Por Martin Zermeño
Cómo el acuerdo entre la iniciativa privada y los candidatos a la alcaldía y al gobierno del estado se convirtió, durante más de una década, en la hoja de ruta que sobrevive a los cambios de partido
Cada tres años, cuando inicia la temporada electoral en Chihuahua, ocurre algo que en buena parte del país sigue siendo excepcional: antes de que cualquier candidato a la presidencia municipal de la capital o a la gubernatura del estado tome posesión, se sienta a firmar un documento que no salió de su equipo de campaña ni de un partido político, sino de la mesa de trabajo construida por el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada. Ese documento se llama Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad, y desde 2010 ha demostrado algo que muchos analistas consideraban casi imposible en la política mexicana: que un acuerdo de largo plazo puede sobrevivir a las elecciones, a los cambios de partido y a las urgencias de cada administración.
El mecanismo lo impulsa Desarrollo Económico del Estado, A.C. (DESEC), el organismo empresarial más influyente de Chihuahua capital, con más de cinco décadas de historia y más de un centenar de empresarios asociados que representan a buena parte del músculo productivo de la región. Junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos empresariales, DESEC convoca cada proceso electoral a los llamados “Diálogos Ciudadanos”: foros de varios días en los que especialistas, cámaras, universidades y ciudadanos comunes presentan propuestas concretas en materia de desarrollo económico, agua, salud, infraestructura, seguridad pública y finanzas públicas. El resultado de ese ejercicio se condensa en un documento de decenas de iniciativas que, antes de que termine la campaña, los candidatos de todos los partidos se comprometen a firmar.
De la promesa de campaña al compromiso medible
La diferencia entre el Pacto y una promesa de campaña convencional está en lo que ocurre después de la elección. Quien gana no sólo firma un papel simbólico: se compromete a incorporar esas iniciativas a su plan municipal o estatal de desarrollo, y acepta que su cumplimiento se mida con indicadores de gestión públicos, año con año, en reuniones de seguimiento con el propio empresariado. Ese mecanismo de rendición de cuentas, sostenido durante más de diez años y con distintos signos políticos al frente tanto del Gobierno del Estado como del municipio de Chihuahua, es quizá el activo más valioso que ha producido esta alianza entre la iniciativa privada y la autoridad.
Jorge Cruz Camberos, actual presidente del Consejo de DESEC, lo ha resumido con una frase que circula entre los empresarios de la ciudad: el Pacto ha logrado terminar con las “ocurrencias” de los políticos en el plan de desarrollo de la ciudad. La idea de fondo es sencilla pero poderosa: en lugar de que cada nueva administración llegue a improvisar su propia agenda económica desde cero, el Pacto ofrece continuidad institucional, una especie de plan maestro construido entre varios actores que ningún gobierno, por más distinto que sea ideológicamente al anterior, tiene incentivos para desechar por completo.
Resultados que se pueden contar
El ejercicio de seguimiento más reciente, presentado en la séptima reunión de revisión del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027 ante la gobernadora Maru Campos y más de treinta empresarios y líderes de cámaras, arrojó un avance del 89.9 por ciento de cumplimiento respecto a la agenda pactada en 2021, con proyectos concretados en los 67 municipios del estado y organizados en tres ejes: Competitividad y Desarrollo, Bienestar Social, y Gobierno Eficaz y Eficiente. Voceros del propio gremio empresarial han señalado que la meta para el cierre de esta administración estatal se ubica entre el 92 y el 93 por ciento, una cifra que, de cumplirse, situaría a este ejercicio entre los más exitosos del país en materia de seguimiento ciudadano a compromisos de gobierno.
A nivel municipal, el Pacto por el Desarrollo y Bienestar de la Ciudad de Chihuahua —la versión local del mismo instrumento, también impulsada por DESEC— contempla 72 iniciativas o proyectos de política pública respaldados por más de 55 organizaciones de la sociedad civil y el sector productivo. De acuerdo con reportes del propio Ayuntamiento de la capital, ese documento registra un avance superior al 66 por ciento de los compromisos cumplidos, un porcentaje notable si se considera que incluye obras de infraestructura, mejoras en movilidad, fortalecimiento de la seguridad pública y proyectos de desarrollo urbano que normalmente requieren varios años para concretarse.
Reportes previos del propio sector empresarial documentan que, en el periodo 2016-2018, el cumplimiento de los compromisos llegó hasta el 86 por ciento, mientras que en el periodo 2018-2021 se alcanzó un 96 por ciento de cumplimiento en el ámbito municipal. La tendencia, lejos de debilitarse con los años, se ha consolidado: cada nueva administración hereda no solo el documento, sino la costumbre de medirse frente a él.
Obras y proyectos que se traducen en infraestructura
Una de las piezas más relevantes de este modelo es que buena parte de los compromisos pactados se traduce en infraestructura tangible: hospitales, vialidades, puentes y obra pública financiada, entre otras fuentes, con recursos del Impuesto Sobre Nómina. Para documentar con transparencia la entrega y recepción de esas obras, el propio liderazgo empresarial ha propuesto utilizar una Plataforma de Inteligencia y Competitividad (PICsp) que sistematiza el avance proyecto por proyecto, de manera que la ciudadanía y el sector productivo puedan verificar, con datos duros, en qué etapa se encuentra cada compromiso. Esa instancia técnica, dirigida en los últimos años por representantes como Ernesto Hermosillo, ha sido clave para que el seguimiento del Pacto deje de depender de la buena voluntad política y se convierta en un ejercicio de rendición de cuentas con cifras verificables.
Entre las prioridades marcadas para el tramo más reciente de esta administración destacan proyectos de movilidad urbana, el impulso a los índices de empleo formal, la ampliación de reservas territoriales para la industria y, de manera más reciente, una atención más decidida a temas de bienestar social y desarrollo humano, áreas que el propio gremio empresarial ha reconocido que requerían un mayor equilibrio frente al crecimiento puramente económico. Ese giro hacia lo social, impulsado en buena medida por el propio Consejo de DESEC, habla de un instrumento que se ha sabido actualizar sin perder su columna vertebral.
El telón de fondo: una economía que crece por encima del promedio nacional
El Pacto no opera en el vacío: coincide con un periodo en el que Chihuahua ha mostrado un desempeño económico notable frente al resto del país. De acuerdo con datos presentados por el propio Consejo de DESEC en su informe anual, el estado ha registrado un crecimiento del Producto Interno Bruto equivalente al doble o más del promedio nacional, con un cierre estimado de 3.9 por ciento para 2025; ocupa el primer lugar nacional en exportación de mercancías, el séptimo lugar en captación de inversión extranjera directa, el noveno en flujo de pasajeros aéreos y se ubica en el primer puesto entre las ciudades del país en calidad de vida. Ninguno de estos indicadores puede atribuirse de manera exclusiva al Pacto, pero sí es razonable sostener que un entorno de diálogo permanente entre gobierno y sector privado, con metas compartidas y seguimiento anual, ha contribuido a sostener la confianza de los inversionistas y la continuidad de los proyectos estratégicos de la entidad.
Una relación entre gobierno e iniciativa privada que se sostiene en el tiempo
Quizá el resultado más significativo del Pacto no se mide en porcentajes de cumplimiento, sino en la calidad del vínculo institucional que ha construido entre dos sectores que, en muchas otras regiones del país, conviven con desconfianza mutua. En Chihuahua, en cambio, gobernadores y alcaldes de distintos partidos han mantenido reuniones periódicas de seguimiento con representantes empresariales, en las que ambas partes reconocen abiertamente que el ejercicio implica flexibilidad y ajustes constantes. “Ha sido un reto darle seguimiento al Pacto, porque el estado cambia y tenemos que encontrar flexibilidad para ajustarnos a sus tiempos. Gracias a esto hemos encontrado lo más valioso que es el diálogo y la unidad”, han señalado representantes empresariales tras las reuniones de revisión más recientes, en las que han participado funcionarios de las secretarías de Gobierno, Hacienda, Turismo, Comunicaciones y Obras Públicas, Trabajo, e Innovación y Desarrollo Económico del estado.
Ese diálogo no se agota en una sola reunión anual. De acuerdo con representantes de DESEC, el Pacto se revisa de manera parcial cada seis meses, lo que permite ajustar prioridades sobre la marcha sin esperar a que termine la administración para detectar rezagos. Entre los temas que el propio sector empresarial ha identificado como pendientes en revisiones recientes se encuentran la salud preventiva y la vialidad, particularmente en la capital del estado, lo que demuestra que el ejercicio no se limita a presumir logros, sino que también sirve como mecanismo de autocrítica y ajuste de rumbo.
DESEC, el organismo que sostiene el modelo
Detrás de la continuidad del Pacto está la estructura de DESEC, un organismo que este año celebra más de cinco décadas de existencia y que agrupa a poco más de un centenar de los principales empresarios de la capital chihuahuense. Su fortaleza, según ha reconocido el propio Ayuntamiento de Chihuahua, radica en haber logrado combinar experiencia y relevo generacional dentro de sus órganos directivos, algo que no siempre ocurre con la misma fluidez en instituciones públicas o partidos políticos. Esa mezcla de liderazgo consolidado y nuevas generaciones al frente de las vicepresidencias del Consejo ha permitido que el organismo mantenga su capacidad de convocatoria y de interlocución con cada nueva administración, sin importar el signo político que la encabece.
Un modelo que mira hacia 2027
Con la vista puesta en el cierre de la actual administración estatal y en el siguiente ciclo de Diálogos Ciudadanos rumbo a 2027, DESEC ya trabaja en incorporar nuevos componentes al Pacto, entre ellos un banco de proyectos de infraestructura que permita que cada gobierno entrante construya sobre lo ya avanzado, en lugar de partir de cero. La intención declarada por el propio liderazgo empresarial es clara: que el siguiente gobierno estatal pueda tomar como punto de partida lo que ya está documentado y validado, y no retroceder en los avances logrados durante más de una década de seguimiento conjunto.
A más de diez años de su primera firma, el Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad se ha convertido en una referencia obligada para entender por qué Chihuahua ha logrado sostener proyectos de infraestructura, atraer inversión y construir una relación de trabajo razonablemente estable entre gobierno e iniciativa privada, incluso en medio de la alternancia política. No se trata de un instrumento perfecto —los propios empresarios reconocen rezagos en temas como salud preventiva o vialidad—, pero su sola permanencia, su capacidad de adaptarse a distintos gobiernos y su insistencia en medir resultados con cifras públicas lo convierten en uno de los ejercicios de planeación de largo plazo más sólidos del país a nivel estatal y municipal.
Una lección replicable para otras regiones
El caso chihuahuense ofrece, además, una lección de método que otras ciudades del país podrían replicar. No se trata simplemente de que el sector empresarial presione a los gobernantes en turno, sino de que exista, desde antes de la elección, un proceso ordenado de construcción de propuestas con participación de cámaras, universidades, organizaciones civiles y especialistas técnicos, capaz de traducirse en compromisos verificables y no en discursos de campaña sin seguimiento posterior. La clave, según reconocen quienes han estado al frente del proceso, no está únicamente en la firma inicial —ese momento mediático en el que candidatos de todos los partidos posan junto a los líderes empresariales— sino en la disciplina de revisar avances cada seis meses, publicar porcentajes de cumplimiento y aceptar, con la misma transparencia, tanto los logros como los pendientes.
Para Referente.mx, que ha dado seguimiento puntual a los informes anuales de DESEC y a las reuniones de revisión del Pacto, el balance de esta estrategia resulta, en términos generales, positivo. Una ciudad que crece por encima del promedio nacional, que atrae inversión, que sostiene un diálogo institucional entre gobierno y empresarios a lo largo de gobiernos de distinto signo, y que además se atreve a medir sus propios compromisos en público, ofrece un ejemplo poco común en el panorama político mexicano. El reto, de cara a 2027, será mantener ese mismo nivel de exigencia y de transparencia, ampliar la agenda hacia los pendientes sociales que el propio sector empresarial ha identificado, y asegurar que el siguiente relevo en el gobierno estatal y municipal entienda al Pacto no como un trámite protocolario de inicio de sexenio, sino como la herramienta que ha dado a Chihuahua continuidad, certidumbre y resultados medibles durante más de una década.
