Chihuahua en pie, el narcogobierno al descubierto y la respuesta de Sheinbaum
Por Martín Zermeño
El sábado que sacudió a México
Chihuahua volvió a ser el epicentro de la resistencia democrática en México. Este sábado, ante miles de ciudadanos, la gobernadora María Eugenía Campos Galván recibió el respaldo de diputados locales y federales, senadores, alcaldes, líderes panistas, y dos ex presidentes de la república: Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada. No fue un acto de partido. Fue una declaración de principios.
En el clímax de su discurso, Campos fue directa y sin eufemismos: “México recordará que el fin del régimen empezó en Chihuahua, aquí, con miles de almas valientes y libres. Vamos a dar la lucha, como lo hicimos con las invasiones extranjeras y el “verano caliente de 1985”, y cómo lo haremos hoy frente a este narcogobierno.” La palabra no fue fortuita. “Narcogobierno” cargó todo el peso de una denuncia que muchos pronuncian en voz baja y pocos se atreven a gritar en público.
Antes, acompañada de simpatizantes, Maru gritó “fuera Morena”. Fox y Calderón se sumaron con el mismo mensaje: Chihuahua no se rendirá y Morena no llegará a gobernar ese estado. El acto deja pocas dudas: la gobernadora ya no solo administra una entidad federativa; encabeza una causa nacional.
El narcogobierno que ella nombra: Sinaloa y los Chapitos
La acusación de Campos no surge del vacío. Apunta directamente a la figura del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por sus presuntos nexos con el Cártel de los Chapitos, la facción del crimen organizado que opera bajo el legado del Chapo Guzmán. Mientras las instituciones federales citan a Campos a declarar como “testigo” en el llamado “caso CIA Vanguardia” —un operativo de inteligencia en la Sierra Tarahumara que involucró agentes estadounidenses—, Rocha Moya con licencia en su cargo, sigue sin que la Fiscalía General de la República mueva un solo expediente en su contra.
Campos lo dijo con precisión quirúrgica: se le presiona con todo el peso institucional, mientras funcionarios sinaloenses señalados por Washington gozan de impunidad absoluta. No es un error de enfoque. Es un doble rasero que revela quién protege a quién y, sobre todo, quién le debe qué a quién.
Un gobierno que persigue a sus adversarios con la misma intensidad con que protege a sus aliados vinculados al crimen organizado no está cometiendo un error de administración pública: está ejecutando una decisión política. Llamarla por su nombre no es demagogia. Es periodismo.
Sheinbaum responde: ni intervención ni complicidad
Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de la creciente presión, tanto interna como internacional. Con tono firme, afirmó que México no permitirá el intervencionismo de países extranjeros en sus procesos electorales ni en materias de seguridad nacional. El mensaje fue claro: la soberanía no se negocia.
Es una posición que, en principio, ningún ciudadano sensato podría objetar. La no intervención es un pilar del derecho internacional y una premisa histórica de la política exterior mexicana. Pero la soberanía tiene un requisito indispensable: que el Estado sea efectivamente soberano dentro de su propio territorio. Y ahí es donde el argumento se erosiona.
Un gobierno que tolera o encubre la cooptación de sus propias estructuras por parte del crimen organizado no puede invocar la soberanía como escudo. Porque la soberanía rota desde adentro —desde el pacto no escrito entre funcionarios y carteles— es la soberanía más vulnerable de todas. Y la que más daño le hace al ciudadano de a pie.
El verano que ya vivimos: memoria larga y lecciones vigentes
Quien tenga memoria larga reconocerá el paisaje. En el verano de 1985, Chihuahua fue escenario de una de las resistencias cívicas más significativas del México moderno. Luis H. Álvarez y Francisco Barrio encabezaron movilizaciones sin precedente: la toma de puentes internacionales, el bloqueo de carreteras, huelgas de hambre, la resistencia civil pacífica frente al fraude sistemático del PRI. El régimen los llamó “los bárbaros del norte”. Los chihuahuenses los llamaron valientes.
Aquella generación aprendió que la legitimidad no se negocia con quien la niega: se construye en la calle, en la comunidad, en la conciencia colectiva. El “verano caliente” no derrotó al PRI de inmediato, pero plantó la semilla de lo que vino quince años después: la alternancia histórica de 2000, cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos. No fue un accidente. Fue la culminación de décadas de resistencia, de las que Chihuahua fue protagonista fundacional.
Hoy el mapa político se ha reorganizado, pero la lógica del poder hegemónico es la misma. Morena ha reproducido, con novedades tecnológicas y narrativas actualizadas, el mismo manual que el PRI usó por décadas: la narrativa del pueblo virtuoso contra la élite corrupta, la captura institucional, la criminalización del adversario. No es ideología. Es una tecnología política cuyos resultados, de Venezuela a Nicaragua, son predecibles.
La rebelión silenciosa y el símbolo Maru
Maru Campos no es solo la gobernadora de Chihuahua. Es, cada vez más, la expresión de una clase media mexicana harta: la que paga impuestos, contrata seguridad porque el Estado no se la garantiza y educa a sus hijos en escuelas privadas porque las públicas se deterioran. Esa clase media ha comenzado a articular su descontento con una precisión que los medidores de rating político no siempre capturan.
La persecución institucional contra Campos —si es que así hay que llamarla— no la ha debilitado. La ha proyectado. En política, como en física, toda acción genera una reacción. Y la reacción de Chihuahua ante el acoso federal tiene la textura y la temperatura del “verano caliente” de 1985.
El acto del sábado deja abierta una pregunta que cada vez más analistas se atreven a formular: ¿está Maru Campos construyendo el camino hacia una candidatura presidencial? Su figura ha trascendido fronteras estatales. La persecución la ha dotado de un capital simbólico que ningún operador de imagen podría fabricar. Y Chihuahua, una vez más, podría estar escribiendo el primer capítulo de una historia que se cerrará en otra parte.
El momento que viene
La historia de Chihuahua es, en cierta medida, la historia del México que se resiste a rendirse. De Pancho Barrio en los puentes del Bravo a Maru Campos en las oficinas de la FGR, hay cuarenta años de trayectoria democrática. No es una línea recta ni una narrativa de héroes sin sombra; es la historia compleja y contradictoria de una sociedad que aprendió, a golpes, que la democracia no se hereda: se defiende.
El populismo sobrevive mientras logra convencer a suficiente gente de que sus enemigos son los responsables de sus males. Cuando esa convicción se erosiona —cuando la economía se contrae, las calificadoras degradan, las instituciones se usan con doble rasero visible y los nexos con el narco ya no pueden ocultarse—, el ciclo empieza a cerrarse.
La presidenta Sheinbaum puede hablar de soberanía. Maru Campos puede hablar de resistencia. Pero ambas saben que la conversación de fondo —la que realmente importa— es la que ocurre en las colonias, en las empresas medianas que no consiguen crédito, en las familias que no pueden salir de noche por inseguridad. Esa conversación la está perdiendo el gobierno federal. Y Chihuahua, una vez más, lo sabe.
El populismo tiene sus costos. Y los paga siempre quien menos puede permitírselo. Chihuahua ya vivió ese ciclo una vez. Sabe cómo termina.
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