Por Martín Zermeño
Búfalo, Kiki Camarena y la DEA
Aquella mañana del 9 de febrero de 1985, cuando el cuerpo de Enrique Camarena fue encontrado en el estado de Michoacán, la historia del combate al narcotráfico en América del Norte cambió para siempre. El Kiki, como lo llamaban sus colegas, se convirtió en el primer agente de la DEA asesinado en el ejercicio de sus funciones, y su muerte desató la crisis diplomática más grave entre México y Estados Unidos en la historia reciente.
Camarena nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali, Baja California. A los nueve años cruzó la frontera junto a su familia para establecerse en Calexico, California. En 1974 ingresó como agente especial a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y siete años después, en 1981, fue destacado a Guadalajara con una misión específica: desmantelar las rutas de marihuana y cocaína que abastecían el mercado estadounidense.
La capital jalisciense vivía entonces un auge sin precedentes. Los principales cárteles mexicanos habían sellado alianzas estratégicas con sus contrapartes colombianas para traficar cocaína, una mercancía que ocupaba un espacio mínimo y multiplicaba las ganancias de manera exponencial. Guadalajara se transformó en el corazón financiero y operativo del narcotráfico nacional. El dinero fluía a través de grandes empresarios, firmas constructoras, agencias automotrices, comercios y bancos. Ese fue el escenario que encontraron Camarena y su equipo al pisar la ciudad.
La misión que selló su destino
Kiki era un agente de perfil bajo, pero de inteligencia excepcional. Quienes lo conocieron en aquella época aseguran que logró aproximarse a los principales capos del Cártel de Guadalajara, entre ellos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”. No queda claro si los jefes supieron desde el principio que se trataba de un agente infiltrado, pero la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que la orden de asesinarlo fue dictada en represalia por su labor de inteligencia.
Camarena había decidido sobrevolar el norte del país para dimensionar el negocio desde el aire. Junto al piloto Alfredo Zavala, sobrevoló en avioneta el desierto chihuahuense hasta descubrir, en medio de la aridez, una extensión verde imposible de ignorar: casi mil hectáreas de marihuana cultivada con precisión industrial, valoradas en unos ocho mil millones de dólares en el mercado estadounidense de la época.
En noviembre de 1984, cuatrocientos cincuenta soldados irrumpieron en el rancho conocido como El Búfalo, en el estado de Chihuahua, y destruyeron la operación. Meses después, cuando Camarena salía del consulado estadounidense en Guadalajara para almorzar con su esposa, cinco hombres lo sometieron y lo introdujeron a la fuerza en un automóvil. Fue trasladado a una casa clandestina, torturado durante horas y posteriormente asesinado. Su cuerpo y el de Alfredo Zavala aparecieron cuatro semanas después, envueltos en bolsas en una camioneta abandonada en Michoacán.
La red de complicidades
La investigación posterior reveló algo más perturbador que el propio crimen: una extensa red de protección al Cártel de Guadalajara que involucraba jefes policiales, mandos militares y funcionarios de alto nivel. La línea de complicidades ascendía hasta los círculos presidenciales, específicamente al cuñado del entonces presidente Luis Echeverría. Para mayor escándalo, se supo que Caro Quintero y otros líderes del cártel portaban credenciales de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la principal agencia de inteligencia del país. El propio rancho El Búfalo era resguardado por Rafael Aguilar Guajardo, comandante de la Policía Judicial Federal, quien años más tarde fundaría el Cártel de Juárez.
Rafael Caro Quintero fue condenado por el asesinato de Camarena, pero en 2013 recobró la libertad mediante un tecnicismo legal. La DEA ofreció entonces una recompensa de 20 millones de dólares por información que condujera a su recaptura. Nueve años después, en julio de 2022, fue detenido nuevamente en territorio mexicano y solicitada su extradición a Estados Unidos.
“El Kiki personalizó lo mejor de la DEA; era un agente tenaz que persiguió sin descanso a los cárteles de la droga en México”, escribió Anne Milgram, titular de la agencia, al comunicar a sus trabajadores la recaptura. “Kiki es un héroe”, subrayó la funcionaria. Para la DEA, aquella deuda histórica tardó décadas en cobrarse.
Triángulo Dorado, Oseguera-Méndez y la CIA
El accidente registrado en el llamado Triángulo Dorado de la sierra de Chihuahua, que cobró la vida de dos agentes de la CIA, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y del agente de la misma corporación, Manuel Genaro Méndez Montes, no es únicamente una tragedia humana. Es, ante todo, la evidencia de una violación flagrante de Estados Unidos a los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad, y un síntoma de la profunda crisis de credibilidad que hoy padece el gobierno federal.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 19 de abril, sobre una carretera de terracería en la Sierra Tarahumara. Los fallecidos regresaban de un operativo encabezado por la AEI en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. El convoy estaba formado por cinco vehículos. Al frente iba un Rhino blindado, utilizado en operaciones especiales, que avanzaba a alta velocidad por los sinuosos caminos de montaña. Al llegar a una curva pronunciada, el Rhino dobló, pero el segundo vehículo del convoy, en medio de la oscuridad y la polvareda, continuó de frente y se precipitó por la ladera, incendiándose de inmediato.
Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI, un agente de la corporación y un agente de la CIA salieron expulsados del automóvil en el impacto. El cuerpo de un cuarto ocupante quedó atrapado dentro del vehículo en llamas y fue consumido por el fuego. En el tercer vehículo del convoy viajaba el responsable de la operación y otro agente de la CIA. En total, cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos participaban en ese convoy.
La operación que nadie debía ver
El objetivo del operativo era el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo. Tras el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, hace casi dos años, varios laboratorios de este tipo se desplazaron desde Sinaloa hacia la Tarahumara. El laboratorio en cuestión era operado por Óscar Manuel Gastélum Iribe, cabeza de la organización criminal conocida como Los Músicos, célula que perteneció al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y que se alió con Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. El Guano es actualmente la figura visible en la guerra fratricida que Los Chapitos libran contra Los Mayitos por el control del territorio serrano.
El narcolaboratorio desmantelado en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, reveló la magnitud de la infraestructura dedicada a la producción de drogas sintéticas. De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, se localizaron dos laboratorios y un campamento con víveres, además de decenas de tambos, hornos y cilindros de gas conectados.
Entre los hallazgos destacan 19 tambos de mil litros, 61 cilindros de gas, calderas, condensadores y depósitos con materiales químicos como acetona.
En un primer campamento y laboratorio se localizó:19 tambos de mil litros, 2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”, 17 contenedores de mil litros, 1 baño, 2 contenedores de agua, 14 depósitos con acetona, 14 contenedores con un material blanco, 16 contenedores con un material color negro, 15 hornos, 7 depósitos donde se conectan por medio de mangueras los hornos, 10 depósitos chicos, 61 cilindros de gas conectados, 42 cilindros de gas, 4 depósitos de un material negro, un montón de costales con material blanco sin leyendas, 33 de contenedores de mil litros.
En el segundo laboratorio, se localizaron: 1 depósito de costales con material color blanco.
Fuentes consultadas confirman que los agentes de la CIA participaron, a lo largo de 2026, en al menos tres operativos en Chihuahua. El primero, en febrero, se realizó en Ojinaga contra integrantes del grupo Los Menchaca, cuyo líder, Sergio Menchaca, actualmente preso, fundó La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Los Menchaca están hoy aliados con Los Cabrera, quienes combaten junto a Los Mayitos y operan principalmente en Durango.
El segundo operativo tuvo lugar en los primeros días de marzo, en la comunidad de Santa Bárbara, a 36 kilómetros al sur de Parral, donde se buscaba detener a integrantes del grupo Los Salgueiro. Su fundador, Noel Salgueiro Nevárez, detenido hace quince años, creó Gente Nueva, célula hoy alineada con Los Chapitos y también en la lista de buscados por Estados Unidos.
La tercera y trágica operación arrancó el viernes 17 de abril, cuando agentes de la CIA desplegaron drones sobre El Pinal para recolectar inteligencia y planificar el desmantelamiento del narcolaboratorio. Varios de los agentes eran de origen mexicano-estadounidense, vestían uniformes tácticos de la AEI y cubrían el rostro con balaclavas. La cobertura era tan efectiva que los elementos del Ejército Mexicano que brindaban seguridad perimetral difícilmente habrían podido identificar a ciudadanos extranjeros entre el personal uniformado.
La violación jurídica y sus consecuencias políticas
Lo que estas operaciones revelan es una transgresión directa a la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2020. Dicha ley prohíbe expresamente que agentes extranjeros operen en territorio nacional sin el conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana. Establece, además, que cualquier autoridad de los tres Poderes de la Unión que tenga contacto con agentes foráneos debe contar con autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad e informarle de cualquier reunión, comunicación o interacción.
Los cuatro agentes de la CIA que viajaban en el convoy llevaban tiempo operando en la región noreste del estado. El responsable de campo era el jefe de operaciones de la oficina que la CIA mantiene dentro del consulado estadounidense en Monterrey.
Washington ha guardado una prudencia calculada ante el incidente, pero es prácticamente inevitable que, en los próximos días, los agentes caídos reciban el reconocimiento póstumo que la CIA otorga a sus muertos en acción en el cuartel general de Langley, Virginia. Ese homenaje oficial equivale a una confirmación institucional de que la operación era conocida y autorizada por Washington.
El gobierno de Chihuahua, por su parte, contrató a una agencia especializada en manejo de crisis para gestionar este caso que tensó las relaciones diplomáticas bilaterales en un momento especialmente delicado: las negociaciones del T-MEC están sobre la mesa y cualquier escándalo de esta naturaleza tiene el potencial de complicar las conversaciones. La gobernadora Maru Campos creó la Unidad Especializada para investigar tanto el operativo de destrucción de los laboratorios como el accidente en que murieron dos agentes estatales y dos de la CIA. La conducción de esta nueva unidad recayó en la Fiscal de la Mujer, Wendy Paola Chávez Villanueva. Los días que vienen dirán quién asume las consecuencias políticas de un error que no debió ocurrir.
Héctor Espino, el superman de Chihuahua, tiene por fin su estadio
La justicia deportiva tiene sus propios tiempos, y a veces llega tarde. Pero llega. El pasado fin de semana, el Estadio Monumental Chihuahua dejó atrás su nombre genérico para convertirse oficialmente en el Estadio Héctor Espino, en honor a la figura más grande que el béisbol mexicano ha producido. Chihuahua le debe este reconocimiento desde hace décadas.
La hoja de servicios del Superman habla por sí sola: cuatro campeonatos de bateo en la Liga Mexicana, tres de ellos consecutivos entre 1966 y 1968; el título no oficial de mejor jugador en la historia del béisbol mexicano; y, sobre todo, el récord de jonrones en ligas menores de México que permanece intacto, con 484 cuadrangulares en total, 28 de ellos en el circuito nacional y tres más conectados durante su paso por Jacksonville, en la organización de los Medias Rojas de Boston.
Recuerdo que, en Nueva York, alguna vez visité el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol, que conserva más de 40,000 artefactos y 3 millones de artículos, honrando la historia del deporte con exposiciones sobre sus orígenes, béisbol latino y leyendas. En él, está un cuadro con los dibujos de los rostros de Barry Bonds quien ostenta el récord histórico de más jonrones en las Grandes Ligas (MLB) con 762, seguido por Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y el Superman Héctor Espino (484).
El cambio de nombre al estadio busca preservar el legado del Superman, rendir homenaje a un ciudadano ejemplar e inspirar a las nuevas generaciones de atletas chihuahuenses. En el acto protocolario estuvieron presentes Hugo Gutiérrez, secretario de Educación y Deporte; Teporaca Romero, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física; Juan Abdo, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; la diputada Carla Rivas; Anwar Elías, presidente de Dorados LMB; y la familia Espino, encabezada por el hijo del legendario beisbolista, quien lleva el mismo nombre que su padre.
Este reconocimiento tiene un antecedente legislativo concreto. En 2025, la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Gobierno del Estado para modificar formalmente el nombre del estadio, reconociendo a Héctor Espino como el chihuahuense más brillante en la historia del béisbol.
Una palomita bien merecida para la diputada Carla Rivas, quien llevó a buen puerto una gestión que llevaba décadas atrapada en los escritorios de la burocracia deportiva. Con este tributo, Chihuahua cierra una deuda pendiente con su leyenda más grande en el rey de los deportes.
