Abogado con maestría en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra. Fue diputado federal por Sonora en dos legislaturas (2003-2006 y 2012-2015, esta última por el PRI), presidente municipal de Guaymas (2006-2009) y jefe de oficina en Sedesol (2017-2018). Actualmente es Presidente Municipal de Hermosillo.
Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, nació en esa ciudad el 17 de septiembre de 1971. Abogado con maestría en Ciencias Penales por la UANL, construyó su carrera en el ámbito de procuración de justicia estatal hasta llegar a Procurador General de Justicia de Nuevo León en 2011. Ganó la alcaldía de Monterrey en 2015, fue reelecto en 2018 y, tras perder la gubernatura frente a Samuel García en 2020, regresó en 2024 para un tercer periodo, recuperando la capital para el PRI en coalición con el PAN. Se perfila como el aspirante opositor con mayor proyección hacia la gubernatura de Nuevo León en 2026.
Lo que une a estos cinco perfiles —más allá de sus siglas partidistas distintas: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— es la administración municipal como plataforma de proyección, el manejo exitoso de sus gobiernos locales y una generación que ronda entre los 38 y los 43 años, ajena ya a las viejas dirigencias nacionales desgastadas. Esta nueva clase política opera ya, con cautela y discreción, en la escena nacional. Habrá que ver cómo se resuelve el 2027 rumbo a la definición de 2030 y si se logra integrar un gran frente ciudadano para la competencia electoral.
EL JUICIO DEL SIGLO OBLIGARÁ A UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DIGITAL
El martes 18 de agosto arrancó en el Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos en Oakland, California, un juicio histórico contra Meta Platforms, a cargo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. La acusación, encabezada por las fiscalías de California, Colorado, Kentucky y Nuevo Jersey —con el respaldo de otros 29 estados—, sostiene que Facebook e Instagram incorporaron deliberadamente mecanismos adictivos para captar y retener la atención de niños y adolescentes, pese a conocer de antemano los daños psicológicos que podían causar.
Es el primer proceso masivo dentro del litigio federal multidistrito contra Meta. Aunque en documentos previos las sanciones civiles máximas por infracción individual alcanzaban cifras astronómicas, la representación legal de los estados ajustó su pretensión a un rango de entre 193 mil millones y 200 mil millones de dólares, comparable con el histórico acuerdo del tabaco en los años noventa.
La demanda no busca solo una compensación económica: exige que Meta rediseñe sus algoritmos de recomendación, modifique el feed, elimine funciones como la reproducción automática y las notificaciones continuas, e implemente controles estrictos de verificación de edad. El litigio desplaza el debate de la Sección 230 —que protege a las plataformas por el contenido que publican sus usuarios— hacia el diseño mismo del producto, señalado como defectuoso y adictivo por naturaleza.
LA NIÑEZ SECUESTRADA
Megan O’Neill, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California, sostuvo en sus declaraciones iniciales que el modelo de negocio de Meta se sostiene en la recopilación de datos de usuarios jóvenes y en funciones diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla: algoritmos de recomendación, desplazamiento infinito, botones de “me gusta” y notificaciones constantes, todo orientado a fomentar un uso compulsivo.
Según la acusación, Meta conocía los riesgos y, aun así, minimizó los peligros ante legisladores y opinión pública, insistiendo en que sus plataformas eran seguras para menores. Los estados alegan además que la empresa recopiló datos de usuarios menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), vigente en Estados Unidos desde el año 2000. O’Neill citó un documento interno de Meta —”los jóvenes son los mejores”—, según lo expuso como evidencia de la estrategia de la empresa para atraer a ese segmento de edad.
La estrategia legal de los fiscales recuerda a la que en los noventa doblegó a las tabacaleras: entonces se demostró que las compañías reforzaban deliberadamente la dependencia a la nicotina mientras negaban públicamente su toxicidad; ahora se argumenta que Meta alteró el diseño de sus productos para debilitar el autocontrol de menores y adolescentes. El negocio se resume en una fórmula simple: convertir la atención en ingresos. Más tiempo de pantalla significa más publicidad vista y más datos generados, un ciclo que —según los demandante— la empresa vinculó internamente con el aumento de ansiedad, depresión, privación del sueño e ideación suicida entre menores.
Meta responde que ha implementado numerosas herramientas de protección parental y que las acusaciones sacan de contexto investigaciones internas orientadas a mejorar el servicio. Pero la distancia entre esa retórica corporativa y las revelaciones de sus propios empleados apunta, según la acusación, a una prioridad clara: los incentivos financieros por encima de los imperativos éticos. Bajo esa lectura, la adicción infantil no habría sido un efecto colateral, sino una métrica de éxito.
Durante décadas, la respuesta estatal ante los excesos de las grandes tecnológicas osciló entre la autorregulación voluntaria y llamados moderados a la responsabilidad parental. Ese modelo parece haber llegado a su límite. Australia marcó un hito al prohibir las redes sociales a menores de 16 años y exigir verificación de edad bajo amenaza de multas millonarias; el Reino Unido aprobó marcos estrictos de seguridad digital, y la Unión Europea —con Francia a la cabeza, aunque con pasos ambivalentes— avanza hacia un consenso similar.
El juicio contra Mark Zuckerberg y la ola regulatoria mundial pueden leerse como un parteaguas: el fin de la inocencia digital, de aquella etapa en que se asumía, sin espíritu crítico, que toda innovación tecnológica era necesariamente positiva. Las redes sociales no son plazas públicas neutrales; funcionan como entornos diseñados para maximizar la permanencia, captar datos y convertir la atención en ingresos publicitarios.
Cuando las ganancias de una empresa multimillonaria dependen de la vulnerabilidad emocional de niños y adolescentes, la regulación estatal deja de ser un exceso burocrático y se convierte en una obligación básica de protección social, educativa y sanitaria. Ni la prohibición absoluta ni el laissez-faire ofrecen respuestas sostenibles. La resolución de este juicio debería contribuir a definir un nuevo contrato social digital, uno en el que las utilidades de Silicon Valley no vuelvan a pesar más que la salud mental de un adolescente. Recuperar a la niñez y la adolescencia de las redes exige, además de limitar su acceso, ofrecerles espacios seguros y atractivos para el entretenimiento y el desarrollo personal. Esa sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en México, un país que observa desde lejos este litigio pero que no está exento de sus consecuencias: cualquier rediseño que Meta se vea obligada a implementar en Estados Unidos terminará, tarde o temprano, replicándose para el resto de sus usuarios en el mundo, México incluido.
