Por Martín Zermeño
El 27 de marzo de 1999, Mario Villanueva Madrid se convirtió en prófugo de la justicia nueve días antes de concluir su mandato como gobernador de Quintana Roo, cargo que debía entregarle a su sucesor el 5 de abril de ese año. Con esa fuga, México inauguró uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente: el de un gobernador en funciones que abandonó el poder para evadir a la justicia por sus vínculos con el crimen organizado.
Villanueva Madrid es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y realizó estudios en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez (1963-1968). En 1990 fue electo presidente municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún. Un año después, en 1991, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo postuló como senador por Quintana Roo. En 1993 fue ungido candidato a gobernador y resultó electo para el periodo 1993-1999.
Durante su administración, las investigaciones federales lo vincularon con el Cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado Carrillo Fuentes, hasta la muerte de éste en 1997. A partir de entonces, Villanueva mantuvo estrechos vínculos con Ramón Alcides Magaña, alias “El Metro”, uno de los principales operadores de esa organización criminal en el Sureste mexicano.
Una investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reveló que Villanueva Madrid recibió entre 400,000 y 500,000 dólares por facilitar el tránsito de cargamentos de cocaína a través de Quintana Roo. El Ministerio Público Federal documentó que el gobernador acumuló una fortuna de origen inexplicable entre 1994 y 1999, misma que distribuyó en cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza, Panamá y Bahamas. La complicidad con el narco, según las autoridades, se prolongó al menos cinco años.
El contexto era el del llamado “Maxi Proceso” impulsado en 1998 por el presidente Ernesto Zedillo: la mayor operación judicial de esa época en México, que expuso una red de más de 100 funcionarios públicos y narcotraficantes al servicio del Cártel de Juárez. Sin embargo, la mayoría de los implicados terminaron absueltos o murieron antes de ser juzgados. A la fecha de esta columna, solo tres permanecen procesados: Arturo Hernández Barrón, alias “El Chacky”; Alcides Ramón Magaña, “El Metro”; y el propio Mario Villanueva Madrid.
En aquella época, Quintana Roo era el feudo de Alcides Magaña para el trasiego de cocaína colombiana hacia Estados Unidos, de la misma manera que antes lo había sido de Amado Carrillo Fuentes y de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”. La DEA y la PGR habían documentado un esquema de protección gubernamental para facilitar el arribo de esos cargamentos.
Villanueva Madrid estaba bajo vigilancia desde antes. El plan federal era aprehenderlo el 5 de abril de 1999, el día siguiente a la entrega del poder a Joaquín Hendricks Díaz, cuando su fuero constitucional habría cesado. Pero el control que el propio gobernador ejercía sobre las fuerzas de seguridad estatales le permitió conocer el operativo con anticipación. Entonces tomó la decisión de fugarse, nueve días antes de concluir su mandato.
Su huida duró dos años. En mayo de 2001 fue detenido en Cancún por efectivos de la PGR y del Ejército mexicano. Fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se le abrió proceso penal por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, en las modalidades de introducción, transportación y extracción de narcóticos.
La ruta del dinero: de Lehman Brothers a Nassau
El 28 de marzo de 2010, la revista Contralínea publicó una investigación del periodista José Réyez que reconstruyó el circuito financiero utilizado por Villanueva Madrid para ocultar millones de dólares de origen ilícito en el sistema financiero internacional.
Las cuentas estaban en beneficio de Mario y de su hermano Luis Ernesto Villanueva. Para blindar su origen, contaron con la asesoría de Consuelo Márquez, representante registrada de Serfin Securities y de la firma de inversiones Lehman Brothers, quien coordinó la apertura de cuentas offshore utilizando identidades ficticias: Carlos Patiño, Brígida Patiño y Felipe Patiño, entre otras. Márquez también abrió una cuenta en Banamex Inc., en Nueva York, a nombre de Lehman Brothers Private Clients Services, sin conocimiento formal de la institución, y otra a nombre del Bank One Investment Management and Trust Group.
El esquema funcionaba como una cadena: los recursos provenientes del narcotráfico entraban a través de Lehman Brothers y se transferían a la cuenta de Banamex, luego a la cuenta de Felipe Patiño —abierta días después de la fuga del gobernador— y finalmente a destinos como Nassau, Bahamas, y una cuenta a nombre de Intercontinental Asset Management en San Antonio, Texas. La sofisticación del mecanismo revela que detrás de Villanueva no solo había una red criminal, sino también una red financiera de alcance transnacional.
Once gobernadores en el banquillo: el mapa de la impunidad
Villanueva Madrid no fue un caso aislado. Del año 2000 a la fecha, al menos once exgobernadores han sido señalados por delitos vinculados al narcotráfico o al desvío ilegal de recursos públicos. La lista es un retrato de la captura institucional del crimen organizado en México a lo largo de más de dos décadas:
Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), Jesús Reyna García (Michoacán), Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas), Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), César Duarte Jáquez (Chihuahua), Guillermo Padrés Elías (Sonora), Andrés Granier Melo (Tabasco), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) y Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León).
La mayoría de estos casos tienen un patrón en común: el desvío de fondos públicos y la entrega del aparato de seguridad estatal al crimen organizado como moneda de cambio para sostener el poder político. Algunos fueron extraditados a Estados Unidos; otros siguen en prisión preventiva en México; unos más permanecen en libertad bajo fianzas o beneficios procesales.
Empieza Estados Unidos la cacería de narco-políticas y narco-empresarios
Lo que durante años fue una amenaza velada ahora tiene nombre y apellido. En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos ha dado pasos concretos para formalizar acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. La columna de la semana pasada anticipó parte de esta historia; esta semana, los hechos la confirman y la amplían.
Fuentes estadounidenses han revelado la existencia de una lista de al menos 54 políticos y funcionarios mexicanos bajo investigación. Una parte significativa de ellos están relacionados con el llamado “huachicol fiscal”: el robo y contrabando de gasolinas estadounidenses hacia México, actividad que se ha convertido en una fuente de financiamiento de campañas políticas vinculada al crimen organizado. El empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado recientemente, aparece en expedientes del Departamento de Justicia como financiador de campañas de Morena con recursos provenientes del huachicol y del Cártel de Sinaloa.
Entre los gobernadores bajo la lupa figuran los de Baja California, Sonora, Michoacán, Campeche, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Nuevo León, así como el ex gobernador de Jalisco. También aparecen en la lista el secretario de Educación del gobierno federal; la directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y su esposo; el líder de Morena en la Cámara de Diputados; el exlíder en el Senado; al menos cuatro generales y militares de alto rango que ejercieron labores de inteligencia; y el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), actualmente retirado, quien sigue siendo vinculado al caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
A nivel municipal, el Departamento de Estado identificó a alcaldes de Matamoros, Río Bravo, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Altamira, así como al secretario de Gobierno de Tamaulipas.
El caso Sinaloa: cargos formales con nombres y apellidos
El caso más explosivo de la semana fue la acusación formal presentada por Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El documento, hecho público por el Departamento de Justicia, detalla una conspiración para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos millonarios.
Los cargos presentados por Clayton y por Terrance C. Cole, director de la Agencia Antidrogas (DEA) —señalado como el principal operador de la cruzada antinarco del presidente Donald Trump— incluyen: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para la posesión de dichas armas. Los delitos conllevan una pena mínima de 40 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.
Cole señaló que Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa en 2021 con el respaldo de Los Chapitos —la facción heredera de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, quienes habrían intimidado y secuestrado a rivales políticos para asegurar su victoria. A cambio, Rocha se reunió con ellos y les prometió protección institucional.
Los acusados junto al gobernador enfrentan los mismos cargos y penas. Solo Juan Valenzuela Milán, excomandante de la policía municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por participar en el secuestro y homicidio de un agente de la DEA.
La lista completa de funcionarios sinaloenses acusados incluye al senador morenista Enrique Inzunza Zazueta —también exsecretario general del gobierno de Sinaloa—; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra, quien según la DEA recibía 11,000 dólares mensuales por alertar al Cártel sobre operativos coordinados con Estados Unidos; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector policial José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el mencionado Juan Valenzuela Milán, quien cobraba 1,600 dólares mensuales por poner a sus agentes al servicio del Cártel para arrestos, secuestros y asesinatos.
La acusación describe con precisión cómo las fuerzas de seguridad recibían órdenes directas de políticos y fiscales para proteger a los líderes del Cártel de ser investigados, arrestados o enjuiciados, y cómo se les proporcionaba información estratégica del Ejército mexicano y de las operaciones conjuntas con la DEA para facilitar el tráfico de drogas.
Lo que fue durante décadas la historia de un gobernador prófugo —Mario Villanueva— es hoy la historia de un sistema. La diferencia es que ahora Estados Unidos está dispuesto a nombrar a los narco políticos y a los narco empresarios y parece que la ruta llega hasta Palenque.
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